El PSOE propuso prohibir por ley indultar a políticos corruptos mientras Génova mantiene perfil bajo ante el caso de Borràs

En 2016, gobernando Mariano Rajoy, no se aprobó ni un solo indulto para ningún político o cargo público condenado por corrupción. La ley de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, de 1870, no lo prohíbe, pero desde ese momento PP y PSOE alcanzaron un pacto tácito para acabar con una práctica que generaba un enorme rechazo social. Hasta ahora. El Consejo de Ministros se ha despedido del curso político con dos indultos a políticos corruptos, de los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una larga exposición de hora y cuarto ante la prensa, no informó públicamente.

Pero aquel 2016, los socialistas, entonces en la oposición, no se conformaron sólo con ese acuerdo no escrito, sino que dieron un paso más al llevar al Congreso una proposición para acabar con esa imagen terrible de "políticos perdonando a políticos", de modo que aquellos condenados por corrupción no pudieran acceder a esta medida de gracia. Firmada por el entonces portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, proponía una nueva redacción del artículo 3 de la decimonónica ley. "No procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero", señalaba su redactado haciéndolo extensible a los condenados por violencia de género.

El PSOE también exigió elevar la fiscalización sobre esta medida de gracia, que no puede ser arbitraria

Pero no solo. Porque el PSOE también exigió elevar la fiscalización sobre esta medida de gracia, que no puede ser arbitraria "ni carente de justificación", sino motivada y, por su carácter excepcional, "no está justificado que (…) se aplique a los supuestos de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos". 

El caso es que la votación de tramitación de la proposición de ley recibió el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios en febrero de 2017. El socialista Juan Carlos Campo, quien fue posteriormente ministro de Justicia, defendió  que las sentencias por corrupción debían cumplirse "inexorablemente" para lanzar un mensaje inequívoco a la sociedad. Habló de "tolerancia cero" y dijo que este delito, junto con el de violencia machista, "piden a gritos ser excluidos de esta medida". Finalmente, la reforma no completó el periplo parlamentario, ni siquiera después de que Sánchez llegara a Moncloa en junio de 2018. Con la convocatoria electoral de 2019 acabó decayendo.

La hemeroteca es prolija en manifestaciones de Sánchez en contra de los "indultos" en casos de corrupción

La hemeroteca es además prolija en manifestaciones de Sánchez antes y después de llegar a Moncloa en contra de los "indultos" por casos de corrupción. Una medida que, en general, describió de "injerencia del poder ejecutivo en el judicial". Por eso la sorpresa por el indulto parcial a la dirigente independentista Laura Borràs fue enorme, en el bien entendido de que, con o sin ley que lo impida, se mantenía el compromiso de no beneficiar a los corruptos.

El efecto inmediato ha sido librarla de entrar en prisión tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por delito continuado de falsedad documental, esto es, trocear contratos para beneficiar a un amigo cuando ocupó la dirección del Instituto de las Letras Catalanas entre los años 2013-2018. Se le conmuta esa pena de más de cuatro años por una de dos, lo que le exime de ser encarcelada, aunque le mantienen los 13 años de inhabilitación a los que también fue condenada.

Borràs peleó para quedar amparada por la ley de amnistía

Borràs intentó en su momento quedar amparada por la ley de amnistía bajo el argumento de que se le perseguía por sus ideas políticas y no por adjudicaciones ilegales. De hecho, éste fue uno de los motivos por los que se dilató la redacción de una ley pensada ad hoc para el fugado Carles Puigdemont. No lo consiguió, pero, a cambio, el Consejo de Ministros rompió la que era una regla no escrita desde hace diez años en lo que parece una nueva cesión a Junts en esta recta final de legislatura.

La sentencia contra Borràs fue confirmada por el Tribunal Supremo a principios de 2025 y, más avanzado el mismo año, fue la Fiscalía Superior de Cataluña la que se opuso a esa medida de gracia por falta de arrepetimiento de la condenada. En este caso, el TSJ catalán, que fue el tribunal sentenciador, la condenó conforme a las penas que establece el Código Penal para este tipo de delitos, aunque las consideraba "excesivas" y abría la puerta a un indulto parcial. Es a lo que se ha acogido el Ejecutivo para favorecerla, aunque no estaba obligado a seguir esas directrices.

Indulto a un exalcalde socialista con el aval del grupo municipal popular

Su indulto ha venido acompañado por otros cuatro, entre ellos, el del exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández Gutiérrez, socialista, condenado por malversación de caudales públicos. También se le rebaja la pena para no entrar en prisión y su caso tiene la peculiaridad de que la petición de indulto contaba también con el aval del grupo municipal popular.

La decisión, en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano y ocultándosela a los periodistas que acudieron a Moncloa, ha suscitado el rechazo también en las filas socialistas. El fondo y las formas -"de tapadillo"- han sido denunciadas por el presidente castellanomanchego y siempre díscolo, Emiliano García-Page. Aduce que "la prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues evidentemente es que ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso".

Silencio de Génova y sospechas de Almeida

Curiosamente, Génova ha pasado de soslayo en este asunto. Con Alberto Núñez Feijóo de viaje en Perú para acudir a la toma de posesión de la presidenta peruana Keiko Fijumori, el foco se centró ayer en el secretario general popular, Miguel Tellado. Pero ni siquiera a preguntas de los informadores fue más allá de destacar la evidencia del cambio de opinión de Sánchez.

Y eso a pesar de que el PP presentó esta misma semana ante el registro del Congreso una proposición no de ley 'contra la corrupción económica, política y institucional y moral del Gobierno' que habla tambien de modificar la ley del indulto ampliando los supuestos de prohibición. De modo que no podrían disfrutar de esta medida de gracia "quienes han cometido delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores y a quienes, ocupando altas responsabilidades públicas, hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones" (ver texto).

Ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el que ha planteado una tesis inquietante: "La pregunta que todos nos hacemos es si está preparando el terreno para otros indultos. Yo creo que es algo que todos, legítimamente, conociendo al personaje, nos tenemos que plantear", dijo el martes sobre Sánchez.