La Audiencia Nacional investigará la respuesta del Gobierno a las alertas previas sobre la entrada en Ceuta

La jueza a cargo de la crisis de Ceuta en la Audiencia Nacional ha abierto la puerta a investigar la respuesta del Gobierno ante las alertas emitidas por las autoridades españolas antes de la entrada masiva de migrantes que se produjo en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. En un auto emitido este lunes, la magistrada María Tardón ha avalado la competencia de su órgano para investigar los hechos y precisado que deberán analizarse todas las actuaciones producidas en territorio español relacionadas con la entrada. Entre ellas, expresamente, "la articulación de adecuados medios de respuesta" a la vista de las alertas previas sobre su posible acaecimiento.

La Policía ya había puesto el foco en esta cuestión en el informe que remitido la semana pasada a la magistrada. En concreto, los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) advertían de que podría haber "otros sujetos con posibles responsabilidades", y subrayaban que los efectos de lo ocurrido en Marruecos pudieron verse "amplificados o mitigados" por la respuesta articulada en territorio español. Y es que los agentes aseguran que se alertó hasta en nueve ocasiones del riesgo de nuevas entradas y sus posibles consecuencias, tanto en los días previos a la avalancha como durante los días posteriores, tal y como figura en los anexos del informe, al que tuvo acceso El Independiente.

Las nueve alertas de la Policía

La primera alerta se produjo el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta remitió un formulario de comunicación de hechos relevantes en el que advertía de una "Entrada Masiva a nado de inmigrantes". Dos días después, el 29 de julio, el CENIF emitió una nueva alerta dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla en la que advertía del "riesgo potencial de entradas irregulares en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla el día 30 de julio", tal y como avanzó en exclusiva este periódico.

Los avisos continuaron durante la propia crisis. El 30 de julio, el CENIF alertó del riesgo de colapso en Ceuta y Melilla y de un posible traslado posterior a la Península de las personas que habían conseguido entrar. El 31 de julio volvió a actualizar el riesgo de colapso y, ya el 1 de agosto, emitió nuevas comunicaciones ante el posible desplazamiento por vía marítima de migrantes desde Ceuta hacia las costas de Cádiz. La cadena de alertas se prolongó hasta el 4 de agosto.

La existencia de estos avisos fue precisamente uno de los asuntos que Pedro Sánchez abordó la semana pasada en el Congreso. El presidente del Gobierno sostuvo que ninguno de los informes, mensajes o notas verbales recibidos por las autoridades políticas había previsto "ni la escala ni la probabilidad" de lo que finalmente ocurrió. Sánchez admitió que había documentos que alertaban del aumento de los cruces a nado y del riesgo de nuevas entradas, pero defendió que se trataba de avisos dentro de la evolución habitual de la presión migratoria y que no anticipaban una llegada de más de 70.000 personas.

El propio presidente mencionó ante el Pleno las notas elaboradas por el CENIF los días 28 y 29 de julio. Según explicó, la primera apuntaba a un posible "incremento paulatino" de los intentos de acceso por los espigones y la segunda advertía de un "riesgo potencial de entradas irregulares" en Ceuta y Melilla coincidiendo con el Día del Trono. Sánchez sostuvo que, a partir de esta última comunicación, se emitieron alertas a los puestos fronterizos. Su tesis fue que una cosa era detectar un aumento de los cruces y extremar la precaución y otra anticipar que iban a llegar decenas de miles de personas. Para zanjar precisamente esta cuestión, Sánchez anunció que el Gobierno publicaría un dosier con los informes policiales y de inteligencia previos a la entrada masiva, con el objetivo de que los medios y la ciudadanía pudieran examinar por sí mismos qué información había recibido el Ejecutivo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no aplaudió esta decisión.

Ahora, la jueza Tardón señala que deberán investigarse todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con la avalancha, y precisa que habrá que determinar no solo si se articularon medios de respuesta adecuados teniendo en cuenta la información disponible, sino también "la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva".

Un "grave ataque" a la integridad de España

La magistrada ha acordado esta investigación dentro del procedimiento que ha abierto para esclarecer la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, que considera un "grave ataque" a la integridad territorial de España. Es por ello que la jueza Tardón sostiene que los hechos no pueden analizarse como una acumulación de entradas irregulares individuales, sino como un fenómeno "complejo, organizado y de carácter claramente supraterritorial", y atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigarlo.

Tardón considera que se ha evidenciado una "clara e indudable gestión favorecedora del proceso" desde el territorio marroquí, y comparte la valoración de los investigadores del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que las fuerzas de seguridad del país no se limitaron a permitir el avance de la multitud, sino que desarrollaron lo que el informe denomina "guiado activo". Según recoge la resolución, los agentes marroquíes habrían realizado indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera para dirigirlas sobre cómo efectuar el cruce, superar los obstáculos y organizar el acceso a la playa de Fnideq y a sus aguas. La conducta aparece documentada en fotografías y vídeos incorporados al informe policial, al que tuvo acceso este periódico.

La jueza señala que durante los días 30 y 31 de julio no se registró ninguna tentativa seria de las fuerzas de seguridad marroquíes para reducir, dispersar o alejar a la multitud del perímetro fronterizo. Por el contrario, el informe del CENIF describe una actuación coordinada sobre el terreno entre agentes uniformados y personas no uniformadas identificadas como "dinamizadores", algunos de los cuales habrían sido captados impartiendo instrucciones a los propios policías. De hecho, la Policía remitió a la jueza 34 fichas con información sobre estos agentes.

La investigación tratará asimismo de determinar quién se encontraba detrás de la planificación y dirección de la operación. El análisis policial identifica cinco niveles dentro de la estructura: las personas que materialmente cruzaron la frontera; los dinamizadores de los mensajes en redes sociales; los organizadores del flujo sobre el terreno; quienes planificaron el proceso y, finalmente, quienes asumieron su dirección. En los dos últimos niveles todavía no ha sido posible identificar a personas concretas, aunque la jueza señala que quienes los integren "sí parecen operar desde el territorio de Marruecos o en vinculación con él".

Tardón descarta —al menos, de forma provisional— que las organizaciones criminales dedicadas habitualmente al tráfico de migrantes en la zona sean las responsables directas de una operación de estas dimensiones. La magistrada considera que estas redes carecen de capacidad para movilizar y gestionar de forma inmediata a un volumen tan elevado de personas, aunque sí deberán investigarse posibles actuaciones posteriores para trasladar clandestinamente a quienes entraron en Ceuta hasta la Península y el eventual beneficio económico obtenido de la crisis.

La dimensión de la entrada constituye otro de los elementos centrales del auto. El informe policial estima que entre 75.000 y 85.000 personas pudieron acceder a Ceuta durante los dos días, aunque todavía no existe una cifra exacta debido al colapso del sistema de control fronterizo y a la simultaneidad de los flujos de entrada y retorno. La estimación máxima prácticamente equivale a toda la población de la ciudad autónoma, que en 2025 era de 83.595 habitantes.

La jueza vincula además la investigación con los 83 fallecimientos registrados en aguas territoriales españolas durante la crisis. Tardón ordena a los juzgados de Ceuta que se inhiban en favor de la Audiencia Nacional respecto de las diligencias relacionadas con las muertes producidas durante el cruce a nado desde Fnideq hasta El Tarajal.