El PNV ha reconocido hoy que no le gusta que los decretos de vivienda se intenten aprobar vía Diputación Permanente. Su presidente, Aitor Esteban, dice que "no es bonito", ni "ortodoxo". Incluso que su partido no lo hubiera hecho. Pero el presidente del PNV ha confirmado que, pese a todo ello, su formación respaldará uno de los dos decretos que el próximo 16 de octubre el Gobierno aprobará en el órgano parlamentario activo una vez disueltas las Cámaras el pasado lunes.
El presidente del PNV ha intentado hoy justificar su apoyo a los nuevos decretos aprobados por el Consejo de Ministros después de haber sido rechazados por el Pleno del Congreso de los Diputados. Durante un acto celebrado en Gernika con motivo del 90 aniversario del primer Gobierno vasco, el líder jeltzale ha asegurado que, "sinceramente", aprobar por esta vía unos decretos tumbados por la Cámara Baja "no es bonito": "Lo digo así de claro. ¿Es legal? Sí, es legal, pero creo que no es lo que se debería hacer", ha apuntado.
El respaldo del PNV en esta ocasión será esencial. Si el voto en contra de Junts fue clave para rechazar los dos decretos del Ejecutivo, en el caso de la Diputación Permanente su oposición es irrelevante si las normas cuentan con el voto favorable del resto de socios del Gobierno. Por ello, el PNV se ha convertido en esta ocasión en el salvavidas de los decretos de vivienda gubernamentales una vez disueltas las cámaras.
Esteban ha señalado que lo que se debe hacer es "revisar toda la política de vivienda" y que estos decretos no serán la solución definitiva. Considera que sigue siendo un "parche".
El PNV ha defendido su apoyo a los decretos asegurando que se trata de un apoyo "crítico" pero favorable a que salga adelante al menos uno de ellos. De igual manera a como hizo en el último pleno de la legislatura, en esta ocasión la formación respaldará el decreto que avala el freno a los desahucios pero no el que permitiría la renovación automática de los contratos de alquiler.
El Grupo Vasco ha justificado su posición por "coherencia" y "responsabilidad". Defiende que ha logrado incorporar algunas modificaciones para subsanar "importantes carencias" técnicas. Considera que la redacción final garantiza la "protección de las personas vulnerables y la defensa de los pequeños propietarios bajo el principio de seguridad jurídica".
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