La prioridad nacional se convierte en el hilo conductor del programa electoral de Vox para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación de Santiago Abascal lo sitúa como prioritario en su cómputo de medidas junto a la desregularización y la remigración, pilares de la precampaña, consolidándo unos ejes clave en el último ciclo electoral y su paso, nuevamente, a ser partido de Gobierno en cuatro autonomías junto al PP de Alberto Núñez Feijóo.
La prioridad nacional se convierte en trascendental para el acceso de las prestaciones sociales y a la vivienda, pero también para la sanidad y la educación. El documento, difundido horas antes del inicio de campaña oficialmente, a las 00.00 horas, recoge hasta una decena de medidas inspiradas en este principio, que sitúa a los españoles por delante de los extranjeros en el acceso a los recursos públicos y que, en algunos casos, afecta también a quienes cuentan con residencia legal en España. Se llega a mencionar hasta en 41 ocasiones.
El planteamiento va más allá de la supresión de las ayudas a los inmigrantes en situación irregular que Vox ya defendía en anteriores convocatorias. Entre las propuestas que ahora incorpora figura reservar el Ingreso Mínimo Vital exclusivamente a los españoles con menos recursos. La formación pretende modificar los requisitos de acceso a esta prestación para que la nacionalidad española determine su concesión, frente al sistema actual, que permite acceder a ella a extranjeros con residencia legal y efectiva en España que cumplan las condiciones establecidas. Contrasta con la concepción de este asunto definido en sus pactos con el PP, ligado al arraigo. Feijóo, en su programa de 249 medidas, desliga ese arraigo de la nacionalidad.
Vox también plantea un plan para facilitar el retorno a sus países de origen de aquellos inmigrantes que "no contribuyan" o vivan de subsidios públicos que, según el argumento del partido, no alcanzan a los españoles. La propuesta no distingue expresamente entre quienes se encuentran en situación irregular y quienes cuentan con autorización de residencia, algo en lo que en las últimas semanas viene insistiendo Abascal en su intervención en distintas entrevistas. Recientemente, reafirmó que los propios inmigrantes regulares deben temer esas llegadas masivas. Apuntó en otras ocasiones que habría excepciones, como las personas que acaban de perder su empleo, aunque el programa no incorpora esa precisión tampoco.
La política migratoria se completa con la expulsión de quienes permanezcan en España de forma irregular, de los extranjeros que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida y de aquellos que, según la formulación del partido, traten de imponer costumbres, hábitos o culturas incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres. La formación también se compromete a prohibir las regularizaciones masivas, endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad y revisar aquellos pasaportes españoles que considere concedidos de forma fraudulenta. "España no puede acoger más inmigrantes", sostiene el documento.
La prioridad nacional alcanza igualmente a la vivienda. Vox propone reservar a los españoles el acceso a vivienda protegida y social, así como a las ayudas al alquiler, y convertir la residencia legal en un requisito imprescindible para arrendar una vivienda. A ello suma la exención de impuestos para la primera vivienda habitual que adquieran las familias españolas. El partido pretende, además, modificar o derogar las normas que puedan dificultar la aplicación efectiva de este principio, que ya ha trasladado a los acuerdos de gobierno suscritos con el PP en varias comunidades autónomas.
Educación y sanidad, nuevos terrenos de la prioridad nacional
Uno de los aspectos en los que el programa introduce propuestas más concretas es la aplicación de la prioridad nacional al sistema educativo. Vox quiere dar preferencia a los españoles en la elección de centro escolar para sus hijos, así como en la concesión de becas, ayudas al comedor, transporte y plazas de guardería. Pero incorpora también una medida que destaca por su alcance: establecer un número máximo por aula de alumnos procedentes de otras culturas o con un dominio insuficiente del español.
Cupo de alumnos extranjeros en los centros escolares, una de las novedades adoptadas por el partido
La formación propone crear aulas específicas de nivelación para los estudiantes que se incorporen tarde al sistema educativo español. Estos permanecerían en ellas hasta alcanzar "el nivel requerido" antes de integrarse en su clase, con el argumento de que así no ralentizarían el aprendizaje del resto de compañeros y tendrían más posibilidades de éxito. El programa no precisa qué competencias determinarían el momento de su incorporación, si se refiere exclusivamente al dominio del idioma o también a otras capacidades académicas. La formulación abre así la puerta a un modelo de separación educativa más prolongado que las aulas de acogida existentes, orientadas fundamentalmente al aprendizaje de la lengua vehicular.
El programa también incluye la prohibición del burka y el niqab en los centros educativos y el fin de los menús halal en los comedores escolares. En paralelo, Vox recupera propuestas como las reválidas, una prueba de acceso a la universidad única para toda España y la recentralización educativa mediante la unificación de los currículos y la garantía de la enseñanza en castellano en todo el territorio nacional.
En sanidad, el partido plantea excluir a los inmigrantes en situación irregular de la atención general del sistema público, con la única excepción de los casos de "urgencia grave", sin precisar el alcance de ese supuesto. Vox justifica la medida en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y anuncia una auditoría sobre el coste de la inmigración en la sanidad pública. Se trata de otro de los ámbitos en los que la formación lleva su discurso migratorio a una prestación esencial, al cuestionar el principio de universalidad de la asistencia sanitaria.
Menos contundencia en aborto y eutanasia
Frente al desarrollo de la prioridad nacional y las propuestas migratorias, el programa introduce un cambio de formulación en algunas de las cuestiones que han marcado el discurso ideológico de Vox. El caso más significativo es el del aborto y la eutanasia. En las elecciones generales de 2023, la formación prometía derogar ambas leyes y calificaba el aborto de "falso derecho", además de plantear que dejara de prestarse en la sanidad pública. Ahora evita comprometerse expresamente con su derogación y opta por una formulación más genérica: la "defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte".
El partido también plantea garantizar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos y potenciar los cuidados paliativos, pero no detalla qué modificaciones legislativas promovería ni qué ocurriría con los derechos actualmente reconocidos. La diferencia respecto a 2023 está en la ausencia de una promesa explícita de derogación, aunque se mantiene el rechazo ideológico a esas normas.
En materia de Igualdad, en cambio, Vox conserva su intención de desmontar buena parte del marco legislativo desarrollado durante las últimas décadas. El programa plantea derogar las leyes de género, entre ellas la normativa integral contra la violencia de género y la ley de libertad sexual, además de cuestionar los mecanismos de protección asociados a estas políticas. La fuerza de Abascal sostiene que estas normas han "criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres" y que no han contribuido a reducir las víctimas.
Abascal, en el mitin previo al inicio de la campaña, en Huesca, defendió también la eliminación del Ministerio de Igualdad si su partido llega al Gobierno, algo que rechaza Feijóo, aunque lo incorporará en otro departamente. "Porque todos los españoles somos iguales ante la ley", argumentó el líder de Vox. La medida no constituye una novedad respecto a 2023, cuando ya figuraba entre los compromisos electorales del partido. Pero saben que esta es una "línea roja" del PP que solo una dependencia extrema puede cambiar.
Nucleares, contra el Pacto Verde y mirada al campo
No hay grandes novedades en otros ejes clásicos del partido. En materia energética y medioambiental, Vox habla una enmienda de fondo al modelo de transición ecológica impulsado por Bruselas, con el objetivo de recuperar la soberanía energética y eliminar las restricciones que, a su juicio, lastran la actividad industrial y el sector primario. El partido propone aprobar un Plan Nacional de Soberanía Energética, rebajar los impuestos sobre la electricidad y aprovechar los recursos disponibles en España. Su apuesta pasa también por mantener las centrales nucleares en funcionamiento y estudiar la construcción de nuevas instalaciones junto a las ya existentes, además de levantar la prohibición de explorar nuevos yacimientos de hidrocarburos y uranio.
El programa recoge asimismo la voluntad de revertir algunas de las principales medidas asociadas a la política climática europea. Vox plantea suspender las restricciones vinculadas a la prohibición de los motores de combustión y los impuestos a las emisiones de CO2, así como acabar con las que denomina "imposiciones climáticas", entre ellas las zonas de bajas emisiones. El partido rechaza el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, y propone suspender la aplicación en España de aquellos acuerdos internacionales que, según sostiene, impidan el desarrollo productivo y la competitividad de la economía nacional.
La ofensiva se extiende a las energías renovables. Vox no habla de suprimirlas, pero sí impedir la instalación de macroplantas solares y eólicas cuando, a su entender, comprometan la riqueza agrícola o el patrimonio natural. El programa también aboga por revisar las restricciones medioambientales que afectan al campo y por eliminar trabas burocráticas que considera perjudiciales para agricultores, ganaderos y pescadores. En conjunto, el partido contrapone la protección del territorio y la actividad económica a lo que presenta como un modelo de transición ecológica impuesto desde las instituciones europeas.
En cuanto a la Memoria Democrática, Vox mantiene una posición de confrontación con la legislación vigente. El programa promete la "superación" de la ley al considerarla una norma «divisiva» que enfrenta a los españoles e intenta imponer una «verdad oficial». La propuesta se enmarca en el compromiso de revertir las leyes que el partido califica de ideológicas, por lo que no cabe hablar de una moderación en este ámbito respecto a sus planteamientos habituales.
Fiscalidad y ausencia de medidas de calado en ciencia o tecnología
En materia económica y fiscal, Vox sugiere una rebaja generalizada de impuestos, con una reforma del IRPF que establece dos tramos: un tipo del 15% para las rentas de hasta 70.000 euros y del 25% para las que superen esa cantidad. También propone reducir el Impuesto de Sociedades, una cuota de autónomos de cero euros para quienes ingresen por debajo del salario mínimo y cotizaciones progresivas desde 50 euros para quienes lo superen. A ello suma la rebaja de los impuestos sobre la electricidad, la recuperación de la deducción por vivienda habitual y una fiscalidad más favorable para la compra de la primera vivienda. El partido asegura que compatibilizará estas rebajas con la financiación de los servicios públicos mediante el control del déficit, el crecimiento económico y la eliminación del gasto que considera superfluo, aunque no cuantifica el impacto recaudatorio ni el ahorro previsto.
En ciencia y tecnología, Vox promete reforzar la inversión en I+D+I, ampliar los incentivos fiscales a la innovación empresarial y estrechar la colaboración entre centros de investigación, universidades y empresas, especialmente las pymes. Quiere un plan para recuperar el talento científico que ha emigrado por falta de oportunidades y sumar a España a la carrera de la inteligencia artificial, impulsando su desarrollo e implantación en empresas y administraciones. Sin embargo, no fija objetivosde inversión, partidas presupuestarias ni plazos, ni concreta cómo pretende atraer de vuelta a los investigadores o desarrollar una industria tecnológica propia.
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