La Ley de Memoria Democrática siempre ha sido rechazada por el primer partido de la oposición por entender que, entre otros defectos, contribuye al blanqueamiento de la banda terrorista ETA. La norma fue pactada con Bildu e incluyó dentro de su ámbito de aplicación los primeros años de la Transición democrática, hasta llegar a 1983, gobernando ya Felipe González. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, nunca ha ocultado su intención de derogarla de llegar al Gobierno, pero, en su lugar, promoverá una Ley de Concordia, según consta en su programa electoral.
El texto literal, según ha podido conocer El Independiente -de un programa que el PP presentará completo el próximo martes- se compromete a derogar "la mal llamada 'ley de memoria democrática', corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia —con los victimarios— desde la manipulación y el enfrentamiento". En su lugar, "la sustituiremos por una norma de concordia que proteja la investigación histórica, la reconciliación y el legado constitucional de la Transición".
"Carácter humanitario" de la búsqueda a identificación de los desapareccidos
Pero quizá el apartado más significativo alude los españoles que aún permanecen en las fosas del franquismo, aunque la intención de los populares es quitarles toda significación política. De ahí que el redactado de la que sería al futura ley de Concordia hable de mantener "con carácter humanitario, la búsqueda e identificación de desaparecidos".
La idea no es nueva. De hecho la propuso Pablo Casado en 2018, cuando se hizo con las riendas del Partido Popular tras vencer a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario del PP de ese año. El antecesor de Feijóo en la presidencia popular encargó a Adolfo Suárez Illana, hijo del primer presidente democrático tras la dictadura franquista, la redacción de una Ley de Concordia que acabara sustituyendo a la Ley de Memoria Histórica, precursora de la de Memoria Democrática. Sin embargo, nunca vio la luz siquiera como propuesta.
Reivindicación de la Transisión
Según explicó en su momento Casado, poseía los mismos principios inspiradores que la que ahora propone el PP en su programa para las elecciones del 29-N, esto es, reivindicar la Transición y derogar "de facto la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española". Para llevar a buen puerto esta propuesta, el entonces líder del PP puso a Illana al frente de una nueva Fundación, Concordia y Libertad, que en 2023 el actual candidato popular liquidó para ponerla bajo el paraguas de Reformismo21.
La actual Ley de Memoria Democrática salió adelante en junio de 2022 gracias al pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH-Bildu, lo que provocó una enorme controversia por consensuarla con el partido heredero de ETA, Sortu. Una de las cesiones fue el reconocimiento de las víctimas de torturas hasta 1983. Como guinda final, fue la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, la que anunció el acuerdo.
La derogación de la Ley de Memoria afectaría a la ley de nietos
La mal llamada 'ley de nietos' es la Disposición Adicional Octava de la de Memoria Democrática y establece los criterios para adquitir la nacionalidad española. "Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil", reza literalmente el texto.
Una instrucción posterior de Sofía Puente, actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, desvirtuó el estricto sentido de la ley y se enfrenta a una querella de la organización ultra Hazte Oír por prevaricación. Además, el Supremo mantiene la suspensión del derecho al voto.
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