Policías denuncian que Interior busca "cabezas de turco" tras el informe sobre Ceuta: "Es acoso gubernamental"

Los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras han quedado en el centro de la polémica después de que el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta haya llegado a la Audiencia Nacional y apunte, de manera clara, a la participación de Marruecos en el asalto. El sindicato JUPOL denuncia ahora que Interior está tratando de averiguar qué informes, alertas y documentos fueron elaborados por los agentes en los días, semanas y meses anteriores a la crisis y considera que esta actuación supone un "acoso gubernamental" contra los funcionarios que hicieron su trabajo.

La organización policial sostiene que la situación se produce después de que la Justicia haya tenido acceso a uno de los informes elaborados por los investigadores policiales sobre la crisis de Ceuta. Frente a las explicaciones ofrecidas por Interior en los últimos días, JUPOL reclama que se deje de poner el foco sobre los funcionarios que elaboraron esos documentos y que se investigue qué información estaba disponible antes de la entrada masiva, cuándo llegó a los responsables y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

El CENIF elaboró un informe de 55 páginas acompañado de documentación gráfica en el que se analiza la entrada masiva en Ceuta y la actuación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes. El documento forma parte de la documentación que ha llegado al ámbito judicial y cuya existencia ha provocado una creciente disputa entre Interior y los investigadores policiales.

Marlaska reclamó explicaciones

La polémica se ha producido además después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamara explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, sobre el supuesto informe policial. Pardo negó inicialmente que existiera un documento con las características que se estaban atribuyendo a la Policía, mientras que posteriormente se conoció la existencia del trabajo elaborado por el CENIF. La situación ha obligado al Ministerio a dar explicaciones sobre qué documentos conocía y cuáles estaban en poder de sus responsables.

En paralelo, JUPOL pone ahora el foco precisamente en las actuaciones que, según el sindicato, se estarían llevando a cabo dentro de la Policía para localizar qué informes y alertas fueron elaborados antes de la crisis. La organización considera especialmente preocupante que se intente identificar a los funcionarios que participaron en su elaboración después de que uno de esos documentos haya sido requerido por la Justicia. "Si existían informes, alertas o documentos que advertían de un riesgo para Ceuta, la pregunta no debe ser quién los elaboró, sino por qué no se actuó ante ellos", sostiene el sindicato.

La cuestión de las alertas previas es especialmente relevante en la reconstrucción de los acontecimientos. Según la información manejada estos días, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras había elaborado el 29 de julio un informe interno en el que advertía de una presencia masiva de personas en la zona fronteriza con Ceuta y Melilla y señalaba el riesgo de un salto de la valla o de una entrada por vía marítima. El documento no establecía que fueran a entrar decenas de miles de personas, pero sí advertía del riesgo de una entrada masiva.

Los antecedentes

Dos días antes, el 27 de julio, se había celebrado además una llamada en la que participaron tanto el ministro del Interior, y Diego Rubio, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, junto a representantes de la Ciudad de Ceuta. En ese encuentro se abordó el incremento de las entradas a nado y la circulación en redes sociales de mensajes sobre una posible convocatoria. Mientras desde Ceuta se trasladaba una mayor preocupación, Rubio habría rebajado el nivel de alarma al considerar que situaciones similares se producían otros veranos y que la relación con Marruecos era entonces buena.

Estos antecedentes forman parte de las cuestiones que deben esclarecerse para determinar qué información estaba disponible antes de la entrada masiva y qué recorrido tuvo dentro de las distintas estructuras del Estado. JUPOL sostiene que la investigación no debería dirigirse contra los policías encargados de elaborar los informes, sino hacia las decisiones adoptadas por quienes tenían capacidad para actuar.

El sindicato también establece una comparación entre el informe del CENIF y el documento elaborado por la Guardia Civil sobre los mismos acontecimientos. Según JUPOL, el trabajo de la Policía Nacional tiene 55 páginas y abundante documentación gráfica, mientras que el de la Guardia Civil consta de tres páginas. Para la organización policial, esta diferencia hace necesario conocer qué información recabó cada cuerpo, qué alertas trasladó a sus superiores y qué respuesta recibieron esas advertencias.

JUPOL reclama por ello que se garantice la independencia de los investigadores policiales y que ningún funcionario sea represaliado por elaborar un informe profesional. La organización exige a Marlaska que explique públicamente qué actuaciones se están llevando a cabo sobre los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, quién las ha ordenado y con qué finalidad.

Quién informó

El sindicato considera "inaceptable" que Interior centre sus esfuerzos en determinar "quién informó", qué documentos se elaboraron o qué alertas fueron trasladadas, en lugar de aclarar qué ocurrió con esa información una vez llegó a los superiores y a los responsables con capacidad de decisión.

"Los policías no deciden las políticas migratorias, no controlan las fronteras desde el ámbito político y no toman las decisiones del Gobierno", recuerda JUPOL. Su función, añade, consiste en analizar la información disponible, detectar riesgos, elaborar informes y trasladarlos a sus superiores y a las autoridades competentes.

Por eso, la organización policial rechaza que los agentes puedan acabar convertidos en responsables de una gestión que no les corresponde. JUPOL reclama que se esclarezca qué información recibió Interior, cuándo la recibió y qué decisiones se tomaron a partir de ella, al tiempo que pide que la Audiencia Nacional pueda investigar con "absoluta independencia".

El sindicato advierte finalmente de que defenderá a los policías que hayan actuado dentro de la legalidad y en cumplimiento de sus funciones y rechaza que los funcionarios puedan ser utilizados como "chivos expiatorios" para ocultar posibles errores o responsabilidades políticas en la gestión de la crisis de Ceuta.