Dos Danieles y un destino

El nombre Daniel significa "Dios es mi juez" o "la justicia de Dios", y parece que los dos Danieles que gobiernan en América Latina —Ortega en Nicaragua y Noboa en Ecuador— se han tomado muy en serio eso de ser ellos quienes ejercen "la justicia de Dios". A diferencia de Fidel Castro, que esperaba el juicio de la historia, su actitud muestra que solo deben rendir cuentas ante el Todopoderoso y no ante los ciudadanos a los que se deben.

El Daniel nicaragüense ha decidido que la mejor forma de evitar que gane la oposición es no convocando elecciones. Sin duda, se trata de un paso natural en su carrera dictatorial, que no comenzó con un golpe de Estado, sino con la demolición gradual de las instituciones democráticas y de sus procedimientos. El comandante que gobernó en nombre del revolucionario Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) regresó al poder tras las elecciones de 2006, las últimas consideradas libres y competitivas, para no irse nunca más.

Para ello, capturó el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral, eliminó los límites a la reelección y convirtió las votaciones siguientes en ceremonias de ratificación. En 2018 reprimió violentamente las protestas sociales; en 2021 encarceló o expulsó a los posibles candidatos opositores, y en 2025 hizo reformar la Constitución para nombrar copresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

La verdad es que esta trayectoria no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que este Daniel aprendió pronto a usar el poder para beneficio propio. Después de perder las elecciones de febrero de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro, los dirigentes sandinistas emplearon los dos meses que les quedaban en el poder para repartirse propiedades, empresas y recursos públicos. Aquel saqueo, legalizado apresuradamente mediante varias leyes, pasó a la historia como la Piñata y Ortega fue uno de sus beneficiarios, llegando al colmo de consolidar como residencia propia la casa confiscada al empresario Jaime Morales Carazo, quien años después, en una de esas piruetas grotescas de la política nicaragüense, acabaría siendo su vicepresidente.

Pero de la medida de su ruindad quizá se encuentre mejor muestra en el destino que reservó a quienes arriesgaron la vida contra Anastasio Somoza, incluso para salvarlo a él. Ortega fue detenido en 1967 y pasó siete años preso por su participación en un asalto bancario organizado para financiar al Frente Sandinista. El 27 de diciembre de 1974, un comando dirigido por Eduardo Contreras y en el que participó Hugo Torres tomó como rehenes a los asistentes a una fiesta celebrada en casa de uno de los ministros de Somoza. Tras más de sesenta horas de negociación, el dictador nicaragüense aceptó liberar a catorce presos, entre ellos Ortega, y permitir su salida hacia Cuba. Casi medio siglo después, Ortega mandó encarcelar a Hugo Torres, que murió bajo custodia en 2022, y a Dora María Téllez, la comandante que había negociado la liberación de decenas de sandinistas durante el asalto al Palacio Nacional de 1978.

Visto lo visto, creo que a nadie le extrañará que haya decidido no volver a convocar elecciones para ahorrarse el trámite de encerrar a opositores —es decir, a cualquiera que no le dé la razón a él o a su mujer, Rosario—, anular sus candidaturas, robar sus bienes y quitarles la nacionalidad. Ya lo dijo cuando anunció la medida al afirmar que era necesario impedir que los golpistas vendepatrias financiados por los yanquis acabaran con la revolución.

Lo que sí me sorprende es que aún queden políticos e intelectuales de izquierda a quienes les cueste llamar a las cosas por su nombre y decir que lo de Daniel Ortega es simple y llanamente una dictadura. Así pues, resultaba grotesco ver a Gabriela Rivadeneira, presidenta del partido ecuatoriano Revolución Ciudadana liderado por el expresidente Rafael Correa, haciendo trampas al solitario para recurrir al comodín de la autodeterminación de los pueblos.

Lo anterior no es una simple anécdota. Es un hecho que cobra mayor trascendencia si se toma en consideración que la pregunta fue formulada en medio de una entrevista en la que se analizaba la reciente pérdida del registro electoral de su partido y la posterior persecución de las organizaciones en las que se inscribieron algunos candidatos de su agrupación, muchos de ellos en ejercicio de sus cargos, y que, a consecuencia de esas medidas-trampa del actual gobierno de Daniel Noboa, no podrán participar. Me explico.

En marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador suspendió durante nueve meses a Revolución Ciudadana, a petición de la Fiscalía y mientras se investigaba un presunto lavado de activos. El propio juez reconoció que no había podido acceder al expediente reservado y que existía un vacío legal para adoptar la medida. Los candidatos correístas buscaron entonces participar mediante el movimiento AMIGO, pero este también fue suspendido por nueve meses en julio, dentro de otra investigación por presunto lavado de activos. Ahora estudian presentarse con el Partido Socialista Ecuatoriano, que no ha sido suspendido, aunque existe el temor de que termine corriendo la misma suerte. No se han prohibido formalmente las candidaturas, pero se obliga a la principal oposición a buscar una sigla tras otra para poder competir.

Resulta inquietante que el propio Daniel ecuatoriano haya asumido el papel de "justicia de Dios" al explicar qué partidos pueden utilizar, como si conociera de antemano los límites que establecerán unas autoridades que deberían actuar con absoluta independencia.

Cuando un presidente comienza a concentrar poder y a cargarse las instituciones, casi siempre acaba convertido en dictador, o al menos lo intenta"

Es cierto que Daniel Noboa no ha eliminado las elecciones ni existen pruebas de que en su momento alterara el recuento de votos. El problema es más sutil y se relaciona con la pérdida de neutralidad de la competencia. Anteriormente, en la primera y la segunda vuelta de 2025, su Gobierno anunció bonos, becas, créditos y programas sociales por alrededor de 500 millones de dólares. La misión de observación de la OEA reconoció los resultados, pero también advirtió sobre las condiciones de inequidad y los indicios de utilización proselitista de recursos públicos. Las elecciones fueron válidas, aunque el presidente-candidato no compitió en las mismas condiciones que su adversaria.

A ello se suma la debilidad del árbitro. Los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral, elegidos en 2018 para un periodo de seis años, continúan en funciones prorrogadas desde noviembre de 2024. Como señala Fernando Gavilanes en Plan V, su permanencia depende de que el concurso para reemplazarlos siga paralizado. Mientras tanto, programas como Jóvenes en Acción han hecho coincidir sus convocatorias y pagos con elecciones, consultas o referendos. Nada de esto demuestra por sí solo la existencia de fraude, pero sí revela una cancha inclinada en la que el Gobierno dispone de recursos y ventajas institucionales que sus competidores no tienen, mientras el CNE no demuestra haber ejercido un control suficientemente riguroso.

En definitiva, como Daniel Noboa estudió para presidente en Harvard, no es tan burdo como el Daniel nicaragüense. Sin embargo, este tipo de medidas autoritarias crea vicio, como se vio con el exrevolucionario, Y cuando un presidente comienza a concentrar poder y a cargarse las instituciones, no suele encontrar contención y casi siempre acaba convertido en dictador, o al menos lo intenta. En el caso de Daniel Ortega, ya sabemos que su afición a las piñatas puede explicar en gran parte sus acciones. En el caso de Daniel Noboa aún no está claro, pero parece que a él también le gustan las ollas encantadas —la versión ecuatoriana de las piñatas— y, por ello, los testigos y la oposición resultan incómodos: no nos olvidemos de que solo "Dios es su juez".

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com.