El Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando de manera urgente en la organización del traslado a la Península de aproximadamente 500 niñas migrantes que se encuentran albergadas en Ceuta tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. Esta medida de emergencia se da debido a la extrema vulnerabilidad de este perfil, buscando ofrecerles un entorno seguro y adaptado a sus necesidades específicas en territorio peninsular, dentro de las prioridades de atención humanitaria del Gobierno de España.
Este operativo de traslado forma parte de un plan integral de choque que se coordina de manera directa con las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo de este plan de contingencia es agilizar la acogida y aliviar la presión asistencial que sufre la red local de protección de menores mediante la aplicación de un real decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de las distintas comunidades autónomas, así como el fomento del acogimiento familiar.
Un plan alternativo para agilizar la acogida
Para agilizar el proceso y evitar retrasos burocráticos, el ministerio contempla vías alternativas de actuación que permiten derivar la atención de los perfiles más vulnerables, entre los que se prioriza a las niñas. Diversas organizaciones de protección a la infancia asumirán el cuidado directo de las menores en recursos debidamente adaptados en la Península.
La urgencia de las actuaciones se constata con el despliegue del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien coordina directamente con las instituciones locales la identificación de las menores susceptibles de traslado, una cifra estimada inicialmente en unas 500 niñas pero que podría variar a lo largo del proceso de derivación.
El debate internacional sobre los retornos
La activación de este plan de traslados a la Península se produce después de que la Comisión Europea defendiera que todos los migrantes en situación irregular en Ceuta, incluidos los menores no acompañados, deben ser retornados a Marruecos acogiéndose a que el derecho de la Unión Europea avala su devolución. Frente a la postura europea el Ejecutivo de España insiste en mantener vías de comunicación abiertas con las autoridades europeas para el reagrupamiento familiar y un diálogo constante con el país vecino.
En respuesta directa a estas recomendaciones de Bruselas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado en una entrevista radiofónica que la actuación de España debe regirse por la legislación vigente en su conjunto. Al respecto, la ministra ha expresado, "insisto que tenemos que cumplir no solamente la normativa de la Ley de Extranjería, sino toda la normativa en materia del Pacto Europeo de inmigración y Asilo y toda la normativa comunitaria".
Además, Saiz ha defendido el marco de cooperación bilateral con el Marruecos y el principio del interés superior del menor en todo el proceso de gestión migratoria. Saiz ha subrayado que "Marruecos es un socio fiable, las relaciones son buenas y es un diálogo constante en esta cuestión. Insisto que creo que es importante, no tanto el debate de retornos sí o retornos no, sino cómo se hacen las cosas. Estamos hablando de un marco legislativo que es claro. España no va a renunciar al derecho internacional y desde luego ese es el trabajo que estamos haciendo".
La ministra ha concluido de manera rotunda, "tenemos una Ley de Extranjería, tenemos un marco nuevo europeo que es el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y eso es con absoluta rotundidad lo que le estoy diciendo. España cumplirá como viene haciendo la ley que regula esta cuestión. Eso es lo que quiero dejar meridianamente claro. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad".
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