Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en sus críticas tanto a la regularización masiva de inmigrantes como a la aplicación de la mal llamada 'ley de nietos', aunque ha eludido hablar de "ingeniería electoral" y, mucho menos, de fraude. Lo ha hecho en unas jornadas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en un intento por cerrar un debate que les ha puesto en una posición incómoda desde el momento en que el líder del primer partido de la oposición ha sido uno de los grandes paladines para reconocer la nacionalidad a los descendientes de los que tuvieron que salir del país en la postguerra y parte del franquismo.
PUBLICIDAD

Feijóo ha defendido que ningún país, en un periodo de siete años, "puede incrementar su población en 7 u 8 millones y su censo en más de dos millones de personas". Ese es el cálculo total que hace aplicando tanto la regularización masiva como el proceso de nacionalizaciones. Considera que dar el pasaporte español "es un acto de enorme trascendencia jurídica, económica y social". Y entre esas consecuencias ha recordado que es otorgar a esas personas "la tarjeta sanitaria, el cheque educativo o la pensión no contributiva. Es darle los derechos de los españoles que han trabajado y cotizado en nuestro país", ha afirmado.

Tras afirmar por otro lado que "la ilegalidad no puede producir derechos", ha insistido en su tesis de que España "no está preparada para atender 50 millones de personas. Nuestos servicios públicos no tienen la dimensión para atenderlos. No hay país que lo resista desde el punto de vista social, de bienestar y cultural".

"Trazabilidad y legalidad"

Feijóo duda de la "trazabilidad" en el proceso de nacionalizaciones. Apela a la transparencia, a la legalidad y a la necesidad de una memoria económica y rechaza el proceso abierto por el Gobierno: "Así no". Acusa al Ejecutivo de arbitrario modificando el alcance de la ley de Memoria Democrática -sobre la que se sostienen estas nacionalizaciones- con una instrucción que modifica y amplia el objetivo" de dicho texto legal, de modo que "cualquier ciudadano que acredite un ascendente español", puede acabar pidiendo el pasaporte.

En cuanto a la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles, ahora bajo sospecha de colisionar con la legislación comunitaria, apuesta por cooperar con los países de origen. A su juicio, se está regularizando "de forma indiscriminada a los que entraron de forma irregular", frente a la oposición de sindicatos policiales, Comunidades Autónomas e inmigrantes legales. Asimismo, ha recordado que el Tribunal Supremo "está valorando si puede ir en contra del derecho europeo" y apelar al TJUE así como pedir la suspensión de los trámites administrativos hasta que se pronucie Luxemburgo.