La campaña de fiscalización y control interno a la que se ha sometido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por sus investigaciones sobre el entorno del presidente del Gobierno ha sumado un nuevo y comprometido capítulo en sede judicial. Según confirman a El Independiente fuentes cercanas al caso, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, actual jefe del Estado Mayor del Instituto Armado, ha admitido ante el juez instructor que no existía ningún tipo de informe o base jurídica que sostuviera la propuesta de amonestación verbal dirigida contra el agente de la UCO que analizó los correos electrónicos en los que aparecía la esposa del presidente, Begoña Gómez, dentro de la causa que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón.
La confesión del jefe del Estado Mayor se produjo durante la sesión de declaraciones testificales en el marco del denominado 'caso Leire', que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 5 por el magistrado Santiago Pedraz. Al preguntarle de forma directa sobre si disponía de un dictamen jurídico para avalar el castigo administrativo al investigador de la UCO, el general Sánchez Peláez respondió textualmente: "No, lo propuse yo". La declaración desmontó de inmediato su propia argumentación previa, en la que había presumido de que en este tipo de procedimientos disciplinarios siempre procuraba que hubiera "muchas garantías" para los afectados.
La cuenta de Begoña Gómez en el 'caso Badajoz'
Los hechos que dieron origen a este expediente se remontan al 4 de diciembre de 2024. En esa fecha, el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, ordenó de urgencia la apertura de la información reservada número 1/24 de Estado Mayor. El motivo de la investigación interna fue la publicación, el 29 de noviembre de 2024 en un digital, de una noticia que revelaba que Begoña Gómez utilizaba una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno para comunicarse con su cuñado, David Sánchez.
La información periodística incluía la captura de pantalla de un índice de tres correos electrónicos fechados en enero de 2019. Dicha imagen procedía de un documento de instrucciones técnicas que el analista de la UCO había confeccionado de forma automatizada el 6 de septiembre de 2024 para preparar una reunión de trabajo con la magistrada instructora de Badajoz, Beatriz Biedma.
A pesar de que el propio jefe de la Jefatura de Policía Judicial, el general Alfonso López Malo, remitió de inmediato una nota de despacho al DAO aclarando que la filtración se debía a un "error involuntario de la Autoridad Judicial" —que había puesto a disposición de todas las partes personadas un documento técnico cuyo único destinatario era la instrucción—, la cúpula de la Guardia Civil decidió seguir adelante con el expediente disciplinario.
Una amonestación "personal" y sin garantías
La información reservada se encomendó al general de división y jefe del Estado Mayor, Leonardo Sánchez Peláez. Tras tomar declaración al entonces jefe de la UCO el 20 de diciembre de 2024, el instructor concluyó el expediente administrativo "sin identificar responsabilidad disciplinaria" alguna para los miembros de la unidad de élite. Sin embargo, en una pirueta administrativa, el general Sánchez Peláez incorporó en sus conclusiones el requerimiento de que se "amonestase verbalmente" al analista de la UCO por no haber tenido "más cuidado" al exponer los datos personales de la esposa del presidente.
Esta propuesta de sanción la asumió y firmó el DAO, Manuel Llamas, en un escrito remitido a la directora general de la Guardia Civil el 13 de enero de 2025. No obstante, según revelan fuentes de la investigación, la amonestación nunca llegó a ejecutarse en la práctica. El propio general López Malo confirmó ante el juez que "nadie nos ha dicho que amonestemos a ningún guardia civil" y que dicha medida no se hizo efectiva.
El momento de mayor debilidad para el jefe del Estado Mayor durante su comparecencia judicial llegó cuando se le cuestionó por la naturaleza de la amonestación verbal. Al ser preguntado si se trataba de una sanción regulada, el general admitió que "no está tipificada como sanción", según confirman las fuentes consultadas. Fue entonces cuando la acusación le inquirió sobre las supuestas garantías del proceso, recordándole que él mismo había destacado la presencia de un secretario instructor con perfil jurídico-militar para asegurar los derechos del afectado. Al preguntarle si, bajo ese paraguas de garantías, existía un informe jurídico que avalara la propuesta de amonestar al agente, Sánchez Peláez tuvo que reconocer que carecía de soporte legal y que fue una iniciativa estrictamente personal.
El uso de expedientes
La declaración del jefe del Estado Mayor coincide con las denuncias de los mandos de la UCO, quienes han calificado ante el juez de "excepcional" y "no habitual" la apertura de hasta tres informaciones reservadas contra el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) en menos de un año. Según fuentes cercanas al caso, los testigos han ratificado que estos expedientes administrativos se abrían con el único objetivo de "asustar" e intimidar a los agentes que investigaban las causas que afectaban directamente al entorno del Gobierno y del PSOE.
De hecho, la presión sobre los investigadores de la causa de David Sánchez ya se había iniciado meses antes. El general López Malo y el anterior jefe de la UCO ratificaron ante el juez que el 12 de julio de 2024, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, les abroncó en su despacho por el informe de los correos del hermano del presidente, exigiéndoles que redactaran un nuevo documento "en el que se concluyera que no había nada" y ordenando que, "si había que dejar a personal de la UCO sin vacaciones, que así se hiciera". Apenas cuatro días después, el 16 de julio de 2024, el propio DAO Manuel Llamas se desplazó a la sede de la UCO para ordenar a los investigadores que "se pusieran de perfil" y no fueran "proactivos" en las causas con trasfondo político.
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