La jueza de la crisis de Ceuta respalda al CENIF frente a Marlaska: "Tiene una especial cualificación"

La jueza que investiga la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, María Tardón, respalda el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y reivindica expresamente la especialización de este órgano para analizar los movimientos migratorios. En su auto, dictado este lunes, y al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada utiliza las conclusiones del documento para reconstruir cómo se produjo la avalancha y descarta que pueda hablarse de un fenómeno espontáneo.

"Como se desprende de su propia denominación -Centro Nacional de Inmigración y Fronteras- tiene una especial cualificación para analizar cualquiera de las dinámicas que puedan estar asociadas a los fenómenos y flujos migratorios", afirma la jueza.

El pronunciamiento judicial adquiere especial relevancia en plena polémica sobre el informe del CENIF y después de que desde el Ministerio del Interior se haya cuestionado su existencia y conocimiento dentro de la cadena de mando del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. La magistrada, sin embargo, no sólo incorpora el documento a su investigación, sino que destaca de forma expresa la metodología empleada y la utilidad que ha tenido para reconstruir los acontecimientos.

Un informe "minucioso, preciso y detallado"

La jueza explica que solicitó al CENIF un informe sobre los hechos, sus circunstancias, su dinámica y las personas que pudieron participar en ellos. Tras analizarlo, señala que el documento le ha permitido "concretar cómo se produjo la entrada masiva". Y la conclusión que extrae del análisis es contundente: los hechos "no fueron incidentales, ocasionales ni espontáneos". Por el contrario, la magistrada habla de un proceso con "hitos previos, coetáneos y posteriores".

El auto destaca además el trabajo realizado por los investigadores. La jueza califica el análisis contenido en el informe como "minucioso, preciso y detallado" y señala que se realizó sobre una abundante cantidad de material gráfico y documental, junto a infografías, gráficos, esquemas analíticos e informes técnicos.

También se analizaron elementos relacionados con la organización digital y comunicaciones monitorizadas. A partir de ese material, el CENIF pudo identificar diferentes elementos relacionados con la movilización de personas hacia la frontera.

El 90,8% de los teléfonos tenía prefijo marroquí

Uno de los aspectos que recoge la resolución es el análisis de las comunicaciones vinculadas a los grupos que participaron en la movilización. El informe permitió identificar números de teléfono que se compartieron entre distintos grupos, así como administradores y participantes que actuaban como "dinamizadores" de los mensajes. Según el auto, el 90,8% de los números de teléfono identificados tenían prefijo marroquí.

La jueza utiliza estos elementos para reconstruir el recorrido de quienes participaron en la entrada masiva. Según el relato que recoge la resolución, el proceso comenzó en la zona de la playa de Castillejos, en Fnideq, desde donde las personas se dirigieron hacia el espigón del Tarajal. El acceso al lado español se produjo tanto a nado como caminando por el estrecho espigón. Una vez alcanzada la zona restringida de la playa española, la Guardia Civil trasladó a la gente a un patio bajo su custodia.

La situación terminó desbordándose cuando ese espacio quedó saturado. La puerta fue abierta y posteriormente se difundió el mensaje de que la frontera estaba abierta. La secuencia resulta determinante para la magistrada, que rechaza que lo ocurrido pueda ser considerado una concentración espontánea. "Esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual, ni se puede hablar de un acontecimiento 'por generación espontánea'", sostiene.

La expresión utilizada por la jueza adquiere especial importancia porque aparece después de que el informe del CENIF haya analizado los acontecimientos previos, las comunicaciones y la evolución de la movilización. Para la magistrada, por tanto, los hechos deben analizarse como un proceso y no como una sucesión casual de entradas.

Entre 75.000 y 85.000 entradas

El auto recoge asimismo la estimación realizada por el CENIF sobre la dimensión de la avalancha. El informe calcula que entre 75.000 y 85.000 personas pudieron entrar en Ceuta y sitúa entre 5.000 y 10.000 las que permanecían todavía en la ciudad en el momento del análisis.

La jueza deja claro, no obstante, que la cifra exacta no puede determinarse todavía con certeza. Entre las dificultades para realizar el recuento menciona el colapso de los sistemas de control fronterizo, la entrada y salida simultánea de personas y el desvío de recursos hacia las labores de rescate.

La dimensión de la crisis aparece también reflejada en el número de fallecidos. El auto señala que fueron recuperados 83 cuerpos en aguas territoriales españolas. Los fallecimientos se produjeron por ahogamientos, aplastamientos u otras circunstancias relacionadas con el intento de alcanzar la costa española.

La resolución hace referencia además a la presencia de personas especialmente vulnerables entre quienes participaron en la entrada, entre ellas personas mayores, familias con niños y bebés. Pero la cuestión que centra el razonamiento de la jueza va más allá de la cifra de personas que llegaron a Ceuta. El auto trata de determinar la naturaleza de la movilización y qué podía encontrarse detrás de ella.

En este sentido, la magistrada afirma que los datos objetivos apuntan a "un proceso en el que la migración no era sino la cobertura formal utilizada para fomentar, promover y dirigir un flujo masivo de personas hacia Ceuta". La jueza añade que la mayoría de las personas que participaron en la entrada no tenían intención de permanecer en territorio español.

La jueza habla de "guerra híbrida"

El auto da un paso más en la valoración provisional de los hechos y plantea su posible encaje en una estrategia de "guerra híbrida" o "zona gris". La magistrada considera provisionalmente que los hechos podrían constituir un ataque contra la integridad territorial del Estado y recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el 31 de julio lo ocurrido como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Todo ello se produce mientras la investigación judicial trata de determinar qué ocurrió realmente durante aquellas jornadas y qué elementos pudieron contribuir a que miles de personas alcanzaran territorio español.

La defensa del CENIF

En ese contexto, el papel del CENIF en el auto resulta especialmente significativo. La magistrada no se limita a citar sus conclusiones: explica por qué considera que este órgano policial está particularmente capacitado para estudiar este tipo de fenómenos y destaca el trabajo realizado en su informe.

La jueza subraya que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, "como se desprende de su propia denominación", tiene "una especial cualificación" para analizar "cualquiera de las dinámicas que puedan estar asociadas a los fenómenos y flujos migratorios".

El auto judicial supone así un respaldo expreso a la utilidad del informe del CENIF dentro de la investigación y a la capacidad del órgano policial que lo elaboró. Y lo hace, además, frente a la controversia abierta en Interior sobre ese documento.