Los técnicos de Hacienda reclaman más responsabilidad penal para las empresas ante la corrupción 

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado el endurecimiento de las penas ante la corrupción, el refuerzo de la responsabilidad penal de las empresas y la vinculación de beneficios penitenciarios a la reparación del daño económico, tras analizar las medidas para combatir la corrupción recogidas en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública aprobado este martes.

Gestha ha destacado la exigencia a organismos y entidades de contar con un sistema de cumplimiento o de integridad, así como el endurecimiento de las multas de los cinco a los diez años a las empresas condenadas por corrupción, la prohibición de contratar con el sector público que será automática pasando de un máximo de 15 a 20 años, y se incluirá en un registro público y accesible.

En particular, con el proyecto de ley las multas a empresas por cohecho se duplican, las penas del tráfico de influencias pasan de 1 a 4 años de condena con prohibición de contratación pública hasta 10 años, y se crean dos nuevos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando afecte a investigaciones de corrupción, según Europa Press.

También se exigirá una auditoría externa a los partidos políticos y sus fundaciones que perciban más de 50.000 euros en fondos públicos, y se reduce drásticamente el umbral para publicar las donaciones, pasando de los 25.000 euros actuales a 2.500 euros.

No obstante, Gestha ha reclamado equiparar las nuevas penas por cohecho a las empresas condenadas por corrupción en transacciones internacionales, extender la prohibición de contratar con el sector público a delitos de prevaricación administrativa o el fraude de funcionarios.