La crisis migratoria de Ceuta ha abierto una nueva brecha entre el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de policías y guardias civiles. La gestión del episodio de los días 30 y 31 de julio, las alertas previas sobre el riesgo de una entrada masiva y el posterior enfrentamiento en torno al informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) han elevado la tensión hasta un punto inédito. Ahora, los sindicatos policiales reclaman explicaciones a Fernando Grande-Marlaska y cuestionan abiertamente la actuación de su departamento.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha dado este martes un paso más al solicitar al Grupo Parlamentario Popular en el Senado que impulse una comisión de investigación sobre el asalto fronterizo de Ceuta. El sindicato reclama que Marlaska y los responsables gubernamentales expliquen qué información recibieron antes de la crisis, qué medidas adoptaron y por qué los policías desplegados tuvieron que afrontar el episodio en unas condiciones que considera "indignas".
La organización sostiene que Interior ha tratado de minimizar la relevancia de las advertencias policiales previas. En particular, critica la explicación difundida por el Ministerio el pasado 2 de septiembre, según la cual el aviso elaborado por el CENIF el 29 de julio constituía una "alerta de riesgo frecuente" y no advertía de una entrada masiva al día siguiente.
"Riesgo extremo" en Ceuta
CEP contrapone esa versión con el contenido del auto judicial conocido esta semana, en el que, según el sindicato, se recoge expresamente una previsión de "riesgo extremo" ante posibles entradas coordinadas a nado y por el vallado. La organización considera que esa contradicción debe ser aclarada en sede parlamentaria.
La secuencia de avisos es precisamente uno de los puntos que el sindicato quiere que examine la comisión. Según la documentación que maneja CEP, el 27 de julio la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta remitió una comunicación sobre las entradas masivas a nado. Dos días después llegó la alerta del CENIF y durante los días 30 y 31 se sucedieron nuevas advertencias sobre el riesgo de colapso.
La pregunta que plantea la organización es quién recibió esas comunicaciones, hasta dónde llegaron dentro de la estructura de Interior y qué decisiones se tomaron antes de que la frontera quedara desbordada.
Pero el enfrentamiento no se limita al contenido de aquel informe. CEP acusa directamente a Interior de haber cuestionado el trabajo de los policías que elaboraron el documento a requerimiento judicial. El sindicato considera especialmente grave que el Ministerio haya puesto en duda el alcance del informe, la naturaleza de la unidad que lo elaboró o las fuentes utilizadas, cuando ese trabajo forma parte de la investigación judicial abierta sobre lo sucedido.
"Intentar desacreditarlos cuando cumplen esa obligación constituye, a juicio de CEP, una maniobra indecente para proteger al ministro y desviar la atención", sostiene la organización, que reclama incluso la dimisión de Marlaska.
Los mandos se negaron a firmar
A esta tensión se ha sumado este martes el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha exigido explicaciones por las informaciones que apuntan a que varios mandos policiales se habrían negado a firmar un informe que negaba la existencia de avisos previos y exculpaba a Marruecos de lo sucedido.
El SUP condiciona sus acusaciones a que esas informaciones se confirmen, pero considera que, de ser así, los hechos serían de extrema gravedad. "La Policía Nacional no está para fabricar informes que encajen con la versión de ningún Gobierno", advierte el sindicato, que quiere saber quién encargó ese documento, quién estableció sus conclusiones, por qué algunos mandos se habrían negado a firmarlo y qué versión acabó llegando finalmente al Ministerio.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional resume así su posición: "Que dejen a los policías hacer su trabajo". A su juicio, no resulta admisible que los agentes sean necesarios para contener una crisis, después sean desacreditados cuando sus informes resultan incómodos y posteriormente se pretenda que avalen una determinada versión de los hechos.
"Maltrato institucional vergonzoso"
La presión sobre Interior llega también por las condiciones en las que se produjo el despliegue. CEP recuerda que ya denunció que algunos de los policías trasladados desde la Península fueron alojados en instalaciones con suciedad, colchones deteriorados, duchas defectuosas y ventilación insuficiente. El sindicato llegó a señalar que decenas de agentes compartían un único inodoro.
La organización considera que esas condiciones representan un "maltrato institucional vergonzoso" hacia los funcionarios que tuvieron que afrontar la crisis en primera línea.
Y en las últimas horas ha aparecido un nuevo elemento que ha provocado especial malestar entre fuentes policiales consultadas por El Independiente vinculadas con la información sobre la elaboración en la Oficina de Comunicación de Interior de un dosier en el que se clasificaría a periodistas según su ideología o afinidad con el Gobierno, según ha adelantado El Confidencial.
"Es demencial", señalan fuentes policiales consultada por este periódico. "Una clasificación de los medios por su ideología o simpatía". Otra fuente califica la situación de "brutal" y cuestiona que se destinen recursos públicos a este tipo de actuaciones. "Es horroroso", añade. Y sentencia sobre el titular de Interior: "El comportamiento de Marlaska es vergonzoso".
La indignación conecta dos asuntos que, aunque distintos, están alimentando el mismo malestar dentro de las organizaciones policiales: la percepción de que Interior dedica esfuerzos a defender su relato sobre la crisis de Ceuta mientras cuestiona a los profesionales que elaboraron informes que pueden resultar incómodos y, al mismo tiempo, destina recursos a analizar la posición ideológica de periodistas.
Si hubiera otra entrada masiva
El SUP, además, mira ya hacia adelante. Este lunes reclamó evaluar si España estaría preparada para responder mañana a una nueva entrada masiva como la del 30 de julio. La organización advierte de que, sin más efectivos, información preventiva, capacidad de reacción inmediata, protocolos específicos y medios adecuados, un episodio similar podría volver a generar una situación crítica.
"Una frontera no es solo una cuestión migratoria", sostiene el sindicato. Para los policías, la crisis de Ceuta ha demostrado que una entrada masiva puede convertirse rápidamente en un problema de seguridad de primer nivel.
Mientras la Audiencia Nacional investiga las circunstancias y posibles responsabilidades de lo ocurrido, los sindicatos reclaman que también se depuren las responsabilidades políticas y operativas. En el punto de mira queda un Ministerio que afronta simultáneamente el cuestionamiento de sus explicaciones sobre las alertas previas, las críticas por el despliegue policial y una creciente contestación interna por el tratamiento dado a los informes elaborados por sus propios especialistas.
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