El juez que investiga en Teruel las presuntas irregularidades en los proyectos de energías renovables de Forestalia ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia Nacional. Según un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado ha acordado enviar el caso a Madrid para que se incorpore a las diligencias que dirige Santiago Pedraz sobre el grupo Hirurok, conocidas como el 'caso Leire'. En esta investigación ya figuran como imputados el dueño de Forestalia, Fernando Samper, y los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, también investigados en Teruel.
El instructor de Teruel, Juan José Cortés, considera que la causa abierta en su juzgado en 2024 es "una rama" de la investigación que Pedraz sigue en la Audiencia Nacional. Fuentes del órgano consultadas por este medio dan por hecho que la causa terminará integrada en el 'caso Leire', aunque el tribunal todavía debe aceptar formalmente la inhibición. Por su parte, las acusaciones populares —lideradas por el abogado de la asociación ADIVE, Jorge Piedrafita— estudian presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Teruel para evitar que la investigación se remita a Madrid.
El cohecho "culmina" en el MITECO
El juez Cortés explica que la causa no tiene base territorial en Teruel. Se abrió por un presunto delito medioambiental porque así lo planteó la parte denunciante, Teruel Existe. La formación señalaba irregularidades en la tramitación de 52 proyectos de energías renovables en la provincia aragonesa. Pero, según el magistrado, aquello fue una "anticipación" de la realidad. En la provincia todavía no se ha empezado ninguna obra, construcción ni instalación. Lo decisivo a juicio del instructor son los informes ambientales del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que abrían la puerta a las autorizaciones.
Por eso, Cortés sostiene que los supuestos delitos también investigados —la prevaricación, el tráfico de influencias y el cohecho— se habrían cometido donde trabajaban las autoridades y los funcionarios implicados. Es decir, en Madrid y en Zaragoza. El juez reconoce que le ha dado "mil vueltas" a la posibilidad de dividir la causa entre los juzgados de las dos ciudades, pero finalmente lo descartó por la "unidad natural" de los hechos: el trámite del INAGA sería el paso previo a la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio. El cohecho, que es el delito más grave, "culmina" en el MITECO. "Y es el que sirve para explicar la prevaricación ambiental en seno MITECO", recoge el auto.
Forestalia, el hilo conductor
Según la resolución, lo que da unidad a toda la investigación es el gigante aragonés de las renovables, el grupo Forestalia. Las dos investigaciones comparten a Samper, a la propia empresa y a los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, a quienes el juez describe como presuntos testaferros del empresario. Otro punto de conexión es el empresario Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, e investigado en la Audiencia Nacional junto a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Los tres forman Hirurok ("nosotros tres", en euskera), según la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pedraz y el juez Cortés.
El magistrado de Teruel sitúa entre mayo y julio de 2021 varias reuniones en el domicilio de Samper en Zaragoza con Santos Cerdán y Antxón Alonso para hablar de los proyectos renovables de Forestalia. La denuncia con la que Anticorrupción abrió el 'caso Leire' en diciembre de 2025 ya recogía dos de esos encuentros: uno con Alonso y Fernández y otro, el 12 de julio, al que también habría asistido Cerdán. El juez deduce que Hirurok "realizaría gestiones" para sacar adelante esos proyectos en el Ministerio, a cambio de presuntos pagos a directivos del MITECO.
La misma operación, en las dos causas
El ejemplo que el juez pone como prueba de la conexión es una operación que Anticorrupción ya incluyó entre las cinco que atribuye a Hirurok: la de los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II, en Puertomingalvo y Linares de Mora. El 17 de mayo de 2022, una sociedad controlada por Alonso compró a Nearco Renovables, del grupo Forestalia, las dos empresas que promovían esos parques, Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet. Pagó algo más de 141.000 euros. La compraventa se firmó ante el notario Javier de Lucas, investigado en Teruel. Mientras las sociedades estuvieron en manos de Alonso, los proyectos avanzaron en el Ministerio. En diciembre de 2022 obtuvieron la declaración de impacto ambiental favorable y en abril de 2023 llegaron las autorizaciones previas.
En junio de 2023, una empresa del entorno de Samper pagó 400.000 euros por una opción de compra sobre las dos sociedades. Según Anticorrupción, ese dinero acabó en otra sociedad de Alonso y desde allí salieron transferencias periódicas a Mediaciones Martínez, también propiedad del empresario. En diciembre de 2024, el entorno de Forestalia recompró las dos sociedades por 6,8 millones de euros, una plusvalía de más de 6,7 millones para la estructura de Alonso.
Esas declaraciones ambientales se tramitaron bajo la responsabilidad del entonces subdirector de Evaluación Ambiental del MITECO, Eugenio Domínguez, que llegó al cargo con el PP y siguió en él con Teresa Ribera. Según el juez, salieron adelante con una rapidez "comparativamente superior" a la de otros promotores y a cambio de presuntas ventajas económicas. Un informe de la unidad de medio ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) aprecia "graves carencias técnicas" en ellas. Domínguez no figura entre los investigados en la Audiencia Nacional, aunque tanto él como Samper fueron detenidos en marzo en el marco de la 'Operación Perserte'.
El 'caso Leire' de la Audiencia Nacional tiene además otra línea relacionada con Forestalia: las gestiones de Vicente Fernández ante SEPIDES, dependiente de la SEPI, para favorecer la financiación pública que pedían Forestalia y Arapellet. En mensajes intervenidos por la Guardia Civil, el expresidente de la SEPI hablaba de cobrar 200.000 euros "si hay éxito". Anticorrupción admite que no ha podido acreditar ese pago.
Una causa nacida de una denuncia de Teruel Existe
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Teruel Existe. Señalaba irregularidades en la tramitación de 52 proyectos de energías renovables en la provincia, entre ellos el Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico de España. Forestalia lo vendió por 500 millones de euros a un fondo danés que todavía no ha empezado a construirlo.
En Teruel hay seis investigados: Samper, Domínguez, la mujer de este, Montserrat Heredero, los hermanos Pérez Águeda y el notario De Lucas. Según el informe de la UCOMA, al que tuvo acceso este periódico, Domínguez habría asumido personalmente los expedientes de Forestalia en el Ministerio, al margen de los técnicos del departamento. Los agentes calculan que el ex alto cargo habría cobrado al menos 5,2 millones de euros a través de sociedades pantalla, una de ellas administrada por su mujer.
En la causa también aparecen el exconsejero aragonés de Medio Ambiente Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile. Según la UCOMA, desde la consultora que fundaron al dejar sus cargos habrían agilizado los trámites de Forestalia ante el INAGA y el Ministerio.
La acusación popular estudia recurrir
La acusación popular de ADIVE, que dirige el abogado Jorge Piedrafita, ha anunciado que estudia recurrir la inhibición ante la Audiencia Provincial de Teruel. Cree que hay cuestiones "relevantes" sobre la competencia territorial, sobre la conexión entre los dos procedimientos y sobre el alcance de los hechos que el tribunal debe examinar.
En un comunicado, la asociación defiende que las conexiones personales o empresariales entre investigaciones no deben llevar "automáticamente" a juntarlas todas en un único procedimiento. Pide que se tenga en cuenta la relación de los hechos con Aragón, donde se proyectaban las instalaciones y donde se habrían producido algunas de las actuaciones administrativas investigadas. También reclama que el traslado no retrase las diligencias pendientes y elogia la "elevada diligencia y eficacia" del juzgado de Teruel.
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