La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe favorable sobre la competencia para que este órgano continúe investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. Según ha precisado el Ministerio Público en un comunicado al que ha tenido acceso El Independiente, el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, considera que la jueza María Tardón es competente porque existen indicios de que una parte importante de la preparación y coordinación de los hechos producidos en la ciudad autónoma se habría llevado a cabo desde Marruecos.
La magistrada había pedido a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia de la Audiencia, una vez incorporado a la causa el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. El documento situaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes en el centro de la planificación de la entrada masiva y apuntaba a una actuación coordinada desde el otro lado de la frontera, tal y como informó este periódico.
Ahora, el fiscal jefe de la Audiencia considera que esos indicios, unidos al hecho de que el resultado principal de la acción se produjo en territorio español, permiten atribuir la competencia al órgano que dirige la magistrada María Tardón.
El fiscal jefe fundamenta la competencia de la Audiencia Nacional en el principio de territorialidad recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también en las normas que permiten a los tribunales españoles perseguir conductas desarrolladas fuera de sus fronteras cuando existen elementos de conexión suficientes y se ven afectados intereses protegidos por el ordenamiento español.
El informe de Alonso sostiene que, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí. La ejecución material de la acción, sin embargo, y el resultado perseguido —la entrada masiva e irregular de personas— se produjeron en Ceuta.
La Fiscalía recuerda que el principio de territorialidad atribuye a los tribunales españoles el conocimiento de los delitos cometidos en territorio nacional. Pero añade que la legislación española permite también ejercer la jurisdicción sobre conductas desarrolladas fuera de España cuando existen elementos de conexión suficientes y sus efectos jurídicamente relevantes se proyectan sobre intereses protegidos por el ordenamiento español.
En este caso, el Ministerio Público entiende que esa conexión resulta especialmente clara porque la acción investigada tuvo su principal resultado en territorio español. El pronunciamiento supone que la investigación permanezca en la Audiencia Nacional después de que el propio Alonso asumiera las diligencias por la "singularidad y trascendencia" de los hechos. Hasta entonces, el asunto estaba en manos del fiscal José Perals.
Los delitos que se habrían cometido
En cuanto a los posibles delitos que podrían estar detrás de los hechos, la Fiscalía apunta, en primer lugar, a un posible delito de favorecimiento de la inmigración irregular, al considerar que la investigación debe determinar si hubo personas que organizaron o facilitaron la entrada ilegal en España. Este delito podría estar agravado si se confirma que los hechos fueron cometidos por una organización y que durante la actuación se puso en peligro la vida o la integridad física de los migrantes.
La Fiscalía plantea además que se investigue si pudo existir homicidio o lesiones por imprudencia grave, así como un posible delito de organización o grupo criminal. Y también deja abierta la investigación sobre otros posibles delitos relacionados con el orden público o con bienes jurídicos colectivos, como la paz o la independencia del Estado.
Por último, la Fiscalía ha pedido a la jueza que declare el secreto parcial de las actuaciones. El Ministerio Público considera que concurren razones excepcionales para mantener bajo reserva una parte de la investigación mientras continúan las diligencias.
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