La apertura de juicio oral con jurado contra Begoña Gómez, el ultimátum de tres días que el juez Calama ha dado a José Luis Rodríguez Zapatero para documentar el origen de las joyas de lujo encontradas en su caja fuerte y la citación, para el 30 de noviembre, de las hijas del ex presidente del Gobierno, imputadas por el mismo magistrado de la Audiencia Nacional, inauguran el nuevo curso de calvario judicial para el Ejecutivo, Ferraz y Pedro Sánchez. Un arranque que, a juicio del primer partido de la oposición, "sólo acaba de empezar".

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Y quizá el hecho que con más interés siguen -por lo que puede tener casi de justicia divina para los populares- sea la probable imputación del PSOE por financiación ilegal. En el PP no olvidan que fue una condena por partícipe a título lucrativo de las campañas municipales en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, en 2018, la que justificó la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ahora están convencidos de que son los socialistas los que están "al borde de la imputación por financiación ilegal", según indican fuentes populares. Cabe recordar que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, sigue imputada tras declarar ante la Audiencia Nacional en el caso que se sigue contra Leire Díez, y hay otra pieza abierta en la Audiencia Nacional sobre los pagos en metálico en la sede federal de los socialistas a José Luis Ábalos y a Koldo García.

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Asumen que la imputación del PSOE no acelerará el calendario electoral ni la ruptura de los socios

En todo caso, no se llaman a engaño. Son conscientes de que una hipotética imputación del PSOE no acelerará el calendario electoral ni provocará la ruptura del Gobierno de coalición, tampoco el fin de los apoyos de aquellos que les dan, mal que bien, sustento parlamentario. Una vez asentado y asimilado por amplios sectores de la izquierda el discurso del lawfare, sólo una sentencia firme por financiación irregular podría llegar a romper esos apoyos, y, quizá, ni siquiera así.

El Ejecutivo volvió a echar mano ayer del relato, en este caso, por la apertura del juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno. Porque por mucho que Pedro Sánchez haya insistido en que «no es mi mujer, es Begoña Gómez», lo cierto es que ayer Moncloa salió en tromba a defenderla a través de un comunicado acusando al juez Peinado -a seis días de su jubilación- de acoso y persecución política.

Casos judicializados y condenas

Todo ello sin olvidar, recuerdan en el PP, los casos ya judicializados que siguen su camino, como el de la fontanera, con la imputación del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán y de la cúpula de la Guardia Civil; el cobro de comisiones ilegales y de mordidas que afecta, en este caso, a la cúpula de la SEPI, o el caso hidrocarburos, además del antes citado que mantiene imputado a Zapatero, a sus hijas y a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Y estando ya condenados, subrayan, el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; el ex ministro de Transportes y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, además del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

La respuesta a todos estos escándalos, defienden los populares, "no puede ser el silencio o la eterna huida hacia delante. Sánchez no podrá evitar que toda la verdad se conozca. La corrupción del sanchismo será juzgada en los tribunales, pero también en las urnas". Ahora mismo, tal y como adelantó El Independiente, tanto en el Ejecutivo como en Ferraz comienzan a dudar respecto a la conveniencia de llevar la cita electoral al primer trimestre del año 2027, como era la idea más generalizada, o si finalmente Sánchez agotará la legislatura todo lo posible. De esta forma la llevaría de nuevo a verano, pero no impelido por los casos de corrupción, sino por la gestión de la crisis ceutí, aún muy, muy lejos, de solucionarse aunque el jefe del ejecutivo confía en tener "estabilizada" la situación a finales de año.

En mayo de 2023 "nos pilló una vez y no nos pilla otra", dicen en Génova sobre la convocatoria electoral

"Es prematuro ver hoy si se darán las condiciones para hacer las generales antes o nos iremos ya a julio. Ahora mismo podemos estar al 50 por ciento de posibilidades y antes de Ceuta parecía claro el escenario de primavera", afirmaba a El Independiente un dirigente federal.

Desde el PP insisten en que el inquilino de la Moncloa tiene entre nueve y diez meses para celebrar elecciones y "estamos preparados". Admiten que en mayo de 2023 "nos pilló una vez y no nos pilla otra", en referencia a la imprevista convocatoria electoral tras la debacle socialista de las locales y autonómicas de ese año. Nada hacía presagiar entonces un adelanto electoral. Génova no quiere hacer especulaciones en torno a alguien que califican de "impredecible". "Nos cuesta interpretar la mente de una persona como Pedro Sánchez", confiesan.

Los populares están movilizados, con la maquinaria electoral ya en marcha, aunque aún no han cerrado fecha para la proclamación de sus candidatos autonómicos, prevista en principio para este mismo mes. En todo caso, las regionales del próximo año ya tienen fecha en el calendario: el 23 de mayo. La incógnita reside en si las generales serán antes o después de ese día. Génova ha detectado que la gestión de la crisis ceutí está lastrando al Ejecutivo, haciendo más daño que los casos de corrupción y su estrategia se centra ahora en este asunto, mientras los tribunales siguen adelante con varios frentes abiertos.