Indignación en Gobierno y PSOE por la condena "injusta" a David Sánchez: "Se equivocan. Nos hace más fuertes"

La actualidad política se construye desde hace semanas, meses, en torno a lo que ocurre en los tribunales. Una pila de noticias adversas para el Ejecutivo y para el PSOE, un torrente que parece no tener fin. Pero los socialistas creen que algunas de ellas les sirven, por paradójico que pueda resultar, para tomar "energía", para hacerse "más fuertes", para cohesionarse internamente. Ocurre con las decisiones del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Ocurrió, este martes, con la condena por prevaricación a su hermano, David Sánchez —nueve años de inhabilitación—, a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño —18 años de inhabilitación—, y a los otros nueve acusados —también nueve años de inhabilitación—. La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, adoptada por unanimidad de los tres magistrados, encolerizó a los socialistas. Profundamente. Les resultaba "incomprensible", un fallo "no sustentado", una resolución "injusta", "sin pruebas". Pero, advierten, no erosionará su ánimo.

Pedro Sánchez se enteró de la noticia de la condena a su hermano como autor por cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa —no se considera probado el otro ilícito que pesaba sobre los procesados, el de tráfico de influencias— cuando estaba en París. Había volado el lunes para participar de la cumbre de la Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania y el martes por la mañana acudió al desfile por el 14 de julio, la Fiesta Nacional francesa, invitado por el presidente galo, Emmanuel Macron. No escribió ningún tuit acerca del fallo, tampoco está prevista una comparecencia sobre él en los próximos días. Pero en su equipo en la Moncloa y en Ferraz la irritación era máxima. La "indignación", no obstante, se extendía más allá de su círculo de confianza.

"La sentencia no se sustenta. Y no hay pruebas de nada. Es que es lo mismo que sucedió con el fiscal general del Estado: no se pudo probar que fue él quien filtró el mail del letrado del novio de [Isabel Díaz] Ayuso con el ministerio público, pero se le condenó", apuntan desde el núcleo duro del partido. Una comparación con el caso de Álvaro García Ortiz que los socialistas encuentran como muy lacerante pero al mismo tiempo como elocuente. En aquella causa, el fiscal general fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, porque fue él "o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" quien entregó el correo a la Cadena SER "para su publicación". Según el análisis de la Moncloa y que comparten distintos dirigentes consultados, dentro y fuera de Ferraz, aquella sentencia del TS abrió la espita, "sentó el precedente" de causas alimentadas por "organizaciones ultraderechistas" —en el caso de David Sánchez, Manos Limpias—, "apoyadas por PP y Vox", que "acaban en sentencias injustas".

En Gobierno y PSOE enfatizan la gravedad del hecho de que se dicte una sentencia "sin pruebas". Y se refieren a varios pasajes del fallo conocido este martes de la Audiencia de Badajoz, en los que los propios magistrados reconocen sus "dudas". Escriben, en la página 350 de las 377 que componen su resolución [aquí en PDF]: "Si bien se alza la convicción de este tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David [Sánchez Pérez-Castejón] y don Luis María [Carrero, amigo del hermano del presidente y al que se adjudicó otra plaza], albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos".

Y añaden: "No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo". Por eso los jueces descartan el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, advierten de que podría mantenerse, "como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (don David) al que sería reelegido [en mayo de 2017] secretario general del partido y con el tiempo [en junio de 2018] presidente del Gobierno [...], respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el 39º Congreso del partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias [Susana Díaz]".

La creación de la plaza

La plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de Badajoz se creó, explica la sentencia, entre el 10 y el 11 de octubre de 2016. O sea, días después de que Sánchez fuera defenestrado por su partido en el turbulento comité federal del 1 de octubre de ese año y antes, también de que dejara su escaño en el Congreso para relanzar su carrera. Los magistrados no consideran "acreditado" si la decisión de crear esa plaza se hizo a petición de David Sánchez o de su entorno o si esa decisión se hizo motu proprio "con el designio de favorecer" a este "por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE, por reelección en el cargo". Pero, como recuerdan algunos dirigentes que tienen todavía fresca la huella de esos meses, en octubre de 2016 Sánchez era un completo apestado para los suyos y realmente solo se apreciaron en serio sus posibilidades de recuperar el trono de Ferraz a primeros de mayo de 2017, cuando sorprendió con un número de avales muy poco por debajo al de Díaz, la favorita del establishment socialista. Las primarias que él ganó, con un 50,26% del voto de los militantes, se celebraron el 21 de mayo de 2017.

"Hay mucha incomprensión, mucha", apunta un miembro de la cúpula. "Es que nos sentimos agredidos, señalados. La sentencia no prueba nada. Claro que es lawfare, aunque no lo llamemos así públicamente. Es que es indignante", indica una responsable de la dirección parlamentaria, que anticipa que la irritación en el partido, muy compartida, "se multiplicará por tres" si finalmente hubiera condena contra Begoña Gómez. "Los inocentes en la cárcel o condenados y los culpables a la calle", indica con rabia una diputada y baronesa provincial.

Quien más claro expresó la ira contra la Audiencia de Badajoz fue, de nuevo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, "portavoz autorizado" tanto del Gobierno como de la ejecutiva federal socialista. "Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas", escribió en X. Una línea muy similar a la empleada por el PSOE en su comunicado oficial: "La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia [...]. Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio. Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos". Otros ministros también se pronunciaron en redes sociales, como Óscar López.

El portavoz en el Congreso, Patxi López, reiteró que el partido "acata", como no podía ser de otra manera, la sentencia, pero a los socialistas, dijo, no se les va a "quitar de la cabeza" que hay en marcha "una cacería" contra ellos y contra su líder. La ministra portavoz, Elma Saiz, se quedó un paso más atrás en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete: la causa parte de una denuncia de Manos Limpias, la Fiscalía no presentó acusación y pidió la absolución. "Confianza en la Justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos", remachó Saiz.

En el espacio de la prudencia navegó, para celebración de algunos de sus compañeros, el nuevo líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, sucesor de Gallardo al frente de la federación. El dirigente evitó cargar contra los jueces y mostró su confianza en que los condenados puedan "probar su inocencia" en las instancias superiores. "Huir de las exageraciones, tratar de aplicar la coherencia política y no caer en el fácil y tú más tan recurrente en política es una de mis premisas fundamentales y la quiero seguir haciendo hoy aquí", sostuvo. También recalcó su "máximo" y "absoluto respeto" a las sentencias judiciales y su confianza en la "independencia de la Justicia".

La percepción ciudadana

Pero, ¿también es lawfare, guerra judicial, este caso, con una sentencia adoptada por unanimidad de los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz? Según indica un integrante de la cúpula federal, hay que tener en cuenta que la jueza instructora, Beatriz Biedma, fue ascendida por el Consejo General del Poder Judicial, este mismo año, a presidenta del Tribunal de Instancia de Badajoz: "Los magistrados de la Audiencia no iban a dejar mal a su compañera y optan por una sentencia que no es de cárcel pero sí de largas condenas de inhabilitación, de nueve años para todos los acusados, menos para Gallardo, al que le caen 18 años de inhabilitación". Este dirigente, igual que manifestó Saiz, espera que, en apelación, cuando aborde la causa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el fallo se revierta, y si no en casación en el Supremo. "La Justicia debería ser ciega. Imparcial", recuerdan desde la sede de Ferraz.

Varios responsables de la dirección federal, algunos cercanos y otros mucho más alejados de ella, coinciden en una convicción: que esta condena no logrará el efecto que podría buscar. "Se equivocan si creen que con esto nos machacan. Nos hace más fuertes", apunta un miembro de la cúpula parlamentaria; "esto nos da energía, es lo contrario de lo que buscaban", señala un integrante de Ferraz; "nos une", resuelva una líder provincial. Una veterana que navega lejos del cuartel general reconoce que el fallo no ha sentado "nada bien" en el partido y, como sus compañeros, cree que la sensación de agravio puede provocar un revulsivo, cohesionar y apretar las filas internas y a los votantes, "seguro que sí". En el cuartel general señalan, para demostrar que entre los ciudadanos también permea la sensación de injusticia hacia los socialistas, la encuesta de 40dB para El País y la SER de hace 10 días, que indicaba que más del 65% sí cree que existe el lawfare en España, aunque en el electorado del PSOE esa creencia está más asentada (78%) que en el del PP (58,9%).

Los socialistas creen que la saturación de casos judiciales, sobre todos algunos que entienden más inexplicables como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente, puede acabar por tanto funcionando como un bumerán. "Los ciudadanos saben distinguir perfectamente el mamoneo de [José Luis] Ábalos, Koldo [García], Santos [Cerdán] o Leire [Díez] de esto, que hablamos de la familia del presidente y que van a por él. Los propios del PP te dicen en privado que no son casos iguales y que cosas como esta lo que hacen es victimizar a Pedro", ilustran desde la dirección del partido.

Los "logros" que no se ven

"Lo que percibe la gente es la judicialización de la política. Y esto no nos beneficia, en realidad, ni a nosotros ni a la democracia", agregan en la Moncloa, donde son conscientes de que la estrategia de la derecha de inundar la política de tribunales, está impidiendo que se vean "la gestión y los logros del Gobierno". Por ejemplo, este martes se cerró en el Congreso con la derrota (esperada y descontada) de la senda de estabilidad, pero también con la victoria contundente de dos iniciativas de marcado carácter social.

Por un lado, la convalidación del real decreto ley que amplía la financiación estatal de la dependencia —casi 6.200 millones de euros más de aportación del Estado entre 2026 y 2027—, que contó con el apoyo hasta del PP (317 votos a favor y solo 33 en contra, los de Vox). Y por otro, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que contempla que el Estado asuma el 50% de la financiación del sistema de dependencia y supone más derechos, más servicios y más prestaciones. Norma que ya se dirige al Senado y que contó con la abstención del PP y el no de la ultraderecha.

La semana seguirá plagada de hitos judiciales. Desde la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, el DAO Manuel Llamas, este jueves, hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Los tribunales marcan la actualidad y en el PSOE empiezan a pensar que, en ocasiones, las malas noticias pueden sentar algo mejor de lo previsto. Lo advertían en la Moncloa: "Lo que está claro es que una sentencia injusta no hará caer al Gobierno".