La cuenta de correo [email protected] encontrada en el rastro del virus 'Pegasus' que infectó los móviles del ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, espió también a la activista prosaharaui Claude Mangin, de nacionalidad francesa, un alcalde galo, un diplomático del Frente Polisario y un periodista marroquí exiliado en Francia. Todos ellos coinciden en su oposición al régimen marroquí, como confirma Mangin a El Independiente. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dijo no haber podido determinar quién está detrás de ese usuario y la Audiencia Nacional ha archivado la investigación por falta de pruebas.

El titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que estaba investigando el espionaje a ambos ministros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura Luis Planas, preguntó al CNI si podía saber quién estaba detrás de los usuarios que empiezan con "linakeller" y que se habían hallado tras el rastro de 'Pegasus'. Del teléfono de Robles sacaron unos 9 megabytes, una cantidad ciertamente pequeña; del de Marlaska, en cambio, se llevaron 6,3 gigabytes que, según un experto informático consultado en Interior, es una cantidad de información bastante reseñable. "Si fueron documentos solo con un giga se pueden llevar 1.000 documentos", aclara.

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional determinó que el móvil de Mangin, esposa de un saharaui encarcelado en Marruecos durante más de diez años, fue intervenido en julio de 2021. Las fechas coinciden en el tiempo con las infecciones a los terminales de Robles y Marlaska. La responsable de Defensa recibió cuatro ataques (el 5, el 10, el 18 y el 23 de junio de 2021) con el virus manufacturado en Israel que la empresa NSO Group, supuestamente, sólo vende a gobiernos. El teléfono del titular de Interior -en este caso el suyo personal- recibió dos ataques también en junio de ese año (el día 2 y el 7), en un momento en el que España vivía la resaca de una de las mayores crisis migratorias que se recuerdan en la frontera con Marruecos cuando a Ceuta llegaron a nado, en tan solo dos días, unos 10.000 migrantes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la toma de posesión de la nueva directora de la Guardia Civil, en la Dirección General de la Guardia Civil, a 4 de abril de 2023, en Madrid.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la toma de posesión de la nueva directora de la Guardia Civil, en la Dirección General de la Guardia Civil, a 4 de abril de 2023, en Madrid.

La "firma" de Lina Keller

La cuenta de correo que el Centro Criptológico Nacional detectó en una de las infecciones a los teléfonos móviles de Robles y Grande-Marlaska [email protected] conduce hasta la francesa Claude Mangin, una histórica activista de la causa saharaui casada con el saharaui Naama Asfari, que cumple actualmente una condena a treinta años de cárcel dictada por la justicia militar alauí por su defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Asfari es uno de los 22 saharauis del campamento establecido en Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún, en octubre de 2010 y desmantelado violentamente por las fuerzas de seguridad marroquíes un mes después. La protesta es un símbolo de la resistencia saharaui a la ocupación marroquí y el mayor órdago a Rabat en los últimos lustros.

El espionaje con Pegasus al celular de Mangin lleva la firma del mismo correo electrónico, tal y como queda registrado en la investigación de Forbidden Stories, publicada hace dos años por Amnistía Internacional y periodistas de 17 medios de comunicación que desveló el espionaje masivo con el malware israelí. Afectó a al menos 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de los derechos humanos y 65 empresarios. Uno de los anexos del caso advierte de que “la aparición de una cuenta de iCloud maliciosa conocida puede ser el resultado de acciones realizadas por un cliente de Pegasus contra un posible dispositivo objetivo”.

¿Quién sino Marruecos se interesaría por mí? Todo mi vida gira en torno a la causa saharaui

Claude Mangin, activista francesa prosaharaui

En conversación con El Independiente, Mangin confirma haber sido objeto de un ataque con el programa espía Pegasus, empleado para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y abogados. “Crucé las actividades de Pegasus y siempre se trató de contactos sobre mi activismo en la cuestión saharaui. Toda mi vida, en realidad, gira en torno a este tema”, reconoce la activista de nacionalidad francesa, que señala a los servicios de inteligencia marroquíes como responsables del ataque a su privacidad. “¿Quién sino Marruecos se interesaría por mí, dado lo que represento como esposa de Naama Asfari?”, se interroga Mangin.

La intromisión en su teléfono está fechada el 6 de julio de 2021, en la misma ventana temporal en la que fueron espiados Grande-Marlaska (2 y 7 junio de 2021) y Robles (entre el 5 y 23 de junio de 2021). Y no fue la única en la que se recurrió a la misma cuenta. Al menos otras dos personas con las que estaba en contacto y vinculadas a la lucha saharaui sufrieron ataques idénticos. Se trata de Oubi Bachir, uno de los diplomáticos más sobresalientes del Frente Polisario que ejercía entonces como representante del movimiento en la Unión Europea, y Philippe Bouyssou, alcalde de Ivry-sur-Seine, la población de 55.000 habitantes en los alrededores de París en la que reside Mangin.

En torno a la fecha de las filtraciones se produjo una votación en el consejo municipal de Ivry-sur-Seine para conceder una subvención de 6.000 euros a niños procedentes de los campamentos de refugiados saharauis, una sesión que se vio interrumpida por los insultos de ciudadanos marroquíes y la intervención policial. Coincidió también con un artículo publicado en 360.ma, un digital marroquí vinculado al aparato de seguridad del régimen alauí en el que se difamaba a Mangin. Tanto la activista como las otras dos víctimas presentaron una demanda en la justicia francesa. "Pero han sido muchas las intromisiones. La han sufrido 13 ministros franceses y el presidente Emmanuel Macron y es una de las razones de las desavenencias entre Francia y Marruecos", denuncia.

Otro de los individuos que sufrió un ataque desde la citada cuenta de correo optó por el anonimato. También fue víctima del mismo correo Hicham Mansouri, un periodista marroquí afincado en Francia por un periodismo de investigación que le convirtió en diana de las autoridades alauíes. Suele explicar que el uso de Pegasus es "una forma muy violenta de censura, porque nos privamos a nosotros mismos de expresar nuestras opiniones sobre muchos temas, tanto a nivel profesional como personal”. “Ése es su objetivo: que te vuelvas paranoico, aislarte de la gente y encerrarte en una prisión”, advierte.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el nuevo director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, durante su toma de posesión como director general de la Guardia Civil.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el nuevo director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, durante su toma de posesión como director general de la Guardia Civil.

El CNI dice no saber quién hay detrás

El magistrado Calama deja claro que de encontrarse nuevas pruebas el asunto puede reabrirse

El Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del CNI- logró acreditar que al menos una de las dos intrusiones que sufrió el móvil de Marlaska fue desde el correo linakeller2203, lo mismo que una de las cuatro de Robles. Los funcionarios de inteligencia realizaron dos informes distintos con el análisis de los dispositivos. Sin embargo, en la respuesta que dieron al juez en abril de 2023 aseveraron que: "No se ha podido determinar quién es el usuario de las cuentas [email protected] y linakeller2023 o quién es la persona o personas que registraron los dominios indicados en las conclusiones de los informes citados".

Esta poca contundencia de las pruebas, unido a la falta de colaboración de Israel han provocado que el magistrado Calama terminara archivando provisionalmente la investigación que denunció la propia Abogacía del Estado en nombre del Gobierno. Si bien, el juez deja claro que de encontrarse nuevas pruebas el asunto puede reabrirse. "No hay duda alguna que, de constatarse los hechos objeto de la denuncia [...] podrían ser constitutivos de alguno de los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos [...] y que en el presente caso han puesto en jaque la propia seguridad del Estado", arguye Calama en su escrito de archivo de este lunes.

En junio la resolución aprobada por el Parlamento Europeo instó a España a llevar a cabo una investigación completa del uso de Pegasus para espiar a miembros del Gobierno y del que consideró que existían "claros indicios" de que había sido Marruecos. Meses antes, europarlamentarios que investigaban el uso del software tildaron de "plausible" la autoría alauí sobre el espionaje. "Los interlocutores con los que nos hemos reunido en nuestra misión, incluso se han negado a hacer comentarios al respecto sobre posible participación o las conexiones con Marruecos por miedo a represalias. Y creo que eso precisamente para mí lo hace plausible", alegó el eurodiputado y presidente de la comisión Jeroen Lenaars aunque reconoció no tener pruebas claras sobre ello.

Las preguntas que Israel nunca contestó

Hace año y medio se iniciaban las pesquisas sobre 'Pegasus' que afectaban a los cimientos de la seguridad digital del Gobierno. A los pocos meses de abrir la investigación en la Audiencia Nacional, el juez acordó librar una comisión rogatoria (un documento con preguntas para la colaboración judicial entre países) a Israel. La idea era que la empresa NSO Group, propietaria del software espía, explicara cómo funcionaba el programa.

"A qué tipo de comprador está permitida la adquisición de este software de interceptación", preguntó el magistrado en esa ristra de cuestiones. Quería saber si en el contrato de compraventa que se hace se estipula qué uso hay que darle al programa y si una vez está en manos del comprador existe algún tipo de control por parte de la empresa. Calama quiso indagar también en si la empresa tenía capacidad de averiguar si alguno de los compradores había hecho mal uso, o si los compradores deben reportar de algún modo la utilización que hacen. "A quién o quiénes se ha vendido este producto en España hasta la presente fecha", cerró su cuestionario el togado.

Ninguno de los diez puntos fue contestado a pesar de que el juez requirió en cuatro ocasiones distinta una respuesta. El documento de archivo deja negro sobre blanco que "este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel".