El último capítulo de la amnistía: el Supremo archivará en los próximos días la causa contra Puigdemont

Nueve años han pasado desde que Carles Puigdemont abandonara España rumbo a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia de 2017. Casi una década después, el Tribunal Supremo pondrá broche final a la aplicación de la ley de amnistía al expresident catalán. La Sala de lo Penal archivará la causa por malversación vinculada al procés después de que el instructor, Pablo Llarena, haya dejado sin efecto el procesamiento del líder de Junts y de los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig. Fuentes del alto tribunal consultadas por El Independiente aseguran que el pronunciamiento llegará con toda seguridad "en los próximos días" y que, una vez adoptado, no quedará ningún trámite pendiente en el Supremo para cerrar el procedimiento.

La resolución que debe dictar la Sala es el sobreseimiento libre de las actuaciones. Es decir, el archivo definitivo de la causa. Llarena declaró este martes concluso el sumario respecto de los tres dirigentes independentistas y remitió las actuaciones al tribunal que juzgó el procés para que apruebe la finalización de la instrucción y resuelva sobre el archivo por aplicación de la medida de gracia acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez en mayo de 2024, condición indispensable exigida entonces por Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para otorgar su apoyo para la investidura del líder socialista como presidente del Gobierno.

El pronunciamiento de la Sala culminará un recorrido judicial que se ha prolongado durante más de dos años y que ha mantenido a Puigdemont fuera de la amnistía —y de España—. El Supremo había interpretado que la malversación atribuida a los dirigentes independentistas quedaba excluida de la medida de gracia porque el empleo de fondos públicos para financiar el referéndum había supuesto un beneficio personal de carácter patrimonial: el ahorro de los gastos que, de otro modo, habrían tenido que asumir con su propio dinero.

Esa interpretación cambió de escenario el pasado 6 de octubre, cuando el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa y estableció que la financiación pública del 1-O no constituía por sí misma un beneficio personal de naturaleza patrimonial que permita dejar fuera de la amnistía los delitos de malversación. Aunque la sentencia se refería a Bassa y no resolvía directamente la situación procesal de Puigdemont, Comín y Puig, su doctrina abrió la puerta a que los tres pudieran acogerse también a la ley.

Ese mismo día, Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de detención que pesaban sobre ellos desde julio de 2024. Ello significaba que ya podían regresar a España sin ser arrestados, pero no suponía todavía el archivo de la causa ni anulaba los procesamientos. El expresidente catalán y los dos exconsejeros seguían figurando como procesados por malversación. No obstante, el auto dictado este martes completa el paso que quedaba pendiente: Llarena deja sin efecto esos procesamientos y declara concluido el sumario, al considerar que la doctrina fijada por el Constitucional permite aplicarles la amnistía.

Pero el instructor reseñaba, sin embargo, que "subsistían los indicios" que llevaron a procesar a los tres dirigentes independentistas. En concreto, les atribuyó haber utilizado las facultades de sus cargos en el Gobierno de la Generalitat para organizar y financiar con fondos públicos el referéndum del 1-O de 2017, pese a las prohibiciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, Llarena no descarta los hechos ni que no existan indicios de malversación, sino que el archivo responde a la aplicación de la medida de gracia y a la interpretación que el Constitucional ha establecido sobre el alcance de la excepción relativa al beneficio personal de carácter patrimonial.

Cuando la Sala acuerde el sobreseimiento libre, quedará definitivamente cerrada la causa por malversación contra los tres dirigentes. Nueve años después de abandonar España, Puigdemont tendrá así despejado el frente penal que le ha impedido regresar sin exponerse a ser detenido. Y todo ello a falta de un mes para que finalice la legislatura del Gobierno que precisamente nació del acuerdo entre el PSOE y Junts para hacer posible la investidura de Sánchez.