El 30 de octubre de 2017 Carles Puigdemont dejó atrás Cataluña en coche rumbo a Marsella. Le acompañaban cinco de sus consellers, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret. Desde la ciudad francesa tomaron un avión hacia Bruselas, y el entonces presidente de la Generalitat comenzó una vida en Bélgica que, nueve años después, todavía no ha terminado.
Ahora Puigdemont vuelve a mirar hacia España. El martes, el Tribunal Constitucional resolverá los recursos de amparo de Bassa y Jordi Turull contra la decisión del Tribunal Supremo de dejar la malversación fuera de la Ley de Amnistía. Formalmente, ninguna de las dos sentencias resolverá sobre Puigdemont. Pero fuentes del Tribunal Constitucional explican a El Independiente que la doctrina de las resoluciones está pensada para ser trasladada al resto de recursos pendientes por la malversación del procés, incluido el del expresidente de la Generalitat.
El borrador de la ponencia de Dolors Bassa elaborado por el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, permite conocer ya cuál será el punto de partida de esa doctrina. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, propone amparar a la exconsellera y corregir la interpretación que hizo el Supremo de la excepción de la Ley de Amnistía que deja fuera los casos en los que exista un "propósito de enriquecimiento" o un "beneficio personal de carácter patrimonial". Conde-Pumpido considera que la Sala de lo Penal hizo una interpretación "claramente expansiva, opuesta a la finalidad de la norma y contraria al reo".
La ponencia sostiene que la malversación debe quedar amparada cuando exista una conexión causal entre el uso de los fondos públicos y los fines del proceso independentista y reserva la exclusión de la amnistía para las conductas dirigidas a un verdadero enriquecimiento personal. Es precisamente el criterio que el Supremo utilizó para excluir de la medida de gracia a los dirigentes del procés y el que todavía mantiene a Puigdemont fuera de la amnistía y con una orden de detención vigente.
El líder de Junts, procesado en rebeldía, tiene su propio recurso de amparo pendiente ante el Constitucional, pero no necesariamente tendrá que esperar a que el tribunal resuelva su caso. Fuentes del órgano de garantías señalan a este medio que, una vez fijada la doctrina en los recursos de Turull y Bassa, los cinco procedimientos restantes podrán resolverse aplicando ese mismo criterio. Paralelamente, fuentes del Supremo explican que entonces se deberá asumir el criterio de forma automática, sin margen para cuestionarlo.
Ahí está la clave para el expresidente. El pasado 15 de septiembre, el juez Pablo Llarena —instructor del procés— volvió a rechazar la aplicación de la amnistía al expresident de la Generalitat y mantuvo la orden nacional de detención que pesa sobre él. El magistrado descartó el argumento de que la malversación hubiera afectado a los intereses financieros de la Unión Europea después de la sentencia que emitió en julio el Tribunal de Justicia de la UE, pero mantuvo la existencia de ese supuesto "beneficio personal de carácter patrimonial". Según fuentes del alto tribunal, Llarena espera ahora a conocer la doctrina del TC para decidir como trasladarla a su negociado.
Es precisamente esa interpretación la que el Constitucional está llamado a revisar. La ponencia de Conde-Pumpido sostiene que el Supremo convirtió el concepto de enriquecimiento personal en una noción mucho más amplia de "provecho", al considerar que los dirigentes independentistas obtuvieron una ventaja patrimonial porque utilizaron fondos públicos para financiar sus objetivos políticos y evitaron así asumir esos gastos con su propio patrimonio. La Sala de lo Penal habló de un "ahorro de expensas propias".
Para el presidente del Constitucional, ese razonamiento no encaja con la finalidad de la ley. El borrador sostiene que la interpretación del Supremo es "impredecible" y que, al apartarse de la finalidad de la norma, rompe el "nexo de coherencia" entre la decisión judicial, la ley que la fundamenta y los fines de la amnistía. Conde-Pumpido concluye que esa interpretación vulneró el derecho de Bassa a la tutela judicial efectiva. Es esta conclusión —que convierte la interpretación del Supremo en una cuestión de derechos fundamentales— la que puede permitir que la doctrina se traslade después al resto de recursos.
El camino de vuelta de Puigdemont
El Pleno del próximo martes llega después de que la mayoría del Constitucional rechazara el pasado 22 de septiembre la primera ponencia de José María Macías sobre el recurso de Jordi Turull. Siete magistrados frente a cinco se opusieron al texto, que defendía mantener la interpretación del Supremo sobre la malversación. Macías decidió entonces rehacer su propuesta conforme al criterio mayoritario y llevarla al Pleno del 6 de octubre. Ese mismo día Pumpido presenta su ponencia sobre Bassa. Fuentes del Constitucional explican a este medio que, en un asunto de esta trascendencia, la intención es que la primera sentencia que se apruebe fije el criterio que después se aplique a los demás recursos, que corresponden a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig y el propio Puigdemont.
El propio Conde-Pumpido ha confirmado que el Constitucional pretende establecer una doctrina "clara, precisa y contundente" y que, si el Pleno estima los recursos, comunicará la decisión "a la mayor brevedad" al órgano encargado de ejecutarla. El presidente del tribunal ha recordado que la doctrina del Constitucional es vinculante para jueces y tribunales y que corresponde a estos trasladarla a los procedimientos afectados.
Eso no significa que el martes se levante automáticamente la orden de detención de Puigdemont. La sentencia resolverá los recursos de Turull y Bassa y será después el órgano judicial competente el que tenga que aplicar la doctrina al resto de causas. Conde-Pumpido ha evitado poner plazo a esa actuación y ha insistido en que corresponde al Supremo decidir cuándo procede ejecutarla. Fuentes del alto tribunal aseguran que una vez que el Constitucional publique sus sentencias y establezca una doctrina clara, el criterio tendrá que trasladarse a los procedimientos afectados.
Por su parte, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, aseguró en su entrevista con El Independiente que Puigdemont regresará a España "en el momento en que el Tribunal Supremo aplique la amnistía" y deje sin efecto las órdenes de detención. "No habría razón para esperar. Yo creo que sería inmediato", sostuvo el letrado.
Nueve años después
Puigdemont lleva casi nueve años fuera de España. Aquel viaje en coche hasta Marsella y después en avión hasta Bruselas marcó el comienzo de una etapa que le llevó a instalarse en Waterloo y a mantener desde allí su actividad política mientras la orden de detención española seguía pendiente sobre él. Ahora espera desde Bélgica una decisión que, formalmente, no llevará su nombre. Pero será en las sentencias de sus exconsellers donde la mayoría del tribunal plasme por primera vez por escrito el criterio con el que pretende resolver la cuestión que mantiene al expresidente fuera de la amnistía.
El regreso, por tanto, ya no depende de que el Constitucional tenga que pronunciarse directamente sobre Puigdemont. Depende de que la doctrina que salga del Pleno sea trasladada a su causa y de que Llarena aplique sus efectos sobre la orden de detención. Casi nueve años después de aquel viaje hacia Marsella, Puigdemont vuelve a estar pendiente de España. Esta vez no desde el coche que le sacó de Cataluña, sino desde Waterloo y a la espera de una sentencia que puede abrirle el camino de regreso.
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