Mientras sigue sin resolverse la situación de al menos 5.000 personas que asaltaron la frontera de Ceuta desde Marruecos a finales de julio, crece la sensación de que a España no le saldrá gratis resolver una situación que no debiera haberse producido. En el cuartel general de los populares están convencidos de que Rabat pondrá un precio a ese retorno y que es eso, y no otra cosa, la cuestión que se dirime ahora entre ambos gobiernos. No aciertan en el PP a especular en torno a cuál puede ser el precio que ponga Rabat, pero de ahí que Alberto Núñez Feijóo insistiera ayer en la idea de que "los españoles tenemos derecho a saber qué ha trasladado España a Marruecos y qué respuesta ha recibido".
"Tenemos la seguridad de que esos 5.000 no volverán a Marruecos sin que el Reino de España ceda para ello", dicen en Génova sobre esas palabras del líder del PP, no en pasado, sino a futuro. La sospecha, trasladada también desde Ceuta, es que esta crisis "no se va a resolver gratis", por mucho que el país vecino insista en tener las puertas abiertas para facilitar el regreso tanto de los adultos como de los menores no acompañados. Y desde el comité de dirección popular aventuran a que ese precio "lo conoceremos, no cuando se resuelva la crisis, que todavía va para largo, sino mucho más adelante".
Recuerdan, en este sentido, el inopinado cambio de criterio respecto a las aspiraciones soberanistas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a las que el Ejecutivo de nuestro país dio el plácet. Los motivos de ese giro histórico nunca han sido aclarados más allá de las sospechas de que tras el caso de espionaje al gobierno con la tecnología del Pegasus, tampoco resuelto, estuviera Rabat y pudiera manejar información comprometedora del presidente del Gobierno. Una vez más, esta teoría fue enarbolada por Feijóo en el debate parlamentario del pasado día 3, cuando preguntó al presidente del Gobierno "¿qué sabe Marruecos de usted?".
Sánchez desautoriza a sus ministros y asume que algunos de los asaltantes permanecerán en España
Cinco semanas después de la avalancha que entró a Ceuta a nado y por el espigón la crisis no está, ni mucho menos, resuelta. El foco se centra ahora en el futuro de las miles de personas que entraron irregularmente y permanecen en la ciudad, a la espera de ser filiadas y, supuestamente, expulsadas. Pero ayer mismo Sánchez rebajó los constantes anuncios de sus ministros de Exteriores y de Interior, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, en el sentido de que todas y cada una de ellas serían devueltas al otro lado de la frontera. "Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos", dijo ayer el presidente del Gobierno en una reunión conjunta con sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
A juicio de los populares, la ley ya ampara la devolución de aquellos inmigrantes que llegaron a España ilegalmente ante la indolencia, cuando no la directa colaboración, de la gendarmería marroquí, responsable del control de su frontera. Esta es la tesis que sostuvo ayer el portavoz popular, Borja Sémper, al recordar como "hemos dicho en muchas ocasiones que el retorno de las personas que entraron de una manera irregular en España no requieren un nuevo marco jurídico sino que está amparado por el presente y por el europeo. Se puede hacer ya", aseguró sin forzar los marcos jurídicos.
El PP desautoriza al ex ministro de Defensa Federico Trillo
Replicaba de este modo también, a preguntas de los periodistas, al ex ministro de Defensa Federico Trillo, quien ha propuesto como vía para esa expulsión la declaración del estado de excepción, lo que permitiría sacar del país "a todos los invasores ilegales, sean o no menores", según afirmó en una entrevista en Europa Press. Trillo era el titular de Defensa durante la invasión, por parte de Marruecos, de la isla de Perejíl, en julio de 2002, desalojada por el Ejército.
Llegado este punto, Sánchez se encuentra en una posición poco menos que imposible para resolver la crisis a la que ha respondido tarde y mal. Las costuras de Ceuta están a punto del estallar, pero el jefe del Ejecutivo también se resiste a trasladar inmigrantes a otras Comunidades, tal y como le piden sus socios. Ha asegurado por activa y por pasiva a la Unión Europea que ninguno de los que entraron a finales de julio, saldrán de la ciudad autónoma destino a la Península, con la posibilidad de alcanzar el resto de las fronteras interiores. Su intención es tramitar los expedientes de expulsión en la ciudad autónoma y no ser acusado por más países de poner en peligro el espacio Schengen.