La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, propuso este martes que el IVA del consumo de servicios básicos como la electricidad, el agua corriente y el gas parta de un 0% para las personas más vulnerables de acuerdo a sus ingresos y para los consumos más bajos, y que el impuesto vaya elevandose progresivamente hasta llegar al 21% actual para los más elevados. También sugirió reducir el impuesto en otros bienes y servicios de carácter básico.

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La dirigente frenteamplista trasladó esta medida con menos de 24 horas de diferencia de la publicación del programa electoral de la coalición de izquierdas y durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press en el Hotel Intercontinental de Madrid. La idea sigue el objetivo de ese conjunto de medidas desglosado para las generales del 29 de noviembre: redistriubuir la riqueza y mejorar la vida de los ciudadanos frente al modelo de reducción de impuestos, indicó, por el que abogan PP y Vox. "La derecha dice que la izquierda quiere subir los impuestos para proteger a quien más tiene, pero nosotros queremos bajárselos a la mayoría para que paguen más quienes tienen más", aseguró en su intervención. Señaló a asuntos concretos, como la cesta de la compra.

Colau enfoca el IVA como un impuesto "que debe depender del consumo de la persona", de ahí que quieran formularlo como progresivo para esos consumos básicos. Se extendería a ámbitos como el de las peluquerías, los servicios veterinarios o la compra de elementos de higiene o pañales, "bienes de primera necesidad". Igualmente, se propone incluir los productos de ecológicos y de proximidad. Criticó que una peluquería tenga que pagar un IVA del 21% "mientras la gran banca, que ha declarado beneficios por valor de 30.000 millones de euros, paga entre un 7% y un 8% por la aplicación de desgravaciones no le corresponderían".

"Si se pagan esos impuestos se recuperan miles de millones que van a servir para garantizar que sean viables esas medidas", dijo, defendiendo combatir la concentración de riqueza y aumentar la contribución fiscal de bancos y grandes corporaciones. Esta propuesta se une a la de hace dos semanas lanzada en otro evento similar de Nueva Economía Fórum, en el Ritz, para crear un impuesto a las grandes fortunas. Volvió a indicidir la dirigente catalana en que el 1% de la población concentra el 26% de la riqueza de toda la sociedad española y que el 50% más pobre solo lo hace en un 7%.

Colau ve márgen de maniobra respecto a la UE en materia de IVA, pero apostó por el diálogo con Europa. "Se puede hacer, pero yo creo que lo que hay que tener cuando se lidera el Gobierno de un país es los objetivos claros" sin recurrir a "excusas burocráticas europeas" para no abordarlas, arremetió contra el PSOE.

Subida general de salarios con el IPC

Más allá de impuestos, Colau sugiere una reforma del Estatuto de los Trabajadores para incluir una cláusula de revisión salarial para que todos los salarios aumenten de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). Ello, en una jornada en el que el Consejo de Ministros elevará el salario mínimo interprofesional a un 5,3%, 18.004 euros brutos anuales, 1.286 euros mensuales. Todos los salarios "tienen que subir en general en nuestro país" para preservar el poder adquisitivo. "Es una medida de mínimos garantizarlo", trasladó, aunque indicó que algunos convenios ya reconocen este asunto. Quieren que el PSOE den prioridad al asunto.

Presión para aprobar la prestación por crianza

Al igual que se exigió este lunes, Colau también reclama al PSOE que apruebe de manera inmediata antes de las generales la prestación universal de 200 euros al mes por crianza, por hijo a cargo. La medida "ya está elaborada", reconoció. Cree que es el momento, una vez los socialistas recogen la medida en su programa electoral. El asunto viene estando liderado durante la legislatura por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. "Eso es hacer más fácil la vida de la gente", reconoció. Volvió a cuestionar a los socialistas por sus giros. Le sorprende "muchísimo" ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prometiendo para el futuro" esta prestación cuando "ha sido bloqueada" por él y su partido durante los últimos tres años.

Cuestiona la hipocresía del PSOE por la prostitución

Colau defendió la continuidad de las pulseras telemáticas para maltratadores y advirtió de que "no se tocan", después de que la Fiscalía Europea anunciase una investigación por un presunto fraude con fondos comunitarios. Consideró "inaceptable" que la PP y Vox aprovechen las pesquisas sobre una posible irregularidad administrativa para cuestionar la utilidad de estos dispositivos. "Si se tiene que investigar cualquier cosa, que se investigue", señaló, aunque insistió en que una eventual investigación sobre su gestión no debe poner en duda una herramienta que considera "necesaria" para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.

Por otro lado, Colau marcó distancias con la posición abolicionista del PSOE sobre la prostitución, al que acusó de mantener una postura "un poco de hipocresía" por defender medidas en abstracto que después no se concretan. Reclamó combatir con "toda la contundencia de la ley" la trata de personas, pero defendió que las mujeres que ejercen la prostitución de forma voluntaria puedan sindicarse y acceder a derechos laborales básicos. En este sentido, reprochó a los socialistas que hablen en nombre de estas mujeres y las "infantilicen", y reclamó situar sus derechos en el centro del debate, con alternativas materiales como una rebaja del 30% del precio de la vivienda. "Una cosa es escribir una ley y otra cosa es que esa ley se traslade a la realidad", resumió.

Recurso formal ante el TJUE por las deportaciones a Ruanda

Otro de los asuntos de actualidad tratados fue la medida para la deportación de migrantes irregulares y con denegación del derecho de asilo a Ruanda mientras se procesa su expulsión a sus países de origen para no hacer frente a su antención en la UE pactada por Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria. La candidata insta al Ejecutivo a interponer un recurso formal ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evitar que se implemente. Esto es "gravísimo" e "inaceptable", y "vulnera toda la legislación internacional", además de hacer quedado claro que "no es eficaz" la externalización de la gestión de fronteras.

Recordó que "ese paso ulterior que significa buscar campos de concentración, centros de internamiento en países lejanos", ya lo intentó Italia y "fracasó porque la justicia le dijo que eso era ilegal y no lo podía hacer". "Yo creo que esta medida traiciona lo que serían los principios fundamentales de la Unión Europea, que además creo que es una medida ineficaz. Estas medidas cuestan miles de millones de euros. Externalizar las fronteras cuesta miles de millones de euros que se podrían usar para gestionar los flujos migratorios mucho mejor sin vulnerar los derechos humanos", argumentó.