La 'Operación Mondragón' ha permitido desarticular una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína en una macrooperación conjunta desarrollada por la Guardia Civil española y la Policía Nacional de Ecuador. La red operaba principalmente en Málaga, Algeciras y Valencia, aunque contaba con una estructura internacional con conexiones en Ecuador y Dubái.
Las primeras sospechas surgieron tras varias intervenciones realizadas durante 2024, cuando las autoridades detectaron movimientos relacionados con el transporte de grandes cantidades de droga. Las investigaciones desembocaron en la incautación de múltiples contenedores que transportaban un total de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y tres puertos españoles: Algeciras, Valencia y Málaga.
A raíz de estas actuaciones, los investigadores comenzaron a detener a algunos integrantes de la organización, lo que permitió desvelar la existencia de una compleja estructura criminal con capacidad para operar entre España, Sudamérica y Oriente Medio.
Dos fases para desmantelar la organización
En marzo de 2025 se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación, término utilizado en el ámbito policial para referirse al despliegue contra una trama delictiva tras una investigación previa. La actuación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con las autoridades ecuatorianas, permitió intervenir una de las principales ramas operativas de la organización en Ecuador; el operativo en el país andino concluyó con 36 personas detenidas y 50 registros domiciliarios practicados.
La segunda fase se desarrolló en España después de dos años de investigación. Los agentes realizaron registros y detenciones en las provincias de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz, una actuación que culminó con ocho personas detenidas o investigadas.
Durante esta fase también se localizaron cerca de un millón de euros en efectivo en Arnedo (La Rioja), además del bloqueo de numerosas propiedades, vehículos y productos financieros vinculados presuntamente a la actividad ilícita de la organización.
Una tríada criminal
La organización investigada contaba con una estructura dividida en tres ramas funcionales, coordinadas entre sí y con responsabilidades diferenciadas para garantizar el desarrollo de la actividad delictiva. La primera de ellas era la rama española, considerada el núcleo duro de la red. Estaba integrada por ciudadanos españoles y marroquíes encargados de crear y gestionar la estructura empresarial utilizada para importar los contenedores procedentes de Sudamérica.
Entre sus funciones se encontraba proporcionar una apariencia de legalidad a los movimientos comerciales, tanto en los puertos de salida como en los puntos de entrada de la mercancía.
La segunda rama se encontraba en Ecuador y era especialmente funcional en Guayaquil, desde donde partía gran parte de la cocaína intervenida. Aunque el centro principal de operaciones estaba asentado en España, esta facción era la encargada de controlar la denominada "contaminación" de los contenedores, el procedimiento mediante el cual se introducía la droga en cargas legales sin conocimiento del exportador.
La tercera rama tenía su base en Dubái. Allí operaban inversores de origen albanés que, según la investigación, proporcionaban importantes inyecciones monetarias que permitía continuar dando salida al entramado criminal. Estos fondos eran utilizados para ocultar los pagos mediante operaciones comerciales ficticias y mantener un sistema periódico de envío de estupefacientes.
Coordinación internacional contra la red
Según fuentes policiales, la operación ha sido impulsada por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y las unidades especializadas de la Policía Nacional de Ecuador (UIACE y UIPA), en coordinación con Europol.
La investigación también contó con la participación de la Unidad Técnica Judicial (UTPJ) a través del proyecto GDIN, un programa estratégico de seguridad financiado por la Comisión Europea y coliderado por la Guardia Civil española y la Policía Judiciaria de Portugal, con apoyo operativo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Este proyecto está centrado en la detección y desarticulación de grandes entramados financieros vinculados al crimen organizado. En España, la Operación Mondragón ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.
21 toneladas de cocaína incautadas y 44 personas detenidas o investigadas —36 en Ecuador y ocho en España— después, las autoridades han dado por concluida una macrooperación que tenía su principal asentamiento en La Rioja, pero cuya estructura se extendía internacionalmente con bases estratégicas en Ecuador y Dubái.
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