Una reforma que el Gobierno 'le debía' a Europa: las claves de los cambios en inmigración y asilo precipitados por la crisis de Ceuta

Casi un mes después de la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta, el Gobierno ha aprobado los anteproyectos de la nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería, un paso necesario para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado por la Unión Europea en 2024.

Las nuevas normas, que todavía deben pasar por las Cortes, cambian la forma de gestionar las llegadas irregulares, las solicitudes de asilo y los retornos. El objetivo, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es contar con un sistema "más ágil, eficaz, ordenado y garantista" ante el aumento de las solicitudes de protección internacional, que han pasado de unas 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.

¿Qué ocurrirá cuando alguien entre irregularmente?

Una de las principales novedades será el llamado 'triaje' en frontera. Las personas que entren de forma irregular deberán ser identificadas y pasar controles médicos y de seguridad, un examen para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y la toma de datos biométricos, como huellas e imagen facial.

Hasta que termine este proceso no se autorizará formalmente su entrada en España. El plazo previsto será de 72 horas, aunque un juez podrá ampliarlo.

En determinados casos, quienes soliciten asilo tendrán que permanecer en instalaciones policiales y a disposición de las autoridades mientras se estudia su petición. El procedimiento fronterizo podrá prolongarse hasta doce semanas.

La reforma también permitirá acelerar el estudio de determinadas solicitudes de asilo, que deberán resolverse en un máximo de tres meses. Se aplicará, entre otros casos, cuando existan motivos relacionados con la seguridad nacional, las alegaciones sean manifiestamente incoherentes o cuando concurran las circunstancias previstas para solicitantes procedentes de países considerados seguros.

Rechazo de la solicitud de asilo

El nuevo sistema busca agilizar también los retornos. La resolución que deniegue una solicitud de protección internacional podrá incluir directamente la decisión de retorno, de modo que quienes no tengan derecho a permanecer en España puedan ser devueltos siguiendo el procedimiento establecido.

La reforma desarrolla además conceptos europeos como el de "tercer país seguro" o "país de origen seguro" y simplifica algunos trámites y recursos.

Pero la entrada irregular no supone una devolución automática. Antes debe determinarse la situación de cada persona y, si solicita protección internacional, debe poder acceder al procedimiento correspondiente con las garantías previstas por la legislación europea.

Protección específica para menores y personas vulnerables

La nueva legislación refuerza también la atención a colectivos especialmente vulnerables. Se contemplan medidas específicas para menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y víctimas de tortura, violencia o trata.

En el caso de los menores no acompañados, el interés superior del menor debe prevalecer durante todo el procedimiento. La normativa contempla su tutela y la búsqueda de una solución que pueda pasar por la reagrupación familiar o la protección en el país de origen cuando sea posible y seguro.

También se incorporan expresamente supuestos relacionados con la persecución por motivos de género, identidad o expresión de género y discapacidad.

Una reforma pendiente para adaptar

El Pacto Europeo de Migración y Asilo fue aprobado el 14 de mayo de 2024 y su aplicación comenzó el pasado 12 de junio. España debía adaptar entretanto su legislación nacional. La ex-eurodiputada Soraya Rodríguez ha criticado en El Independiente que el Gobierno llegara a la entrada en vigor del nuevo marco sin haber completado esas reformas, pese a que en diciembre de 2024 había remitido a Bruselas un Plan Nacional de Implementación en el que reconocía su necesidad.