La Agencia Tributaria tiene previsto personarse en las próximas horas de este jueves como perjudicada en la pieza separada del 'caso Plus Ultra' que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió para investigar las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según confirman a El Independiente fuentes de Justicia, lo hará a través de la Abogacía del Estado, —en representación del Ministerio de Hacienda— al apreciar un posible perjuicio para la Hacienda Pública.
El juez Calama acordó hace unos días ofrecer a la AEAT la posibilidad de personarse en la causa, en la que se investiga a Zapatero por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando por las joyas localizadas en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz durante el registro del pasado 19 mayo. La tasación preliminar de las piezas situó su valor conjunto en más de 1,3 millones de euros y, por el momento, el expresidente no ha aclarado su origen.
Esta pieza se abrió a mediados de junio para determinar si la adquisición e introducción de estas piezas en España se realizó cumpliendo las obligaciones fiscales y aduaneras correspondientes. Se sigue de forma paralela a la matriz del caso, que investiga el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 y en la que Zapatero está imputado por los presuntos delitos de blanqueo y tráfico de influencias.
Según detalló el juez Calama en el auto por el que acordó la apertura de la pieza separada, el origen de la joyas "no se encuentra justificado", lo que constituye un "indicio objetivo y racional" de una posible defraudación tributaria. El escrito señalaba que la compra de joyas por importes de esta magnitud genera necesariamente obligaciones fiscales que pueden derivar del IVA, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o del IRPF, en función de la naturaleza concreta de la operación.
Así, Calama añade que, de no justificarse adecuadamente el origen de los bienes, la Agencia Tributaria podría llegar a considerar su valor como una ganancia patrimonial "no justificada", circunstancia que podría dar lugar a una cuota defraudada superior a los 120.000 euros. A partir de este umbral, el Código Penal contempla la existencia de un delito fiscal.
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