La investigación sobre la trama de hidrocarburos que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional ha incorporado una nueva ramificación en Portugal. Las autoridades del país vecino detectaron un circuito de 27,9 millones de euros procedentes de cuatro empresas españolas del sector de los combustibles y enviados entre 2022 y 2024 a sociedades portuguesas que, según sus pesquisas, eran utilizadas como empresas pantalla para blanquear los beneficios de un supuesto fraude de IVA. Entre esas sociedades aparece una empresa cuyo único accionista era el comisionista Víctor de Aldama y que recibió 7,4 millones de euros pese a no registrar actividad inmobiliaria ni operaciones en el sector de los hidrocarburos que justificaran esos movimientos.
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La información forma parte de una investigación abierta en Portugal por blanqueo de capitales que fue transferida a la Delegación Española de la Fiscalía Europea al concluir las autoridades lusas que el delito se había cometido en España. La Fiscalía Europea ha remitido ahora estos datos al juez Pedraz porque buena parte de las empresas y personas analizadas ya aparecen en la causa que aglutina bajo su batuta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Un circuito de casi 28 millones de euros

Tal y como se recoge en el escrito de la Fiscalía Europea —avanzado por El País y al que ha tenido acceso El Independiente—, entre 2022 y 2024 llegaron a la banca portuguesa alrededor de 27,9 millones de euros procedentes de las cuentas de Canary Islands Fuel, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000. Los investigadores lusos reconstruyeron después el recorrido de parte de esos fondos y concluyeron que las sociedades portuguesas que los recibieron no desarrollaban una actividad económica real que justificara las operaciones.

Al menos nueve millones de euros regresaron posteriormente a España, mientras que otros tres millones fueron enviados a Reino Unido a través de intermediarios vinculados al intercambio de criptomonedas. Una cantidad similar terminó repartida entre cuentas de distintos países, entre ellos Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. En Portugal quedaron unos 13 millones de euros, de los que aproximadamente 11,8 millones fueron incautados durante la investigación. Según precisan fuentes jurídicas a este periódico, la previsión es que ese dinero sea reclamado por la Audiencia Nacional.

Los movimientos que más llamaron la atención de las autoridades portuguesas fueron los realizados a través de sociedades creadas o controladas por personas vinculadas a la trama investigada en España. El informe apunta a un circuito en el que el dinero salía de las empresas españolas del sector de los hidrocarburos, pasaba por sociedades portuguesas sin actividad aparente y, posteriormente, regresaba a España o se desviaba hacia otros países y plataformas financieras.

La empresa de Aldama en Portugal

Una de esas sociedades era Atmosferaudaz Unipessoal, cuyo único accionista era Víctor de Aldama. La mercantil fue constituida en agosto de 2022 con un objeto social que incluía servicios de consultoría y la compra, venta y gestión de bienes inmuebles. Sin embargo, los investigadores portugueses no localizaron operaciones inmobiliarias en el país que permitieran justificar esa actividad. Ello no impidió que en sus cuatro cuentas bancarias se ingresara, en total, 7.427.023 euros entre enero de 2022 y noviembre de 2023 procedentes de empresas españolas de hidrocarburos. El análisis de los movimientos tampoco permitió identificar compras de combustible que se correspondieran con los supuestos suministros que podían justificar esos ingresos.

Por el contrario, el dinero fue utilizado principalmente para el pago de vehículos, arrendamientos y transferencias hacia cuentas españolas. Para las autoridades portuguesas, la operativa de Atmosferaudaz encajaba en el circuito diseñado para canalizar y utilizar los beneficios obtenidos del supuesto fraude de IVA.

Mismo patrón en más sociedades

El informe identifica otras sociedades que recibieron cantidades millonarias de las empresas españolas y que presentaban patrones similares al identificado en el caso de la sociedad vinculada a Aldama: ausencia de actividad económica compatible con los fondos recibidos, falta de correspondencia entre las operaciones declaradas y los movimientos bancarios y posteriores transferencias a otras mercantiles o a cuentas personales.

Entre ellas figura Labirinto da Bruma, constituida en julio de 2023 y cuyo único accionista era una ciudadana brasileña con permiso de residencia como estudiante. La sociedad recibió 10 millones de euros de Obaoil 3000 a través de 19 transferencias desde septiembre de ese año, pese a que no constaban facturas declaradas a las autoridades fiscales portuguesas que justificaran esos ingresos.

Otra de las sociedades analizadas, Cálculo Corrente, recibió alrededor de 5,9 millones de euros entre marzo y septiembre de 2023 procedentes de Salamanca Fuel Center y Obaoil 3000. Aunque declaró unos 3,1 millones de euros en facturas, los conceptos consignados no se correspondían con operaciones propias del sector de los hidrocarburos, según el análisis de los investigadores que la Fiscalía Europea recoge en su escrito.

El dinero siguió después circulando entre sociedades del entramado. Cálculo Corriente transfirió fondos a Cifracrobática, una mercantil cuyo accionista era una sociedad luxemburguesa dirigida por el empresario Manuel Recio. Esta última recibió alrededor de 2,4 millones de euros procedentes del circuito español y, posteriormente, aproximadamente 1,65 millones acabaron de nuevo en España, en una cuenta de Agropecuaria El Convento.

En el caso de Diálogo Erudito, cuyo único accionista era el empresario Juan Catalán, la sociedad recibió cerca de un millón de euros de Canary Islands Fuel desde enero de 2023. Parte de ese dinero fue transferido después a Cifracrobática y otra cantidad, de unos 500.000 euros, a una sociedad china. Los fondos terminaron regresando posteriormente a Portugal y, desde allí, parte de ellos volvió a España.

El informe también señala que varias de estas sociedades carecían de registros de operaciones intracomunitarias en el sistema europeo de IVA (VIES). Para las autoridades portuguesas, esta circunstancia reforzaba la sospecha de que las operaciones comerciales consignadas en algunos documentos no respondían a una actividad empresarial real.