Los militares de Ceuta estuvieron acuartelados y sin vacaciones dos días antes de la entrada masiva

Los militares destinados en Ceuta ya estaban en una situación extraordinaria dos días antes de que comenzara la entrada masiva desde Marruecos. A los efectivos que se encontraban en sus casas se les comunicó que no podían disfrutar de las vacaciones que tenían previstas, mientras que los que ya estaban en sus unidades permanecieron acuartelados, según han confirmado fuentes cercanas al ministro de Defensa y del Gobierno a El Independiente. El objetivo era mantener disponible al contingente militar ante la situación que se estaba generando al otro lado de la frontera, según una fuente del Gobierno conocedora de lo ocurrido.

La decisión se adoptó aproximadamente 48 horas antes del 30 de julio, cuando decenas de miles de personas comenzaron a concentrarse en el entorno de Fnideq y Castillejos y posteriormente entraron en Ceuta. Es decir, mientras los distintos organismos de seguridad e inteligencia acumulaban información sobre una posible entrada masiva, la Comandancia General de Ceuta ya había adoptado medidas para garantizar que sus efectivos estuvieran disponibles.

Un ex alto mando del Ejército de Tierra consultado por El Independiente sitúa incluso en tres días el periodo durante el que las Fuerzas Armadas permanecieron acuarteladas. Según su relato, se suspendieron permisos y los efectivos quedaron preparados en sus instalaciones. “Las Fuerzas Armadas llevaban tres días acuarteladas”, afirma.

Los 40 informes desclasificados

El dato adquiere especial relevancia al reconstruir qué sabía España antes del asalto y qué ocurrió después. El Gobierno publicó el pasado 9 de septiembre un repositorio con 40 informes, alertas y comunicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) correspondientes a los días previos y posteriores a la entrada. Entre ellos figura una actualización del CENIF del 29 de julio, una nota del CNI de ese mismo día y distintos documentos militares fechados el 30 y 31 de julio.

Cabe señalar que, según fuentes de los distintos organismos, hay informes que no han sido desclasificados ya que podrían suponer un peligro de "seguridad nacional" y que por lo tanto sólo se darán a conocer a la jueza María Tardón.

La propia documentación oficial desclasificada muestra que el Ejército comenzó a generar información específica sobre la crisis durante la mañana del 30 de julio. A las 12.06 horas, el Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 remitió al CIFAS un mensaje clasificado en el que advertía de una entrada “masiva” y “muy probable”. A las 13.00 horas, el CIFAS elaboró otro informe sobre la situación. Para entonces, según la reconstrucción policial incorporada a la causa judicial, ya se había producido un “desbordamiento del control policial”.

Afectar al funcionamiento de las FCSE

La diferencia temporal es uno de los elementos que está examinando la investigación, ya que mientras el Ejército emitía su alerta durante la mañana del día 30, la Guardia Civil y la Policía Nacional ya estaban afrontando una presión extraordinaria en la frontera.

Interior cifró en alrededor de 72.000 las personas que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. De ellas, unas 70.000 regresaron posteriormente a Marruecos, aunque en los últimos días se ha llegado a cifrar en más de 80.000 personas. La entrada provocó una presión extraordinaria sobre los dispositivos de control fronterizo, identificación, atención humanitaria, acogida y protección de menores. El propio Gobierno reconoció posteriormente que la crisis había afectado al funcionamiento ordinario de los servicios públicos de la ciudad. Una cuestión que, tal y como reconoció el informe del CENIF, podría ser una de las intenciones que buscaba la entrada masiva.

Las Fuerzas Armadas como "agentes de autoridad"

El hecho de que los militares estuvieran acuartelados y disponibles no significaba, sin embargo, que pudieran asumir automáticamente las funciones de la Guardia Civil en la frontera. Las Fuerzas Armadas no tienen con carácter general la condición de agentes de la autoridad. Aunque la legislación sí contempla determinados supuestos en los que pueden adquirirla. Entre ellos cuando intervienen en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en operaciones de vigilancia y protección. Pero para ellos se necesita una orden de la autoridad competente y siempre en los términos establecidos por el Gobierno. Por eso, la cuestión que se plantea ahora es qué misión tenían asignadas las unidades militares de Ceuta, qué instrucciones recibieron y si se llegó a ordenar algún tipo de despliegue en apoyo de los agentes que estaban conteniendo la entrada.

Las facultades ordinarias de identificación, control y restablecimiento de la seguridad ciudadana corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana atribuye esas potestades a sus agentes, mientras que la Guardia Civil, aunque tiene naturaleza militar, forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y depende del Ministerio del Interior en el desempeño de esas funciones.

Una misión y una instrucción clara

Esto introduce una diferencia fundamental en Ceuta. Tener a los militares acuartelados y disponibles no significa automáticamente que pudieran desplegarse en la frontera. Ya que no pueden asumir las mismas funciones que los guardias civiles que estaban intentando contener la entrada. Para hacerlo, necesitaban una misión y unas instrucciones acordes con sus competencias y con la cadena de mando.

Precisamente ahí se sitúa una de las preguntas que plantea el ex alto mando consultado por este periódico. A su juicio, las Fuerzas Armadas estaban preparadas para intervenir y su misión militar incluye, además de la actuación directa cuando corresponda, funciones de “prevención, vigilancia y disuasión”. “¿Quién dio la orden de no intervenir? ¿Por qué no se cubrió la frontera?”, plantea.

Los militares estaban al tanto

Una de las fuentes consultadas sostiene que el comandante militar de Ceuta disponía de información y estaba conectado con los órganos de inteligencia militar. Desde su perspectiva, si las unidades llevaban días acuarteladas y disponibles, la ausencia de una actuación militar sobre el terreno tuvo que responder a una decisión de la cadena de mando. “Alguien tuvo que dar la orden”, afirma.

No obstante, esta última afirmación debe diferenciarse de los hechos que constan documentalmente. La información conocida hasta ahora acredita que las unidades fueron mantenidas disponibles. Aunque se desconoce si existió una orden escrita o expresa de “no actuar”. Tampoco que el Ejército tuviera encomendada la misión de sustituir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el control de la frontera.

La incógnita ha adquirido una nueva dimensión desde que la Audiencia Nacional asumió la investigación. La jueza María Tardón investiga la entrada masiva bajo la hipótesis de posibles delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal. La magistrada ha reclamado información a numerosos organismos para reconstruir cómo se organizó la entrada, qué alertas existieron y quién las recibió.

La jueza pide información

La jueza ha pedido además información específicamente a organismos militares. En las diligencias de la causa aparecen el Estado Mayor de la Defensa y el CIFAS, junto a unidades policiales y de la Guardia Civil. Tardón ha solicitado las alertas y análisis de riesgos emitidos antes y durante la crisis para reconstruir qué información manejaba cada organismo y en qué momento.

La investigación policial ya ha añadido otro elemento de especial relevancia. El informe entregado a Tardón por el CENIF describe la entrada como “planificada” y no espontánea. Además apunta a la participación de agentes marroquíes uniformados y de paisano en el movimiento de las personas hacia la frontera. La jueza trata ahora de determinar cómo se organizó la operación, qué papel tuvieron las redes sociales y si existieron estructuras que facilitaron o financiaron el desplazamiento.

Todo ello sitúa el dato de los militares acuartelados dos días antes en un contexto distinto. No se trata únicamente de que hubiera soldados disponibles cuando comenzó la crisis. Es que, mientras se acumulaban las señales de una movilización extraordinaria en Marruecos, Defensa ya había adoptado medidas para garantizar que los efectivos destinados en Ceuta permanecieran en sus puestos.

El 10 de agosto

Y después de la entrada, la situación volvió a requerir medidas extraordinarias. El 10 de agosto, más de una semana después del asalto, Defensa e Interior ordenaron cancelar los permisos, licencias y vacaciones de los militares y guardias civiles destinados en Ceuta ante el riesgo de un nuevo intento de entrada.

La diferencia es que, en ese momento, la amenaza ya era explícita y las autoridades habían hecho público el alcance de la crisis. El dato que ahora emerge es que la primera medida de ese tipo en el ámbito militar se había adoptado antes del asalto, cuando todavía no se había producido la entrada de decenas de miles de personas.