Esperar a que la "presión" pueda al partido de Carles Puigdemont y también al PNV. Es a lo que se aferran dentro de Sumar a poco más de dos días de que los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, tras negociaciones 'in extremis', sean debatidos y sometidos a votación para su convalidación o no en el Congreso de los Diputados. Será el próximo viernes, sin que se haya determinado todavía la hora. De momento, la queja de los neoconvergentes a última hora del lunes, pese a que el borrador propuesto a los socialistas cambió posteriormente en dos ocasiones, no da buenas sensaciones a los magentas. Tampoco el silencio posterior a la publicitación de las medidas que recogen los dos decretos. A esa tesis se suscriben de igual manera dentro de la parte socialista del Gobierno pese a las discrepancias experimentadas entre socios para tejer esos pactos en las últimas semanas.
Al mismo tiempo, tanto fuentes del Gobierno de PSOE y de Sumar descartan que vaya a proponerse una negociación exprés en el Congreso en las próximas horas con ambas formaciones para hacer concesiones o guiños paralelos al decreto en otros ámbitos o también en vivienda. Hay que tener en cuenta que la norma se vota en sus términos y una vez aprobada queda 'cerrada' a cualquier modificación. No hay vía de enmiendas, por ejemplo, para hacerlo. Lo que toca es que los dos partidos nacionalistas, indican desde el ala magenta del Ejecutivo, asuma "lo que pide la calle" y apoye los dos decretos.
Desde esa izquierda se advierte de que en estos momentos "casi nada puede verse encarrilado" con Junts, por sus posiciones críticas contra el Gobierno, y a la vez sus intereses alineado con el de los pequeños propietarios. Pero creen en Sumar que la situación es diferente y obliga a tener altura de miras. "Todo el mundo es consciente de la dimensión del problema. La izquierda nacionalista va a ceder cosas que no le gustan como son las bonificaciones a los caseros", dicen de partidos como ERC, BNG o EH Bildu. "Nosotros hemos puesto de nuestra parte", ahora toca al resto hacer lo propio, porque si no serán parte del problema. En Sumar, asumen que las exigencias "de máximos" que reclamaban este lunes eran inviables si se quería sacar medidas de avance por el freno del PSOE, que les instó a dos decretos para evitar un fracaso casi automático al incluir prórrogas automáticas. Y aunque no se conforman con lo fijado, sí asumen que es "un buen primer paso" para dotar de mayor seguridad a los inquilinos y la clase trabajadora sobre el que avanzar a más.
En esos términos se movió el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante la comparecencia de prensa en el Ministerio de Trabajo paralela a la oficial, de Moncloa, para "rendir cuentas" sobre lo consensuado con el PSOE en los decretos. Si Junts y PNV no apoyan y se sitúan de lado del PP o Vox-, serán parte del problema. "Les auguro un futuro complicado" si van contra "el clamor" popular, determinó el ministro.
Preguntadas fuentes de Sumar sobre la celeridad para elegir la convalidación en pleno extraordinario este viernes, pudiendo dotar de un margen de casi un mes para que quien pueda acogerse a algunas medidas como la prórroga de contratos lo haga, estas determinan que la urgencia de la situación lo quiere. "Con Junts está difícil, pero no damos por hecho que no vaya a salir aprobado. Esperamos que lean detenidamente el texto y decidan", añaden. La posición de Junts es que al aceptar condiciones más duras, el PSOE apuesta por la vía de Sumar, que es la de desproteger al pequeño propietario.
Entre presión social y parlamentaria
A la presión en las calles por parte del Sindicat de Llogateres y en las redes sociales, con llamadas a ocupar las puertas de todas las sedes de Junts en Cataluña y a una insistencia permanente a sus principales cargos, se unió este mismo martes el apremio de partidos como ERC. Con su competencia política en Cataluña en máximos, el portavoz parlamentario Gabriel Rufián afirmó en los pasillos del Congreso que las medidas aprobadas son "útiles". "Hay que decir a Junts que son lentejas y que se retraten", opinó, a la vez que cuestionó la temporalidad de las medidas de protección para los desahucios, por ejemplo, limitadas hasta 2028.
Por su parte, y en referencia al segundo decreto, que contempla de forma aislada la renovación automática de los contratos -no confundir con la prórroga de alquileres que vayan a vencer en los próximos dos años-, cree que se ha separado a sabiendas de que es una medida que alejaría contundentemente a Junts y PNV. "Uno es para aprobar", porque limita plazos e incluye ayudas fiscales a los propietarios, "y el otro es para frustrar" pese a ser lo que demandan los sindicatos y Sumar. Rufián con ello se muestra más optimista, dando a entender que el decreto general sí saldrá adelante. La reticencia al segundo por parte de los de Puigdemont, determinó, es porque sus diputados están vinculados a empresas dedicadas al sector inmobiliario. Como el resto de socios, espera a leer en detalle el contenido, cuando se publique en el BOE.
Optimismo entre algunos de los socios del Gobierno: los dos decretos dejan a Junts al menos posicionado para no tumbar uno
IU, a través de un comunicado nacional, determinó que la "presión popular" ha permitido incorporar medidas que hace apenas unas semanas parecían fuera de la negociación y superan las resistencias mantenidas por el PSOE ante reformas de mayor calado. "Hubieramos preferido que todas las medidas quedaran recogidas en un único texto, y reconociendo que las medidas fiscales estén muy alejadas de las necesarias para penalizar a los especuladores, la prioridad ahora es mantener la movilización social y lograr que ambos decretos sean convalidados el viernes".
Confían en la 'pose' de Podemos
Entre las otras dudas que hay sobre el tablero, la que menos preocupa es la que deja Podemos. Sumar no cree que los de Ione Belarra vayan a tumbar los dos decretos por muy divididos que estén. Lo contrario, opinan, sería un 'suicidio' político en un periodo en el que buscan capitalizar el voto de la izquierda. Entienden que las críticas lanzadas por la diputada y secretaria general buscan encontrar una posición distinta a la que debe suscribirse Sumar para beneficiarse en esa carrera electoral. En concreto, Belarra calificó tras conocerse el acuerdo que es una "tomadura de pelo" que se decida trocear, porque al final si se aprueba algo solo será un "parche". Por no se apuesta por "ninguna medida estructural" o no se añade la "expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre". Algo que supondría un desembolse inafrontable para el Estado, según le rebatió días atrás el ministro Óscar Puente por X.
Belarra consideró que lo presentado "está muy lejos de lo que pide" la calle o los acampados de la Puerta del Sol, y que se debe "escuchar a la gente, el camino que marca". Que lejos del miedo a la negativa, ahora toca un "trágala" de Junts y PNV. Para Sumar, esa posición dejaría inoperativa cualquier protesta dura.
Sumar engorda el papel de Yolanda Díaz
Tras anunciar su paso al lado dentro de Sumar, renunciar a repetir como candidata a las generales y quedar en un plano secundario durante la nueva refundación, priorizando optar a la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde el espacio aseguran que la intervención de la aún vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido "clave" para llegar a un acuerdo que convenciese a ambos socios. Hasta ahora, Díaz ha recibido notables críticas por estar 'desaparecida' o plenamente dedicada a esa meta para una nueva etapa de representación pública, sin mayor escaparate que algunas actuaciones desde el Ministerio de Trabajo y sin que su figura causase revuelo al paso por el Congreso como en antaño.
Mientras que Urtasun y Bustinduy habrían sido cruciales en el último empujón con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Díaz habría permitido desencallar algunas cuestiones que en Sumar se reservan. Aunque extienden también a Mónica García y Sira Rego, de Sanidad y de Juventud e Infancia esa fuerza para presionar a los socialistas a asumir algunas cuestiones como la regulación de los alquileres de habitaciones. Frente a esas consideraciones de Sumar, para los socialistas la figura de Díaz ha pasado prácticamente desapercibida estas semanas en materia de vivienda, en cambio.
Este fin de semana, en las fiestas del Partido Comunista de España (PCE) en Rivas (Madrid), la vicepresidenta segunda generó revuelo con unas declaraciones precisamente sobre vivienda en las que animaba a Sumar, integrante del Gobierno, a movilizarse contra el Gobierno. Los magentas renuncian a la idea de cualquier salida preelectoral para agitar el tablero frente al PSOE y tras varios encontronazos o incumplimientos de medidas pactadas. Resumen la idea de que desde dentro del Gobierno tienen la mejor posición para presionar a Pedro Sánchez y que desde fuera, no se habría conseguido el mínimo recorrido en vivienda que los de Díaz ahora se atribuyen. "El trabajo de Sumar se está visibilizando en el Gobierno con medidas con las que el PSOE no comulgaba. Hay avances, pero esto no debe parar hoy. La modificación legislativa cambia el paso completamente", determinan.
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