El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para diferenciar el voto por correo en urnas separadas mediante una reforma de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral. Se busca escrutar el voto una vez concluidas las elecciones en depósitos independientes que reflejen el resultado concreto para dotar de mayores garantías, dicen los de Santiago Abascal, las próximas elecciones generales. Insisten en agitar las dudas sobre las garantías del sistema actual, vinculando el asunto con el momento político que vive Pedro Sánchez y la izquierda, o con algunas políticas de inmigración que a juicio de los ultraconservadores va destinado a "alterar el censo electoral" como la Ley de Nietos. Creen que el PSOE "está desesperado" en estos momentos y es "capaz de todo".
A ello se refirió la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una intervención previa a la reunión de la junta de portavoces. "Si Sánchez fue capaz de hacer un pucherazo con sus elecciones primarias a la secretaría general del PSOE, que lleva a pensar que no va a hacer lo mismo con unas elecciones generales. En una situación débil, en la que se tambalean los apoyos de los grupos minoritarios, que buscan seguir saqueando a los españoles sin irse del Gobierno, y no tiene el apoyo de la calle. Y el anuncio de regulaciones masivas y de otorgar la nacionalidad sin ningún tipo de control, evidentemente lo que busca es eso: sustituir al pueblo español para alterar el censo". "Si Sánchez tiene que volver a repetir ese cutre pucherazo lo va a volver a hacer. Por eso los españoles tienen que estar alerta y no dar las elecciones por ganadas como hace el PP".
Hay que matizar que si bien la ley de nietos si otorga la nacionalidad a aquellos descendientes de exiliados por el franquismo por motivos ideológicos –de los que habría habido ya 600.000 solicitudes–, la regularización extraordinaria que se está gestionando para más de medio millón de personas solo regula la residencia, no permite votar en unas generales.
En cualquier caso, la proposición de ley registrada por Vox, en su exposición de motivos, dice perseguir "salvaguardar la seguridad y la transparencia de todo el proceso electoral en sus distintas fases, y como sugiere el preámbulo de la legislación electoral, 'garantizar (…) la libre expresión de la soberanía popular'". Hacer lo posible para "neutralizar posibles riesgos de corrupción electoral durante el escrutinio de los votos, y en particular, de los votos emitidos por correo". Se reclama solventar cualquier margen que permita "potenciales riesgos de fraude y de manipulación del voto", aunque la transparencia actual es clara. Para llevarlo a cabo, se propone la modificación del apartado segundo del artículo 88 de la ley electoral, de 1985, para redactarlo de la siguiente manera.
Se mantiene el primer apartado: "A las veinte horas el Presidente anunciará en voz alta que se va a concluir la votación. Si alguno de los electores que se hallan en el local o en el acceso al mismo no ha votado todavía, el Presidente admitirá que lo hagan y no permitirá que vote nadie más". Se cambia la redacción del segundo apartado, que recoge que los votos por correo se introducen en las respectivas meses según corresponda. Vox propone: "Acto seguido, el Presidente procede a introducir los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo en una urna separada a la que contiene aquellas emitidas presencialmente, verificando antes que se cumplan las circunstancias expresadas en el párrafo tercero del artículo 73 y que el elector se halla inscrito en las listas del Censo. Seguidamente, los Vocales anotarán el nombre de estos electores en la lista enumerada de votantes".
Por otro lado, Vox sugiere modificar el apartado cuarto del artículo 95 de la ley. Este hace referencia a la extracción de las papeletas de la urna. En su caso, se diferencian las dos urnas. "El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente y leyéndose en voz alta la denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos votados. El Presidente pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez leída, a los vocales, interventores y apoderados. El escrutinio remitido por correspondencia se efectuará de manera separada e independiente al del voto presencial".
Vox también pretende cambiar el apartado segundo del artículo 97. "A continuación, el Presidente preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio y, no habiendo ninguna o después de que la Mesa resuelva por mayoría las que hubieran presentado, anunciará en voz alta su resultado, especificándose el número de electores cansados, el de las certificaciones censales aportadas, el número de votantes, el de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura, tanto de forma agregada, como de forma diferenciada para el voto presencial y el voto remitido por correspondencia".
Por último, el Grupo Vox plantea modificaciones del apartado segundo de la disposición adicional primera de la ley: "En aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplica también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomos convocadas por estas". Es decir, hacen extensible el asunto a todos los procesos más allá de las generales, a autonómicas y a locales.
Los de Abascal vienen sembrando dudas de las garantías electorales de este tipo de voto desde al menos las municipales y autonómicas de 2023, con supuestos casos de alteración del voto por correo en Melilla. Se acabó demostrando una trama de compra de votos ligado, entre otros, al líder del partido Coalición por Melilla. Esas dudas fueron extendidas por Vox al proceso de las generales. En junio de 2025 Vox ya presentó la propuesta actual en el Congreso, decayendo tras la calificación de la Mesa, tras imponer el Gobierno su veto atribuyéndolo a que ese tipo de cambios generaría impacto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y en Extremadura, a final del año pasado, un robo de votos en un municipio de Cáceres sirvió para volver a presionar al respecto.
La medida llega este martes por la tarde a pleno y tiene pocos visos de salir adelante. Con la duda de si el PP se abrirá a esa cuestión, junto a populares y UPN,Vox alcanzaría 171 frente a 179 diputados del resto de las izquierdas y Junts. Una mayoría simple sería suficiente para la toma en consideración que en principio fracasará si Junts no se abre a ello. Es difícil, ya que los de Carles Puigdemont rechaza negociar nada concretamente con Vox. De avanzar la tramitación, requerirá nuevamente de mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica.