No hay que olvidarse de Venezuela

En Venezuela el tiempo parece transcurrir de dos maneras distintas. Para quienes observan el país desde fuera han pasado muchas cosas desde la madrugada del 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York. Guerras, elecciones, cumbres y escándalos han desplazado aquella noticia de las portadas. Para los venezolanos, en cambio, el tiempo parece haberse detenido. El dictador se fue, pero la dictadura continúa: cumplido el séptimo mes sin Maduro, todavía no ha llegado la democracia.

La captura produjo una comprensible esperanza. Después de tantos años de protestas reprimidas, elecciones manipuladas, dirigentes inhabilitados, presos políticos y millones de personas obligadas a abandonar su país, la salida de Maduro albergaba la promesa de que se abrieran las puertas de la transición. Sin embargo, se confundió la desaparición del dictador con el final del régimen. Bastaba mirar con atención para comprobar que, aunque faltaba la cabeza, el cuerpo permanecía casi intacto. Delcy Rodríguez asumió la Presidencia, su hermano Jorge continuó al frente de la Asamblea Nacional y el chavismo conservó el control de las Fuerzas Armadas, los tribunales, el aparato electoral y los organismos de seguridad.

Lo más sorprendente es que esa continuidad cuenta ahora con el beneplácito de Estados Unidos, el país que durante años se presentó como el principal aliado exterior de la oposición venezolana. Washington no solo permitió que Delcy Rodríguez asumiera el poder, sino que convirtió a su Gobierno en el interlocutor necesario para estabilizar el país. El plan anunciado por Marco Rubio tenía tres etapas: estabilización, recuperación y transición. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. La democracia quedó en el último lugar y, como ocurre con tantas promesas colocadas al final de una lista, corre el riesgo de no llegar nunca.

Si Maduro resultaba inaceptable, el sistema construido por el chavismo es tolerable mientras proteja determinados intereses"

La Administración de Donald Trump parece haber descubierto que puede entenderse con una parte del chavismo siempre que ésta garantice estabilidad, petróleo y oportunidades económicas. Prueba de ello es que en julio, mientras la transición seguía sin calendario, las exportaciones venezolanas de crudo hacia Estados Unidos alcanzaron su mayor volumen desde 2019. No es pues casual que los barriles hayan avanzado con mayor rapidez que las urnas. Quienes durante años afirmaron que el problema venezolano era la dictadura, se conforman ahora con una dictadura más colaboradora. Ergo, si Maduro resultaba inaceptable, el sistema construido por el chavismo es tolerable mientras proteja determinados intereses.

Pero Venezuela no solo espera el restablecimiento de la democracia. También espera, literalmente, la reconstrucción de sus ciudades. Los dos terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, devastaron especialmente La Guaira y Caracas. Un mes después, el balance oficial superaba los 5.300 muertos y decenas de miles de personas continuaban desaparecidas. Aunque las cifras de las plataformas ciudadanas no son oficiales, estas señalan que más de 23.000 venezolanos permanecían en campamentos temporales y otros miles dormían en tiendas de campaña o junto a los edificios dañados, sin servicios básicos y con la esperanza de recuperar una vivienda o encontrar los restos de sus familiares.

El terremoto no solo afectó a quienes residen en Venezuela, sino también a los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país. Además de que muchos de ellos conservan allí a sus familiares, los sismos han arrasado con sus recuerdos y con los lugares a los que seguían sentimentalmente unidos. Por ello, han surgido iniciativas como la promovida para reconstruir el Colegio San José de Catia La Mar, cuyas instalaciones quedaron prácticamente devastadas. Sus exalumnos, repartidos por distintas partes del mundo, se han unido para dar a conocer la situación y conseguir que el centro pueda acceder a ayudas, programas de financiación y otros apoyos. Detrás de sus muros hay 57 años de historias y varias generaciones de estudiantes, docentes y familias. Como sucede con este centro y con otros de las zonas afectadas, si no se obtienen los recursos necesarios, cientos de niños y jóvenes supervivientes podrían quedarse sin un lugar donde estudiar.

El hecho de que los terremotos sean fenómenos naturales no determina que sus consecuencias lo sean completamente. En este caso ha pesado, por ejemplo, la calidad de los edificios, la capacidad de los servicios de emergencia, la transparencia de la información y la velocidad de la reconstrucción dependen de las instituciones. En Venezuela, el desastre encontró un país previamente devastado por décadas de corrupción, improvisación y desmantelamiento de la Administración pública. La tierra tembló durante unos segundos, pero muchas de las estructuras que se derrumbaron llevaban años debilitándose.

El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos. El 47 % corresponde a viviendas y La Guaira y el Distrito Capital concentran casi la mitad del impacto económico. Frente a esta dimensión, el Gobierno anunció la intervención de 11.794 viviendas y la reubicación inicial de 240 familias. No se trata de negar cualquier esfuerzo, sino de señalar la enorme distancia entre la propaganda oficial y las necesidades de un país donde miles de personas siguen viviendo entre refugios, calles y escombros. Un Gobierno que durante décadas fue incapaz de mantener hospitales, servicios públicos e infraestructuras difícilmente puede rehacer ahora lo que el terremoto terminó de destruir.

A mayores, la emergencia ha servido para aplazar la transición. El argumento resulta conocido: no es el momento de disputar el poder porque primero hay que garantizar el orden, atender a las víctimas y recuperar la economía. No obstante, esas tareas no pueden separarse de la democracia. La restauración exige instituciones transparentes, controles sobre el dinero público, libertad de información y autoridades legítimas a las que exigir responsabilidades. Rehabilitar viviendas sin reconstruir el Estado podría significar levantar nuevos edificios sobre los mismos cimientos podridos.

En este contexto comenzaron las negociaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición. La delegación oficialista está dirigida por Jorge Rodríguez; la opositora, por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. La agenda incluye la atención a las víctimas, el fortalecimiento de las instituciones y las garantías para la participación política. Aunque es preferible una negociación imperfecta a una parálisis indefinida, la composición de la mesa obliga a desconfiar. De un lado se sientan quienes conservan el poder sin legitimidad democrática; del otro, quienes poseyendo cierta legitimidad institucional no representan por sí solos a toda la fuerza electoral de la oposición.

Olvidar a Venezuela ahora equivaldría a abandonar a sus ciudadanos entre dos ruinas, la que dejó el terremoto y la que todavía sostiene la dictadura"

La gran ausente es María Corina Machado, quien ha anunciado que regresará a Venezuela con el convencimiento de que su vuelta tendrá un efecto pacificador. Por su parte, Estados Unidos, que durante años respaldó a la oposición, ha preferido negociar con una figura aceptable para el chavismo porque teme que Machado pueda provocar una movilización popular y alterar la frágil estabilidad. La paradoja es difícil de ocultar. Si el retorno de la dirigente opositora con mayor respaldo popular se considera una amenaza, quizá lo que se está protegiendo no sea la transición, sino la permanencia de quienes ya controlan el poder.

No hay que olvidarse de Venezuela porque la captura de Maduro no hizo libres a los venezolanos, del mismo modo que retirar los escombros no devuelve una casa a quienes lo han perdido todo. El país necesita elecciones, instituciones y justicia, así como viviendas, agua, hospitales y escuelas. Ambas reconstrucciones son inseparables. Olvidar a Venezuela ahora equivaldría a abandonar a sus ciudadanos entre dos ruinas, la que dejó el terremoto y la que todavía sostiene la dictadura.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com