La expresidenta del Parlament de Cataluña y de Junts per Catalunya, Laura Borràs, se mantiene firme tras la concesión de su indulto parcial. Durante su intervención de este lunes en la Universitat Catalana d'Estiu celebrada en Prada de Conflent (Francia), la dirigente independentista ha rechazado de plano cualquier atisbo de autocrítica por la condena por prevaricación y falsedad documental que pesa sobre ella, denunciando que fue víctima de "lawfare" y asegurando que no tiene "nada de lo que rehabilitarme o arrepentirme".
Borràs, que actualmente ejerce como directora académica de la fundación Fundem la República, ha recordado que sigue inhabilitada para ejercer cargo público. Al aludir al criterio de la Fiscalía Superior de Cataluña —que se opuso a la medida de gracia al considerar que no estaba "ni rehabilitada ni arrepentida"—, la exdirigente posconvergente ha confirmado la afirmación de la Fiscalía y ha lanzado un dardo al sistema judicial: "Me niego a ser reeducada, algo que, en español judicial —os lo traduzco— quiere decir 'españolizada'".
En un discurso volcado en la situación del movimiento secesionista, Borràs ha reconocido haber conocido la "derrota y la represión", denunciando haber sufrido también "fuego amigo". En este sentido, ha hecho un llamamiento a desterrar la "autofagia", calificada por ella como el "deporte nacional" catalán, advirtiendo de que las disputas internas entre formaciones independentistas solo consiguen "hacerle el trabajo al Estado español". Asimismo, ha rechazado instalarse en el "resentimiento" sobre el fracaso de la vía unilateral de 2017 y ha instado a articular una nueva estrategia desde la unidad.
Un perdón envuelto en polémica
Las palabras de Borràs llegan apenas tres semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara su indulto parcial. La decisión del Ejecutivo rebajó su condena de cuatro años y medio a dos años de prisión, lo que evita su ingreso en la cárcel, aunque manteniendo intacta la inhabilitación de 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ratificada por el Tribunal Supremo.
La condena a Borràs se produjo por el fraccionamiento ilegal de contratos para beneficiar a un amigo informático cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018. El propio tribunal sentenciador planteó en su fallo la opción de la medida de gracia al considerar la pena prescrita por el Código Penal como "excesiva".
La aprobación de la medida de gracia a finales de julio levantó duras críticas sobre los compromisos del Ejecutivo en materia de corrupción. Pedro Sánchez defendió desde Palma que el paso dado "nada tiene que ver ni con la negociación de Presupuestos, ni con nada que tenga que ver con la política", argumentando que se limitaban a cumplir el criterio del TSJC. Sin embargo, el movimiento suscitó recelos por producirse en el tramo final de la legislatura y con la necesidad del PSOE de recabar los apoyos parlamentarios de Junts.
El indulto provocó rechazo interno dentro del propio PSOE, visibilizado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien criticó que se indultaran delitos vinculados a la corrupción y que la medida se gestionase "de tapadillo" antes del receso estival. Desde la oposición, el PP contrapuso esta medida con la proposición no de ley socialista de 2016 que planteaba prohibir por ley los indultos a cargos públicos condenados por corrupción.
Te puede interesar