La mano izquierda vs. la mano dura

No es baladí que el estadio Primeiro de Maio de São Bernardo do Campo haya sido el lugar escogido para el primer gran acto de la campaña de reelección de Lula da Silva. Allí consolidó su liderazgo sindical durante las multitudinarias asambleas de la huelga de los metalúrgicos paulistas de 1979. Pero, aunque el escenario sea el mismo, los discursos muestran la evolución de los problemas de Brasil y la región. Si hace casi cincuenta años se reclamaban subidas salariales y democracia, ahora en 2026, las preocupaciones giran en torno a la violencia e inseguridad.

Uno de los anuncios estelares de Lula fue la creación de un Ministerio de Seguridad Pública con el que pretende asumir esa competencia, una responsabilidad que solían recaer en los estados debido a la estructura federal del país. La novedad no reside únicamente en las medidas —algunas ya estaban en marcha—, sino en que un candidato de izquierda haya decidido disputar a la derecha un terreno que durante demasiado tiempo pareció pertenecerle por derecho propio.

El programa incluye medidas punitivas que, sin llegar a los extremos de la "mano dura", se aproximan a ella, como fortalecer el sistema penitenciario federal para aislar a los cabecillas. Lula intenta diferenciarse al combinar represión cualificada con políticas sociales en las favelas y periferias. Por eso no es todavía una conversión a la mano dura, pero sí implica el reconocimiento de que no es suficiente combatir la desigualdad para detener la violencia.

Es un cambio realista frente a la explicación tradicional de la izquierda latinoamericana, que ha entendido la violencia como consecuencia de la pobreza, la desigualdad, la exclusión o la falta de oportunidades. En consecuencia, sus respuestas han privilegiado las políticas sociales, la educación, el empleo, la redistribución, la prevención y la rehabilitación frente al fortalecimiento policial o el endurecimiento penal. Sin embargo, dichas medidas operan lentamente ante la urgencia ciudadana.

El diagnóstico resulta aún más incompleto cuando ya no se trata solamente de delincuencia común, sino de organizaciones criminales complejas, con estructuras empresariales, control territorial, conexiones internacionales y capacidad para penetrar las instituciones. Además, su expansión no se justifica solo por la exclusión social, sino que responde a mercados ilícitos rentables, corrupción estatal, debilidad institucional y al aumento de la demanda de los bienes que suministran, como cocaína, oro o personas.

Un buen ejemplo de la posición crítica de la izquierda frente a la militarización de la lucha contra el crimen organizado fue la política de Andrés Manuel López Obrador resumida en la consigna "abrazos, no balazos". Más que un programa preciso, expresaba el propósito de abandonar la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, evitar los enfrentamientos indiscriminados y atender las causas sociales de la violencia. Empleo, becas, educación y programas para jóvenes debían reducir el reclutamiento criminal, mientras la inteligencia sustituiría a las grandes operaciones militares y a la persecución de capos.

Los resultados fueron poco alentadores. Si bien los homicidios descendieron moderadamente después del máximo alcanzado en 2019, el mandato acumuló en torno a 199.600-201.000 homicidios dolosos, la cifra absoluta más elevada registrada durante un sexenio. Entretanto, crecieron las desapariciones y las organizaciones criminales ampliaron sus negocios y su control territorial. La mayor paradoja fue que "abrazos, no balazos" tampoco significó desmilitarización. López Obrador creó la Guardia Nacional, la integró principalmente con efectivos militares y terminó promoviendo su subordinación al Ejército. El Gobierno que prometió sustituir la guerra por política social dio más poder a las Fuerzas Armadas, al tiempo que no consiguió devolver al Estado el control de amplias zonas del país.

El ascenso de Gustavo Petro, considerado el primer presidente de izquierda de Colombia, también implicó una ruptura con la "seguridad democrática" de Álvaro Uribe. Frente a una estrategia basada en la ofensiva militar o la fumigación de cultivos de coca, Petro propuso la "seguridad humana". El objetivo no sería únicamente combatir a los grupos criminales, sino proteger a las comunidades, transformar los territorios, sustituir la producción de cocaína y la minería ilegal por actividades lícitas y, sobre todo, cumplir el acuerdo firmado con las FARC en 2016. Su principal instrumento fue la "paz total", que intentó negociar simultáneamente con el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y distintas bandas urbanas mediante diálogos y ceses del fuego.

Aunque con el Ejército de Liberación Nacional se alcanzó un alto al fuego prolongado y se produjeron algunas desmovilizaciones, la reducción de la presión militar no estuvo acompañada por una presencia estatal capaz de ocupar los territorios. Muchas organizaciones aprovecharon las treguas para reclutar combatientes, extenderse y controlar economías ilegales. Según la Fundación Ideas para la Paz, sus integrantes pasaron de unos 15.000 en 2022 a cerca de 29.000 en 2026. También aumentaron los desplazamientos, los confinamientos, los secuestros y el reclutamiento infantil, mientras varias negociaciones fracasaban.

La "paz total" redujo temporalmente algunos enfrentamientos, pero no desarmó a los violentos. Al contrario, en demasiados lugares, la retirada de los fusiles del Estado no trajo la paz, sino que dejó más espacio a los fusiles de las organizaciones criminales, creando el caldo de cultivo para el regreso de la mano dura con el presidente elegido recientemente, Abelardo de la Espriella.

En Uruguay, José Mujica intentó responder al incremento de la inseguridad mediante una combinación de prevención social e intervención policial. La "Estrategia por la Vida y la Convivencia" incluía el Plan Siete Zonas, dirigido a barrios vulnerables en los que vivían unas 32.000 personas. El programa partía de la idea habitual en la izquierda de que la seguridad no puede garantizarse únicamente con policías y cárceles mientras persistan la exclusión, la precariedad urbana y la falta de oportunidades. Así, se destinaron recursos para mejorar viviendas, calles, iluminación, plazas y centros deportivos, eliminar basurales, reforzar la atención infantil e impulsar programas educativos, laborales y de acompañamiento familiar. Todo ello se complementó con una mayor presencia policial y la recuperación de los espacios públicos.

El enfoque era razonable, pero el programa terminó interrumpiéndose durante el segundo Gobierno de Tabaré Vázquez por falta de presupuesto. Además, atendía a las condiciones sociales que favorecían la delincuencia local, pero no estaba diseñado para enfrentarse a las redes transnacionales que encontraron en Uruguay un espacio de almacenamiento, lavado de dinero y salida de cocaína hacia Europa. Entre 2013 y 2023, los homicidios aumentaron un 46%, y el diagnóstico oficial reconoce que una proporción creciente está relacionada con el tráfico de drogas. A pesar de los esfuerzos de inclusión, el crimen organizado tiene cada vez más presencia en un país que creyó que su fortaleza institucional bastaría para mantenerlo fuera de sus fronteras.

La ventaja electoral de la mano dura no procede de su eficacia, sino de ofrecer una respuesta sencilla e inmediata ante el miedo"

Estos casos muestran dos cosas: por un lado, que la izquierda se ha centrado en explicar las causas de la violencia más que en la manera de detener a quienes la ejercen; por otro, que la ventaja electoral de la mano dura no procede de su eficacia, sino de ofrecer una respuesta sencilla e inmediata ante el miedo. El desafío no consiste en renunciar a la prevención social ni en copiar el autoritarismo punitivo de la derecha, sino en construir una política democrática de seguridad que combine inclusión con inteligencia policial, investigación criminal, control penitenciario, persecución del dinero ilícito y recuperación territorial. El Estado necesita la mano izquierda para rescatar a quienes pueden caer en la delincuencia, pero también una mano firme, siempre sometida a la ley, para detener a quienes han convertido el crimen en un negocio y la violencia en una forma de gobierno que trasciende las fronteras.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en El Independiente.