La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía las amenazas, los insultos y las expresiones ofensivas dirigidas contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la acampada de la Puerta del Sol, entre ellas "Ayuso, payasa, okuparé tu casa" o "Ayuso, muérete".
El Gobierno autonómico considera que los hechos podrían constituir varios delitos y solicita acceso a las grabaciones de videovigilancia para identificar a los posibles responsables.
La denuncia, presentada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, recoge los cánticos e insultos contra Ayuso, así como fotografías de pancartas y pintadas con amenazas graves, en las que se desea su muerte y se incita a quemar su vivienda, según EFE.
El Ejecutivo regional solicita la conservación inmediata de las grabaciones de las cámaras de la Puerta del Sol y de los establecimientos cercanos, además de los partes de intervención policial y la identificación de las personas que pudieran haber participado en los hechos.
La Abogacía General considera que los actos podrían ser constitutivos de delitos de amenazas, injurias graves con publicidad, odio y daños, tipificados en los artículos 169.2, 208, 510.2, 323 y 263 del Código Penal.
La denuncia incluye también desperfectos en bienes públicos y elementos protegidos, como la estatua del Oso y el Madroño, la fachada de la Real Casa de Correos y la estatua ecuestre de Carlos III. Asimismo, señala pintadas, pegatinas y daños en el alumbrado público, las farolas, las marquesinas y el pavimento de la plaza.
Según el Gobierno regional, estos hechos continúan produciéndose y han aumentado tanto las expresiones que considera humillantes y amenazantes como los daños materiales.
Como episodio concreto, la denuncia destaca lo ocurrido la noche del 30 de septiembre, en torno a las 23.00 horas, cuando varias personas proyectaron sobre la fachada principal de la Real Casa de Correos una imagen del rostro de Díaz Ayuso tachado con una línea roja, acompañada de la frase "Ayuso, Almeida, iros a la mierda".
La Comunidad de Madrid sostiene que estos actos denigran la imagen de la presidenta y fomentan el odio y la hostilidad, por lo que solicita a la Fiscalía Provincial que impulse las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
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