La aplicación de la conocida popularmente como "ley de nietos" ha vuelto a poner de manifiesto las carencias estructurales del Servicio Exterior español. Así lo ha denunciado la la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), a través de un duro comunicado emitido por su Junta Directiva. Tras semanas de incertidumbre por el fallo del Tribunal Supremo sobre la norma, los diplomáticos alzan la voz ante la "falta de planificación" en la aplicación de la normativa, que ha saturado la red consular y está provocando un grave daño reputacional a los funcionarios en el exterior.
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El núcleo de las críticas radica en la precipitación normativa. A diferencia de otras leyes, como la de nacionalidad saharaui, que prevé un periodo de cuatro meses desde su aprobación hasta la entrada en vigor para preparar a la administración, la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 se aprobó sin vacatio legis, explican. Es decir, entró en vigor de forma inmediata. Esta ausencia de periodo transitorio impidió a los consulados adaptar sus instalaciones, reforzar sus plantillas o actualizar sus sistemas informáticos antes de recibir una avalancha masiva de solicitudes de nacionalidad.

Una red consular al límite de su capacidad

La ADE subraya que el incremento en la carga de trabajo que supuso para los servicios consulares la tramitación de las solicitudes de nacionalización no vino acompañado de un mayor presupuesto o refuerzo del personal necesario. "Se organizó lo mejor que pudo y afrontó una demanda de usuarios, en muchos consulados, desmedida para las capacidades existentes", señalan. Todo ello sin desatender sus tareas cotidianas habituales, que incluyen las inscripciones en el Registro Civil o la emisión de pasaportes, entre otras.

Esta saturación ha afectado a los servicios consulares, desencadenando la frustración de miles de usuarios, que aprecian un retraso en la tramitación de sus peticiones. Aunque desde la ADE admiten que estas quejas no son infundadas, subrayan que el colapso no responde a la desidia del personal público –cuyo esfuerzo califica de "extraordinario"–, sino a la falta de recursos asignados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Hostilidad, señalamiento y abandono institucional

Lo que más preocupa al colectivo diplomático es el impacto que esta situación ha tenido sobre la reputación de los servicios consulares. El comunicado lamenta que se han producido "señalamientos", "ataques" y "acusaciones sin fundamento" en medios y redes sociales contra diplomáticos y empleados públicos. Señalan que los ataques están derivando en "una agresividad a menudo extrema, con amenazas de muerte e insultos graves que abarcan a sus familiares y aspectos como su orientación sexual". 

Para la asociación, este episodio es el reflejo de una "dejadez y desidia" sistemática hacia el Servicio Exterior español. Al colapso operativo se suma ahora un desgaste reputacional injusto, donde los funcionarios que intentan aplicar la ley sobre el terreno están pagando lo que, a sus ojos, ha sido una mala gestión política y administrativa.