El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha escuchado este viernes a los exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Ambos citados como testigos para declarar por las presuntas presiones que sufrió la UCO y la Guardia Civil por las investigaciones en las que trabajaban vinculados al PSOE y a Pedro Sánchez.
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Estos agentes fueron los que desvelaron presiones para "ponerse de perfil" ante la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Hoy se han ratificado en sus palabras y durante más de dos horas y media de declaraciones han reafirmado lo que ya contaron los agentes el pasado mes de mayo, según confirman a El Independiente fuentes presentes en la declaración.

Además, Pedraz también ha llamado a testificar al jefe del Estado Mayor de la Benemérita y a Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

Lo que declararon ante la UCO

Yuste, que fue jefe de la UCO entre 2023 y 2025, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba al hermano de Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

Según consta en un atestado de la causa, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, y antecesor de la actual directora, Mercedes González, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

Ahí, según la UCO, Marcos apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes, 19 de julio, tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".

El DAO

El entonces jefe de la unidad se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".

Los investigadores mencionan una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez en un juzgado de Badajoz, cuyo juicio quedó visto para sentencia hace unas semanas.

"Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa", indicó la UCO.