La red "transnacional" de oro y lavado de dinero a la que Plus Ultra habría desviado 16 millones del rescate

Los 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra en 2021 no se habrían quedado en España. Una parte relevante —casi 16 millones de euros, según los cálculos incorporados a la investigación— habría salido del país a través de un entramado de sociedades pantalla presuntamente utilizado por una "organización criminal transnacional" dedicada al blanqueo de capitales procedente de tramas de corrupción en Venezuela, según fuentes consultadas por El Independiente.

El 'caso Plus Ultra' no nació en España. Fueron las autoridades de Francia y Suiza —con la intervención de la Fiscalía de Ginebra y el intercambio de información con Europol— las que trasladaron sus alertas a la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2024, activando unas diligencias que se instruyen ahora en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias y que han llevado hasta la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El punto de partida es Francia. En 2022, la Autoridad del Mercado de Valores (AMF) llevó a cabo una entrada en un domicilio en el marco de unas pesquisas por "uso de información privilegiada". En ese registro se intervino el teléfono del empresario peruano Luis Felipe Baca. El análisis de su contenido —especialmente de sus conversaciones con el empresario holandés Simon Leendert Verhoeven a través de la app de mensajería Signal— permitió ampliar el foco hacia una posible trama de blanqueo a gran escala, articulada mediante sociedades en distintas jurisdicciones sin actividad económica real aparente.

Francia trasladó esa información a España y, posteriormente, Suiza remitió documentación adicional en el marco de una investigación paralela por hechos conexos. . En el caso suizo, la Fiscalía de Ginebra alertó específicamente de operaciones vinculadas al tráfico de oro y a sociedades radicadas en Suiza, e incluso solicitó actuaciones judiciales sobre una vivienda de Verhoeven en Mallorca.

A partir de ahí, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF fue encajando las piezas. Según los informes policiales incorporados al sumario, a los que ha tenido acceso este periódico, la red estaría liderada por el propio Baca y Simon Leendert, que habrían articulado un sistema estable, con reparto de funciones y presencia en múltiples jurisdicciones, operando como una estructura de intermediación financiera no regulada.

El propio juez instructor, José Luis Calama, describe la arquitectura como una organización criminal transnacional destinada al blanqueo de capitales, que controlaba grandes cantidades de dinero de origen ilícito y que operaba mediante inversiones en bolsa para posteriormente reintegrar los fondos como aparentemente lícitos a sus clientes, configurando lo que el propio auto define como un "pseudobanco".

En ese esquema, el empresario holandés controlaba tres sociedades: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment Ltd o Valerian Corporation, utilizadas para canalizar operaciones internacionales bajo fórmulas contractuales aparentemente lícitas. Baca, por su parte, habría operado a través de Bluecap Corp —posteriormente Adamas Capital—, descrita por los investigadores franceses como una plataforma con servicios financieros amplios, desde gestión de inversiones hasta transferencias internacionales o criptoactivos.

Programas 'CLAP' y venta de oro en Venezuela

Las comisiones rogatorias remitidas por Suiza y Francia sitúan el origen de parte de los fondos en Venezuela. En concreto, en el presunto desvío de dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela, canalizada a través de sociedades interpuestas y estructuras financieras en terceros países, incluida la sociedad emiratí Noor Capital PSC. La investigación apunta a un entramado vinculado a activos de origen venezolano y a posibles delitos de malversación y cohecho.

La investigación suiza añade que determinadas sociedades vinculadas a la estructura habrían recibido fondos de origen presuntamente ilícito, que posteriormente fueron canalizados a través de cuentas en Suiza, Reino Unido, Gibraltar y Montenegro. En ese contexto, la sociedad Allpa Wira Trading AG aparece señalada por su posible vinculación con operaciones relacionadas con el tráfico de oro. La Fiscalía suiza alertó expresamente en 2024 sobre los negocios de esta entidad, propiedad del empresario Simon Verhoeven, investigado por blanqueo de capitales.

El rescate de Plus Ultra y el flujo del dinero

Es en ese entramado donde entra el rescate de Plus Ultra. La aerolínea mantenía relaciones financieras previas con algunas de estas estructuras antes de recibir la ayuda pública. El Consejo de Ministros aprobó el rescate de 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021; nueve días después, el 19 de marzo, la compañía recibió el primer tramo de 19 millones.

Desde ese momento, los flujos se aceleraron. El sumario describe un patrón reiterado de salidas de fondos bajo el concepto de "devolución de préstamo puente" hacia sociedades vinculadas a la red. Entre ellas figura una transferencia de 920.870 euros de Plus Ultra a Valerian Corporation en Gibraltar, así como movimientos hacia Wailea Investment Ltd en Reino Unido, Allpa Wira Trading AG en Suiza y cuentas en Montenegro.

Uno de los puntos claves es precisamente ese vínculo con Suiza. La Fiscalía de Ginebra alertó a España de que parte de estas sociedades estarían conectadas con estructuras utilizadas para operaciones de tráfico de oro y blanqueo de capitales. De hecho, ya en 2025 se identificó una transferencia de 519.983 dólares desde una cuenta de Plus Ultra a Allpa Wira Trading AG, bajo el concepto de "devolución de préstamo puente", un movimiento que, según los investigadores, encajaría en ese circuito financiero.

En conjunto, el sumario calcula que el dinero desviado por Plus Ultra de su rescate hacia esta estructura ascendería a 15.954.526 euros: 5,9 millones entre marzo y agosto de 2021, y otros 10 millones tras el segundo desembolso de la ayuda.