El Tribunal Constitucional encara en las próximas semanas el tramo decisivo de la amnistía. Después del aval de la justicia europea, el órgano de garantías comienza a resolver los recursos de los líderes del procés a los que el Tribunal Supremo rechazó aplicar la ley por la malversación. Y el primero que resuelva puede marcar el camino para todos los demás, según precisan fuentes jurídicas a El Independiente.

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Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, el Pleno del Constitucional deliberará el próximo 22 de septiembre sobre el recurso de amparo de Jordi Turull, el primero de los siete presentados por los dirigentes independentistas a los que el Supremo no ha aplicado la medida de gracia. En los siguientes plenos llegará el turno de los demás condenados y también de los procesados que se encuentran en el extranjero. Entre ellos, el expresident catalán Carles Puigdemont.

El Supremo dejó fuera de la amnistía la malversación del procés al considerar que concurría la excepción prevista en la ley para los casos en los que hubiera existido un propósito de enriquecimiento o un "beneficio personal de carácter patrimonial". Esa interpretación es la que ahora debe revisar el Constitucional. Si el tribunal de garantías considera que esa excepción no puede utilizarse para excluir la malversación del procés, el escenario judicial de los dirigentes independentistas cambiaría.

Así, fuentes del Supremo explican a este medio que el alto tribunal esperará a conocer los términos en los que se pronuncie el Constitucional antes de resolver los recursos relacionados con la malversación. Si la sentencia de Turull fija una doctrina con vocación general, el criterio se extendería al resto de afectados sin necesidad de que el tribunal de garantías resuelva cada amparo por separado. Es decir, Turull puede convertirse en la primera pieza de un efecto cascada que alcance también a Puigdemont.

El caso de Puigdemont es diferente al de los cuatro condenados. El expresident, Toni Comín y Lluís Puig permanecen procesados en rebeldía y fuera de España, con una orden nacional de detención vigente. En cambio, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa ya fueron condenados por el Supremo. Para los primeros, una eventual aplicación de la amnistía tendría como principal consecuencia el levantamiento de esas órdenes y, con ello, la posibilidad de regresar a España sin riesgo de ser detenidos por esta causa.

Recursos resueltos en la primera semana de octubre

La ponencia del recurso de Turull ha recaído en el magistrado José María Macías, uno de los miembros del Constitucional más críticos con la ley de amnistía. Fuentes del tribunal de garantías apuntan a este periódico que su propuesta inicial sería contraria a conceder el amparo, por lo que previsiblemente será rechazada por la mayoría del Pleno.

A partir de ahí, Macías podrá redactar una nueva resolución acorde con el criterio mayoritario y mantener su discrepancia mediante un voto particular, o ceder la ponencia. En ese segundo escenario, será Conde-Pumpido quien designe a un nuevo ponente, que podría ser él mismo. En cualquier caso, la previsión dentro del Constitucional es que el trámite avance con rapidez. Las citadas fuentes estiman que la primera semana de octubre estarían resueltos todos los recursos de amparo.

El protagonismo pasará entonces al Supremo. Una vez publicada la doctrina del Constitucional, serán los tribunales que tienen las distintas causas sobre la mesa los que deberán aplicarla. En el caso de los condenados, será la Sala que dictó las sentencias la que tenga que adaptar sus resoluciones. En el de Puigdemont, Comín y Lluís Puig, el foco estará en el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, que mantiene vigentes las órdenes nacionales de detención contra ellos.

Fuentes del Supremo consultadas por El Independiente descartan además que Llarena tenga previsto elevar una nueva cuestión prejudicial al TJUE sobre la aplicación de la amnistía. El alto tribunal considera que, una vez que el Constitucional fije su doctrina sobre la malversación, el siguiente paso será aplicar ese criterio a las distintas situaciones procesales, ya en el Supremo.

Puigdemont no tiene previsto presentar ningún escrito

La defensa de Puigdemont tampoco prevé mover ficha de inmediato. Su abogado, Gonzalo Boye, ha trasladado en una entrevista con El Independiente que no tiene previsto presentar ningún escrito cuando el Constitucional resuelva el primer recurso. Boye considera que, si el TC fija una doctrina clara sobre la aplicación de la amnistía, serán los propios tribunales los que tendrán que aplicarla. En su opinión, la combinación del pronunciamiento del TJUE y de la futura sentencia del Constitucional debería llevar al Supremo a reconocer la amnistía. "Y Puigdemont volverá cuando el Supremo aplique la amnistía".

El calendario queda así concentrado en las próximas semanas. El 22 de septiembre, el Constitucional comenzará a deliberar sobre el recurso de Turull. La resolución que salga de ese primer examen determinará si los demás amparos deben seguir su propio recorrido o si el tribunal fija una doctrina capaz de arrastrarlos.