El departamento de compliance de Plus Ultra recomendó expresamente a la dirección de la compañía no aceptar financiación de la sociedad británica Valerian Corporation Limited por no haber podido acreditar el origen de sus fondos. Sin embargo, la operación salió adelante y la aerolínea acabó recibiendo 1,8 millones de euros de esa mercantil entre 2019 y 2021. Según la UDEF, Valerian formaría parte de la misma trama de blanqueo que hizo saltar las alarmas en Francia y Suiza y que acabó derivando en el 'caso Plus Ultra' que hoy investiga la Audiencia Nacional.
Así consta en los escritos que el presidente de la compañía y su consejero delegado —Julio Martínez Solá y Roberto Roselli, respectivamente— presentaron esta semana ante el juez que investiga el caso, José Luis Calama, y a los que ha tenido acceso El Independiente. Se trata de la causa en la que se analizan las gestiones que habrían rodeado al rescate de 53 millones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la Plus Ultra en 2021 y en las que supuestamente habría intervenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La advertencia de los controles internos llegó el 27 de febrero de 2019. Una de las responsables del área de compliance, trasladó al entonces director financiero, Roberto Roselli, su recomendación de no aceptar la financiación de Valerian hasta que la sociedad acreditara el origen del dinero. En el correo, la trabajadora advertía de que la documentación aportada era insuficiente, que la carta de referencia bancaria presentada no vinculaba ni a la sociedad ni a su titular y que el inversor no estaba colaborando con el proceso de verificación.
Pese a esa advertencia, el entonces director general de la compañía, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, dio instrucciones para seguir adelante con la operación. Los escritos adjuntan un correo enviado por Reyes el 4 de marzo de 2019 en el que aseguraba al departamento de compliance que bastaba con disponer del contrato, una declaración de origen de fondos y "buscar información en Google" para dar por cumplidas las comprobaciones y dar luz verde a la financiación de Valerian: "Habremos hecho nuestra debida diligencia", concluía.
Finalmente, Valerian terminó convirtiéndose en una de las entidades financiadoras de Plus Ultra. Según reconocen ahora los propios directivos de la compañía, la sociedad aportó primero 900.000 dólares en 2019 para cubrir necesidades inmediatas de liquidez. Dos años después, entre enero y febrero de 2021, volvió a prestar otros 900.000 euros mediante dos "préstamos puente" de 450.000 euros cada uno, cuando la aerolínea esperaba la resolución del rescate de la SEPI y que le fue finalmente concedido en marzo de ese mismo año.
"Valerian soy yo"
Roselli y Martínez Solá descargan toda la operativa en Rodolfo Reyes, que también era el máximo accionista de la compañía. Le atribuyen el "dominio del hecho" sobre la búsqueda y gestión de esa financiación y sostienen que fue él quien negoció personalmente con los prestamistas y ocultó a la dirección quién estaba realmente detrás de algunas de esas sociedades.
Como prueba aportan una conversación de WhatsApp del 24 de agosto de 2020. En ella, Roselli pide a Reyes la relación de los inversores que habían aportado fondos a una emisión financiera de la compañía. Tras enumerar varias entidades, Reyes añade una última: "Valerian soy yo".
Acabó en el radar de la UDEF
Según los informes de la UDEF incorporados al sumario y a los que ha podido acceder este periódico, la mercantil británica formaba parte de la red internacional dedicada al lavado de dinero presuntamente dirigida por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven. En palabras del propio instructor del 'caso Plus Ultra', ambos gestionaban una suerte de "pseudobanco" que canalizaba fondos de origen ilícito para reintegrarlos "limpios" a través de sociedades pantalla entre Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro o Isla Mauricio.
La investigación nació a partir de las pesquisas abiertas por las autoridades francesas y suizas en 2022 sobre esa estructura financiera, y terminó desembocando en España en el denominado 'caso Plus Ultra'. En conjunto, el sumario calcula que el dinero desviado por Plus Ultra de su rescate hacia esta estructura ascendería a más de 15,9 millones de euros, divididos en 5,9 millones entre marzo y agosto de 2021, y otros 10 millones tras el segundo desembolso de la ayuda.
Desviaron parte del rescate para devolver préstamos
El 18 de marzo de 2021, Plus Ultra recibió el primer desembolso del rescate público aprobado por la SEPI. En total, 19 millones de euros. Solá y Roselli aseguran en sus escritos que destinaron parte de ese dinero a devolver los préstamos que habían solicitado a Valerian y a otras tres sociedades entre octubre de 2020 y febrero de 2021 para afrontar su "pésima coyuntura económica".
En concreto, estas empresas eran: Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited, Panacorp Casa de Valores y Valerian. Una vez ingresado el primer tramo de la ayuda, procedieron a devolver ese dinero junto con los intereses pactados, fijados en un 9% anual. En total, unos 2,3 millones de euros.
En concreto, Plus Ultra devolvió casi 920.900 dólares a Valerian el 24 de marzo de 2021, unos 522.400 dólares a Wailea Investment al día siguiente y cerca de 545.200 dólares a Panacorp. Respecto a Allpa Wira Trading, la devolución de los 520.000 dólares que les habían prestado tuvo que intentarse hasta en cinco ocasiones por incidencias bancarias, primero hacia cuentas en Suiza, después en Montenegro y, finalmente, en Islas Mauricio.
La versión de la compañía choca, sin embargo, con la investigación de la UDEF. Los informes que este periódico ha podido consultar esas cuatro sociedades formaban parte de la misma estructura internacional de blanqueo, y que el objetivo era introducir fondos públicos en una red opaca para dificultar su rastreo. Es por ello que los agentes no cuestionan la existencia de esos "préstamos", sino su verdadera naturaleza. A su juicio, la operativa diseñada alrededor de esa financiación con el "pseudobanco" de Baca y Verhoeven permitió sacar al extranjero parte de los 53 millones de euros del rescate que la SEPI concedió a Plus Ultra.