A Marlaska ya sólo le queda Sánchez

Fernando Grande-Marlaska conserva un único respaldo dentro del Gobierno. El de Pedro Sánchez. Parece que el presidente sigue confiando en él, aunque el titular de Interior cada vez esté más aislado dentro de su propio ministerio y más abandonado por el resto de carteras. Cada vez son más los frentes que se le abren alrededor, y cada vez tienen menos que ver con la oposición y más con las propias estructuras del Estado y su gestión de las diferentes crisis que han rodeado Interior en el último año.

Primero fue la Guardia Civil, con una cúpula que Marlaska sigue defendiendo aún imputada por delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la labor judicial. Después fue Defensa y el CNI, y ahora, la Policía Nacional. Todas estas crisis tienen tres elementos comunes: el ministro “no sabía nada”, los informes no son fiables o no existen y, por último, en todos estos casos, la justicia ha tenido que recordarle al ex juez de la Audiencia Nacional cuáles son sus límites como ministro. 

La batalla el a UCO

El primer síntoma de ese aislamiento apareció en la Guardia Civil. La batalla por la UCO terminó colocando en el centro de la investigación judicial precisamente a quienes ocupaban la cúpula del Cuerpo cuando se produjeron los hechos: la directora general, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas. Ambos están siendo investigados por el juez Santiago Pedraz, por haber participado de alguna forma en el denominado ‘caso cloacas’, con Leire Díez y su intención de acabar con la Unidad.

Por su parte, Marlaska no sólo no les ha retirado su confianza, sino que ha mantenido su respaldo público. En paralelo, Antonio Balas, uno de los investigadores que quedó en el centro de aquella batalla, ha ascendido ahora a coronel y continuará al frente de la UCO. La paradoja es difícil de pasar por alto: el ministro mantiene su apoyo a la cúpula investigada mientras el investigador cuya actuación quedó bajo sospecha de esa misma cadena de mando asciende y sigue al frente de las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. En este caso, Marlaska ha optado por mantener su confianza en ambos pese a la investigación judicial abierta sobre su actuación.

La cúpula de la Guardia Civil

La historia tiene además un elemento especialmente incómodo para Interior: la UCO no llegó a esa situación de enfrentamiento con la cúpula de la Guardia Civil de la nada. Durante meses se abrieron informaciones reservadas contra responsables de la unidad. Hasta tres procedimientos llegaron a afectar a su jefe, Rafael Yuste, y a Balas en un periodo de tiempo excepcionalmente corto. La dirección del Instituto Armado defendió que se trataba de mecanismos internos y ordinarios, pero la investigación judicial posterior comenzó a poner el foco precisamente en cómo se habían activado esas actuaciones y quién había tomado las decisiones.

Una de las piezas más delicadas fue la nota de la Jefatura de Información que alertaba internamente de la existencia de una campaña contra los investigadores de la UCO. El documento llegó a la cadena de mando, pero no fue trasladado inmediatamente a quienes estaban siendo objeto de esas maniobras. La información publicada por este periódico apuntó al DAO, Manuel Llamas, por haber ocultado durante días esa comunicación a los investigadores. Mientras desde la propia Guardia Civil se advertía de una operación contra la unidad, los responsables de esa unidad no tenían conocimiento de la alerta.

EL DAO y la directora

Las declaraciones posteriores añadieron nuevas contradicciones sobre quién conocía qué y quién había impulsado las informaciones reservadas. Mercedes González ofreció una versión sobre su apertura, mientras los investigadores aportaron documentación que cuestionaba algunos extremos de ese relato. El DAO quedó también señalado por sus actuaciones durante aquel proceso y el asunto terminó ante el juez Pedraz, que abrió una investigación sobre la actuación de la cúpula de la Guardia Civil.

Marlaska, sin embargo, mantuvo su respaldo a González y Llamas pese a la investigación judicial. Mientras tanto, Balas continuó al frente de la UCO y ahora ha ascendido a coronel. El ministro mantiene su confianza en quienes dirigían la Guardia Civil cuando se produjeron las actuaciones investigadas y, al mismo tiempo, el investigador que quedó en el centro de aquella batalla se consolida al frente de la unidad que dirige algunas de las investigaciones que más incomodan al Gobierno.

Cuando la Justicia marca los límites

La relación entre Interior y los investigadores tampoco ha quedado limitada a la Guardia Civil. El episodio de Tardón, la jueza que investiga lo ocurrido este verano cuando unas 72.000 personas cruzaron a nado a Ceuta desde Marruecos, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar el ministro a la hora de exigir información a los agentes cuando éstos están actuando como Policía Judicial bajo las órdenes de un juez.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ordenó a los investigadores que no trasladaran a sus superiores información sobre el informe elaborado acerca de la entrada masiva en Ceuta mientras esa actuación permaneciera bajo control judicial, tal y como adelantó El Independiente en exclusiva. Cuando Marlaska pidió explicaciones por no haber tenido conocimiento del documento, la respuesta judicial fue clara: los agentes que actúan como Policía Judicial no pueden revelar a la cadena política información que está sometida a la dirección de un órgano judicial.

EL CGPJ y la Audiencia Nacional

El conflicto ha llegado esta semana hasta el Consejo General del Poder Judicial, que ha respaldado el criterio de la magistrada y ha recordado la sujeción de los investigadores a la autoridad judicial cuando desempeñan funciones de Policía Judicial.

En el caso de Marlaska resulta especialmente llamativo porque no se trata de un ministro cuestionando una decisión judicial. Es un antiguo juez de la Audiencia Nacional reclamando información sobre una investigación judicializada y encontrándose con que los órganos judiciales le recuerdan precisamente los límites que tiene como responsable político. Aún así, la Audiencia Nacional ha querido recordarle al ministro que su postura va de la mano de la de Tardón, y que la Policía Judicial no debe compartir información con nadie fuera del proceso judicial. Además, cabe recordar que Marlaska podría haber pedido un informe de oficio para depurar responsabilidades sobre lo sucedido en Ceuta, pero no lo ha pedido todavía. Y ese episodio conecta directamente con el nuevo frente abierto en la Policía Nacional.

Los informes que primero no existían

La crisis de Ceuta ha colocado a Marlaska ante un documento elaborado por investigadores de su propio Ministerio que no encaja con la versión que Interior había venido defendiendo.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) elaboró el 29 de julio un informe en el que advertía del riesgo de una entrada masiva en Ceuta, tal y como adelantó este periódico en exclusiva. El documento señalaba un riesgo elevado de llegadas a nado y contemplaba también la posibilidad de un salto de la frontera. No anticipaba una cifra concreta de personas que fueran a entrar, pero sí advertía de un escenario de riesgo que finalmente se produjo apenas unos días después. Marlaska ha defendido durante varias intervenciones que no existían informes previos que alertaran de una entrada por Ceuta. 

Al salir a la luz que sí que existían diversos informes de días anteriores, incluso de semanas antes, en los que se advertía del incremento de entradas a nado, tanto el ministro como Sánchez tuvieron que adaptar de nuevo su discurso: había informes pero no que explicaban la entrada de 72.000 personas. En todo momento desde el Gobierno se dejó claro que Marruecos no había tenido nada que ver. La cuestión se hizo todavía más delicada cuando apareció otro informe policial sobre lo ocurrido durante la entrada masiva.

El CENIF

El documento, elaborado por investigadores de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional, introduce elementos que apuntan a una actuación de las fuerzas marroquíes mucho más relevante de lo que había admitido públicamente Interior. Los investigadores hablan de una presencia escasa de agentes marroquíes en la contención y de un "guiado activo" de personas hacia territorio español. También apuntan a que el proceso pudo responder a objetivos diferentes de los estrictamente migratorios. Pero antes de que el contenido del documento provocara el terremoto político, ocurrió algo todavía más significativo.

Marlaska preguntó al director general de la Policía, Francisco Pardo, por la existencia del informe. Y la primera respuesta trasladada desde Interior fue que Pardo negaba que existiera un documento policial que señalara a Marruecos en esos términos. El informe existía. Y estaba en la Audiencia Nacional. Pardo explicó posteriormente que no conocía su contenido porque la jueza Tardón había ordenado a los investigadores que no informaran a sus superiores de una actuación sometida a control judicial.

Otra vez aparece la misma secuencia: Marlaska no sabía; el informe no existía, según la primera versión; y cuando aparece, la Justicia explica por qué el ministro no podía haberlo conocido a través de los investigadores.

El choque con Robles

Ceuta, además, ha abierto un frente que ya no está dentro de Interior. Está en el propio Consejo de Ministros. Margarita Robles sostuvo que el CNI había advertido de la situación antes de la entrada masiva. Marlaska negó que existiera un informe del CNI o de Defensa que hubiera alertado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una amenaza de esas características. La discusión afectaba a qué sabía el Estado antes de la avalancha, quién fue informado y qué hizo cada departamento con esa información. Robles defendía la existencia de avisos de los servicios de inteligencia; Interior sostenía una versión diferente.

Y mientras los dos ministros se contradecían, la documentación policial aportaba nuevas piezas. La Policía había advertido antes de la avalancha del riesgo de entradas masivas. El CNI había trasladado información sobre la situación, según la versión de Defensa. Y posteriormente un informe policial ha colocado a Marruecos en el centro del análisis sobre lo ocurrido. Marlaska, mientras tanto, ha mantenido la posición oficial del Gobierno sobre Rabat.

En este caso, la Guardia Civil, a la que también se le había pedido un informe sobre lo ocurrido en Ceuta, ha explicado que efectivamente el CNI sí informó sobre la entrada masiva, pero ha matizado que no dio datos al respecto sobre cuántas personas iban a cruzar la frontera. 

Marruecos, el hilo que une la crisis

Aquí se encuentra probablemente el elemento más sensible de toda la historia. Desde Interior y desde el Gobierno se ha defendido la relación con Marruecos y se ha rechazado que existan pruebas suficientes para sostener que las autoridades marroquíes alentaran deliberadamente la entrada masiva en Ceuta. Pero los investigadores policiales han puesto sobre la mesa otra hipótesis.

El informe de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional habla de "guiado activo" por parte de agentes marroquíes y de una posible planificación previa. También considera que la entrada pudo responder a objetivos diferentes de los puramente migratorios.

Y el documento introduce además otra cuestión: la posible responsabilidad española en la gestión de la crisis. No se limita a señalar qué ocurrió al otro lado de la frontera, sino que analiza cómo las actuaciones desarrolladas en España pudieron amplificar o mitigar el efecto de lo que estaba sucediendo.

Después de conocerse el contenido íntegro del informe de 55 páginas del CENIF, desde el ministerio del Interior se realizó una campaña de descrédito de los agentes. Un documento dejaba claro cuál era “la naturaleza” de estos agentes, desprestigiando a los efectivos que realizaron ese reporte. 

Esto deja a Marlaska ante una posición especialmente incómoda. El ministro no sólo tiene que explicar qué sabía Interior antes de la entrada masiva. Tiene que explicar también por qué el relato político sobre Marruecos difiere de los elementos que están recogiendo los investigadores policiales en un documento remitido a la Justicia.

Sánchez como única garantía

Todo ello deja a Sánchez como el último sostén político de Marlaska. El presidente no sólo ha mantenido su confianza en el ministro durante la crisis de la Guardia Civil. También ha respaldado al Gobierno en el enfrentamiento entre Interior y Defensa y ha tratado de cerrar filas ante las consecuencias políticas de la crisis de Ceuta.

Marlaska sigue teniendo, por tanto, el poder formal. Sigue siendo el ministro del Interior y mantiene el respaldo del presidente. Pero el problema que empieza a dibujarse es otro. Cada vez son más las instituciones, cuerpos y documentos que obligan al ministro a dar explicaciones sobre lo que ocurre bajo su propia responsabilidad. Primero fue la Guardia Civil. Después, Defensa. Ahora, la Policía. Y entre todos ellos, los tribunales. A Marlaska todavía le queda Sánchez. Pero, por ahora, parece que le queda poco más.