El sindicato policial JUPOL ha exigido este sábado una rectificación al magistrado Juan Carlos Peinado después de que, en el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez, planteara la posibilidad de que los agentes encargados de la seguridad de la esposa del presidente del Gobierno pudieran colaborar en una hipotética fuga para eludir la acción de la Justicia.
La organización considera que las manifestaciones contenidas en la resolución judicial suponen una acusación sin fundamento contra miembros de la Policía Nacional y, en particular, contra los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno.
A estas demandas también se ha unido el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que ha emitido un contundente comunicado en el que rechaza de forma absoluta cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad, integridad y lealtad institucional de los agentes adscritos a las unidades de protección de autoridades.
Ante las preocupantes hipótesis que sugieren una posible colaboración policial en contra de lo que dicta la ley, la organización sindical ha dejado claro que los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a acatar órdenes supuestamente jerárquicas que actúen contra la Justicia. Además, el SUP recuerda que su labor se rige estrictamente por la neutralidad política e imparcialidad, dejando claro que el cuerpo no representa ningún riesgo, sino que constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho frente a las afirmaciones genéricas que intentan erosionar la confianza de la sociedad.
La polémica surge en el apartado dedicado a las medidas cautelares acordadas por el juez instructor. En el auto, Peinado analiza el riesgo de fuga de las acusadas para justificar la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Al abordar uno de los argumentos planteados por la defensa de Begoña Gómez, el magistrado señala que el hecho de que la esposa del presidente del Gobierno esté permanentemente acompañada por escoltas policiales no elimina por sí mismo dicho riesgo.
La polémica frase del juez Peinado sobre la escolta
“Se alega, por el letrado de la acusada, María Begoña Gómez Fernández, que al ser una persona que, dada su condición de esposa del actual presidente del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado”, recoge la resolución del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Sin embargo, el juez añade que “lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”.
La referencia ha provocado una inmediata reacción de JUPOL y SUP, que han difundido dos comunicados en el que rechaza de forma contundente esa hipótesis. “Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga”, afirma el sindicato de JUPOL.
Justificación de la retirada del pasaporte
La organización recuerda que los profesionales encargados de la protección de autoridades desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley y actúan “en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”. A juicio de JUPOL, las palabras incluidas en el auto judicial “carecen de fundamento” y proyectan una sospecha injustificada sobre funcionarios públicos que desarrollan una labor especialmente sensible dentro del sistema de seguridad del Estado.
Las referencias del magistrado forman parte de la argumentación utilizada para acordar medidas cautelares personales sobre Begoña Gómez y Cristina Álvarez. En el auto, Peinado sostiene que la gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones populares podría generar un riesgo de sustracción a la acción de la Justicia.
El instructor recuerda que las acusadas se enfrentan a presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y argumenta que, en determinados escenarios de condena, las penas podrían superar los dos años de prisión. Según razona, esa circunstancia justificaría la adopción de medidas destinadas a evitar una eventual huida.
Silencio en el Ministerio del Interior
El juez también apunta que la protección policial derivada de la condición de esposa del presidente del Gobierno es una situación “efímera” y “transitoria”, por lo que considera que no puede descartarse el riesgo de fuga únicamente por la existencia de escoltas. Asimismo, extiende esa valoración a Cristina Álvarez por su estrecha vinculación con Gómez.
La reacción de JUPOL y SUP se produce pocas horas después de conocerse el contenido íntegro de la resolución judicial y añade un nuevo frente de controversia al procedimiento. El sindicato policial ha querido centrar su crítica exclusivamente en la referencia realizada a los agentes de seguridad, al entender que cuestiona de forma genérica la integridad y profesionalidad de funcionarios que desempeñan su trabajo bajo mandato legal y control judicial.
Por el momento, ni el juzgado ni el Ministerio del Interior se han pronunciado sobre la petición de rectificación formulada por la organización policial.
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