La comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ ha dejado una de las declaraciones más controvertidas y reveladoras de su mandato. En un tenso cara a cara con el senador del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, el titular de Interior no dudó en cuestionar la solidez de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un cuerpo policial que depende orgánicamente de su propio departamento. Marlaska, recurriendo a su doble condición de ministro y magistrado de carrera, desacreditó las conclusiones de los últimos informes policiales que apuntan a una presunta trama de desestabilización judicial y política, asegurando que estas investigaciones no pueden basarse en meras "inferencias" y que solo "valen si están sustentados en pruebas" tangibles y contrastadas.
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El núcleo de la comparecencia giró en torno al informe de la UCO del 26 de mayo de 2026 y al posterior auto del juez Santiago Pedraz. Según estos documentos, a los que ha tenido acceso El Independiente, la trama liderada presuntamente por la militante socialista Leire Díez, mantuvo diversos encuentros con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. El informe policial sostiene que estas reuniones tenían una doble finalidad. Por un lado, obtener información confidencial para desacreditar y destruir procedimientos judiciales en curso que afectaban al entorno del Gobierno; por otro, recabar información comprometida de la propia Guardia Civil para impulsar investigaciones internas y purgas en el seno del cuerpo, especialmente contra el Teniente Coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO.

Un correo o un WhatsApp

Ante la gravedad de estas conclusiones, que describen un intento de instrumentalización de la cúpula de la Guardia Civil para proteger al Ejecutivo y al PSOE, la respuesta de Marlaska fue de un escepticismo absoluto. Lejos de cerrar filas con los investigadores de la UCO, el ministro optó por rebajar la categoría de sus hallazgos a la de meras conjeturas sin valor probatorio. "Lo único que pido, como juez y como ministro, es que esas concreciones, esas aseveraciones, aunque sean en grado de probabilidad como es el momento actual, tienen que estar refrendadas o por un correo electrónico o por un WhatsApp, no por inferencias ajenas a cualquier lógica comprobación", sentenció Marlaska.

Con esta afirmación, el ministro del Interior marcó una línea roja inédita, sugiriendo que el trabajo de la UCO en este caso carece de la rigurosidad necesaria si no viene acompañado de un soporte documental directo que vincule las reuniones con la supuesta conspiración. Para Marlaska, las deducciones de los agentes de la Guardia Civil no son suficientes para sostener una acusación de tal calibre. "Lo que me vale son lo que está sustentado en un elemento", insistió, llegando a admitir abiertamente ante las preguntas del senador Martínez-Maíllo que no se ha leído la totalidad de los informes de la UCO, pero justificando su postura en que, si realmente existiera un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico que probara tales extremos, "evidentemente tendría conocimiento, porque hubiera llegado a mí y hubiera tomado alguna otra medida".

El Ejecutivo mintió 10 veces sobre Leire Díez

El interrogatorio no tardó en derivar hacia la cronología de las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, un terreno resbaladizo donde la oposición acusó formalmente al Gobierno de haber mentido sistemáticamente a los ciudadanos y al Parlamento durante más de un año. Martínez-Maíllo recordó que el Ejecutivo respondió por escrito hasta en diez ocasiones a preguntas parlamentarias asegurando que la directora general de la Guardia Civil no había mantenido ninguna reunión ni llamada con Leire Díez. Sin embargo, la realidad acabó imponiéndose el 4 de junio de 2026, cuando Interior se vio obligado a emitir una nota de prensa reconociendo que, en efecto, se habían producido tres encuentros entre ambas.

Marlaska defendió la gestión de la información y rechazó de plano haber mentido en sede parlamentaria. Según su versión, el primer conocimiento que tuvo de estos contactos fue a través de la propia Mercedes González "inmediatamente de acontecer" la reunión celebrada el 2 de abril de 2025. En ese encuentro, según el ministro, la directora general le trasladó que Leire Díez —a quien en ese momento Marlaska dice que no conocía ni le sonaba su nombre— le había planteado la posibilidad de restituir al comandante Rubén Villalba, investigado en el marco del 'caso Koldo' por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Un ejercicio de "transparencia"

El ministro insistió en que las respuestas parlamentarias anteriores no eran falsas porque se ceñían estrictamente al objeto de la investigación judicial. "No hubo, y la directora de la Guardia Civil lo ha repetido en distintas ocasiones, reunión alguna con Leire en relación a la trama", reiteró Marlaska.

Insistiendo en que hablar de la situación profesional de un comandante no equivalía a hablar de la red de corrupción de hidrocarburos o de las mascarillas. Para el titular de Interior, la nota de prensa del 4 de junio de 2026 no fue una rectificación forzada por la publicación del informe de la UCO el día anterior, sino un ejercicio de transparencia para "clarificar" la situación y "evitar interpretaciones" interesadas por parte de la oposición.

La confianza del ministro en Mercedes González

Sin embargo, el relato del ministro choca frontalmente con la documentación intervenida por la UCO en los dispositivos de los investigados. Las actas de las reuniones del 10 y 26 de marzo de 2025, redactadas por el propio comandante Villalba, y las conversaciones de la aplicación Signal entre Leire Díez y el abogado Ismael Oliver, revelan una estrategia coordinada para "desmontar la instrucción policial desde abajo".

En esos encuentros, Díez presionó a Villalba para que entregara información de la UCO y declarara contra sus mandos ante la Policía Nacional como testigo protegido, ofreciéndole a cambio "un destino de asesor de la directora de la Guardia Civil" y asegurándole que "los de arriba" estaban al tanto de todo. Además, las agendas de Leire Díez contenían anotaciones explícitas como "Investigación interna G.C. para filtraciones", que coinciden temporalmente con la apertura de una información reservada en el seno del cuerpo contra los investigadores de la UCO a mediados de mayo de 2025.

A pesar del rastro documental que la Guardia Civil ha puesto a disposición de la justicia, Marlaska se mantuvo firme en su postura de desacreditar la intencionalidad de los informes policiales, exigiendo una prueba de cargo irrefutable que demuestre que en esas citas se conspiró activamente. "Me gustaría que ustedes me aporten una mínima documental de la cual inferir que en alguna de esas reuniones consta que se habló de la trama", desafió el ministro al cierre de su comparecencia. Además, durante toda su comparecencia, el titular de Interior destacó que no dudaba de la directora de la Guardia Civil, bajo ningún concepto.