El Congreso aprueba la ley de nacionalidad para los saharauis entre exigencias a Sánchez: "Rectifique el giro de 2022 con Marruecos"

El Congreso votó este jueves a favor del dictamen de la proposición de ley para reconocer la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración española y a sus descendientes antes de 1977. El texto salió adelante con 168 votos a favor, los de PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios; el PP y Junts se abstuvieron y Vox votó en contra. Ahora el asunto pasará al Senado, con mayoría de los populares, para continuar la tramitación. La votación se produjo ante la presencia en la tribuna de representantes saharauis residentes en España y del Frente Polisario en nuestro país, testigos de una jornada que todos los grupos, con distintos matices y desde posiciones políticas enfrentadas, presentaron la medida como una forma de "reparación de una deuda histórica" contraída por España con el pueblo saharaui tras el proceso de descolonización en 1975 y los Acuerdos de Madrid.

El debate mostró coincidencia en la necesidad de la norma, pero también se centró en un reproche colectivo contra el PSOE y Pedro Sánchez por su giro sobre el Sáhara Occidental en 2022 y por abrir una nueva etapa de relación con Marruecos y Mohamed VI. Los socios recalcaron a los socialistas que la iniciativa otorga la recuperación de un vínculo jurídico y de derechos básicos con España, pero que no puede confundirse con la solución del conflicto ni sustituir el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pese a la distancia en ello, todos los grupos de la izquierda definieron la votación de hoy como "un hecho histórico".

Los socios cargan contra el giro de Sánchez hacia Marruecos

El reproche al Gobierno centró buena parte del debate en el caso de socios próximos y más críticos. Podemos recordó que la iniciativa no nació ahora, sino que ya fue impulsada durante la pasada legislatura por ellos dentro de Unidas Podemos, y acusó al PSOE de haber puesto obstáculos durante sus diversos estadios de tramitación. Martina Velarde calificó de "infames" las enmiendas planteadas en privado por los socialistas y sostuvo que fueron retiradas para no evidenciar la sumisión a Marruecos públicamente. "Les falta valor para defenderlas delante de toda esta gente", espetó, en referencia a los representantes saharauis presentes.

Velarde denunció que el Gobierno ha convertido la relación con Marruecos en una prioridad y reclamó que los saharauis no sean utilizados como "moneda de cambio". "No le estamos haciendo favores, lo que hacemos es reparar una deuda", defendió. Para Podemos, la nacionalidad tampoco puede servir para rebajar la reivindicación política: "Un pasaporte no puede ser justificación para renunciar a la defensa de la autodeterminación, de la memoria y de la justicia".

También EH Bildu consideró la ley "justa" y "necesaria", pero insuficiente para reparar una situación que se prolonga desde hace más de medio siglo. Jon Iñarritu recordó que muchos saharauis dispusieron durante años de documentación española –pasaportes, DNI o libros de familia– antes de perder ese vínculo tras la ocupación de Mauritania y Marruecos. Pero advirtió de que la restitución individual de la nacionalidad debe ser un principio para una población sometida a ocupación, represión y separación de familias.

El diputado abertzale dirigió igualmente sus críticas al giro de Sánchez de 2022 vía carta a Mohamed VI. Si el argumento para modificar la posición española era mejorar la gestión migratoria y fronteriza y reforzar el entendimiento con Marruecos, cuestionó, apuntó que no ha funcionado en vistas de la crisis de Ceuta. La moneda de cambio, defendió, "no puede ser el pueblo saharaui". Bildu reclamó al Gobierno que regresara a la posición anterior a 2022, la de apoyo a que los saharauis decidan su propio camino en el marco de la ONU.

En términos similares se pronunció ERC. Francesc-Marc Álvaro definió la medida como "necesaria pero insuficiente". La aspiración de los saharauis, subrayó, no es convertirse en españoles, sino ser ciudadanos libres del Sáhara Occidental. Acusó al PSOE de haberles dejado "en un rincón del mundo" al desde su cambio de posición y advirtió de que esta ley no debe ser la coartada para el abandono definitivo de su derecho a la autodeterminación. Álvaro puso, además, el foco en una modificación del texto durante su elaboración. Según denunció, Exteriores pidió sustituir la expresión 'pueblo saharaui' por 'saharauis'. El diputado republicano calificó de “indigno” el papel que, a su juicio, está desempeñando el PSOE como consecuencia de su relación con Marruecos y le instó a rectificar esa postura mantenida ya durante cuatro años.

Desde Junts, Josep Pagès elevó todavía más el tono. Vio oportunismo en el Gobierno al desbloquear una iniciativa mantenida durante "un año en el congelador" que "recuperan ahora por interés político" "¿Qué juego se traen entre manos ustedes y Marruecos?", preguntó a la bancada socialista. Volvió a vincular el giro de Sánchez al caso Pegasus y el espionaje a miembros del Gobierno, a los teléfonos del presidente, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles. "Nueve gigabytes", recordó. Dijo que el PSOE de pretender utilizar "una buena causa justa" para obtener oxígeno político durante la legislatura, aprobando leyes, y denunció la "sumisión" al régimen marroquí. Pagès reivindicó asimismo el derecho de los pueblos sin Estado a decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación. La nacionalidad, vino a sostener, no puede cerrar el debate sobre la cuestión saharaui.

PNV, BNG y Compromís coincidieron también en situar la iniciativa dentro de una responsabilidad histórica española. Néstor Rego calificó de "vergonzosa" la entrega del Sáhara a Marruecos y Mauritania, mientras Mikel Legarda recordó que una medida similar pudo haberse tramitado en 2015, durante el debate sobre la nacionalidad de los sefardíes. Águeda Micó, por su parte, defendió que la ley no devuelve a los saharauis su tierra, pero sí abre "al menos una puerta", y advirtió a Marruecos de que sus posibles presiones no pueden determinar los derechos que reconoce España.

El PP se abstuvo y Vox votó no

El PP se abstuvo después de haber votado a favor de la toma en consideración de la iniciativa, rechazar el asunto en ponencia y pasar a la abtención con el dictamen en comisión. Pedro Muñoz centró su intervención en ese giro de los socialistas, criticando el abandonó de la posición que había mantenido tradicionalmente España. El diputado popular reprochó al Ejecutivo que nunca haya explicado "a cambio de qué" se produjo. Y si fue a cambio de compromiso de contención de fronteras y de seguridad para Ceuta y Melilla, replicó a los socialistas por no haberlo conseguido. Percibió el apoyo del PSOE a la medida como un intento de "limpiar su conciencia" tras abandonar a los saharauis.

Vox votó en contra y fue más allá. Ignacio de Hoces aseguró que su partido reconoce y apoya al pueblo saharaui, pero rechazó que la solución sea conceder la nacionalidad española en los términos previstos en el dictamen. Cuestionó los requisitos documentales y de antecedentes penales y advirtió de que podrían beneficiarse personas nacidas en el Sáhara cuando ya se había producido la ocupación marroquí.

Sumar reivindicó una deuda de la dictadura

Sumar defendió la iniciativa como una reparación de una decisión adoptada durante la dictadura franquista. Enrique Santiago recordó que Izquierda Unida ya planteó la concesión de la nacionalidad durante la tramitación de la ley para los sefardíes y que Unidas Podemos volvió a defenderla en la anterior legislatura. La proposición fue presentada de nuevo por Sumar en 2023. Santiago destacó que el PSOE había cambiado su posición durante la tramitación y que el PP había pasado del voto contrario a la abstención. Su intervención incluyó, sin embargo, un ataque especialmente dirigido a Vox, al que señaló como el único grupo que mantenía el rechazo a la iniciativa.

Después tomó la palabra Tesh Sidi, diputada de origen saharaui, que calificó de "histórico" el momento de llegar a esta votación en el Congreso. Reclamó al PP algo más que una abstención, sin éxito: "El pueblo no merece una abstención, merece hechos", aseguró. Y apeló a la unanimidad de la Cámara como forma de demostrar que la causa saharaui no puede quedar supeditada a la política española hacia Marruecos. Sidi también reconoció a las familias españolas que han acogido durante años a niños saharauis y, de manera especial, a Francina Armengol por haber sido madre de acogida.

El PSOE reivindicó su papel y recibió abucheos

El cierre del debate correspondió al socialista Artemi Rallo, que convirtió buena parte de su intervención en una defensa del papel del Gobierno y del PSOE. Cargó contra Vox, al que situó "siempre en el lado oscuro" frente a las causas que considera justas, y reprochó al PP sus cambios de posición durante la tramitación. Rallo defendió que la votación se trataba de un "acto de soberanía" española frente a las acusaciones de sometimiento a Marruecos de estas semanas. Rechazó, frente a Vox que la norma pudiera interpretarse como una modificación interesada del censo. Según explicó, los beneficiarios podrán acceder a la nacionalidad y, en determinados casos, hacerlo tras dos años de residencia en España.

El socialista reivindicó además el papel del Ejecutivo, frente a las acusaciones de socios y oposición de haberse opuesto o haber bloqueado la ley durante un amplio periodo de tiempo. Justificó esta norma gracias al "impulso y liderazgo de un Gobierno progresista pilotado del PSOE". La afirmación, y otras posteriores, provocaron pitos y abucheos desde la bancada popular y desde la de Vox. Rallo indicó que el PSOE se volvió a situar "en el lado correcto de la historia" frente a PP y Vox.