El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado que la documentación entregada por el PSOE sobre los abogados y servicios jurídicos que contrataron entre 2021 y 2025 quede, por el momento, a disposición exclusiva de la Fiscalía. En una providencia a la que ha tenido acceso El Independiente, el instructor del 'caso Leire' especifica que esta medida se mantendrá mientras se analiza el contenido de los documentos, que incluyen la relación de letrados y despachos contratados por distintos órganos de la formación de los de Pedro Sánchez, y sus correspondientes facturas.
El PSOE ha remitido al magistrado un pendrive y tres cajas de información en respuesta al requerimiento que les trasladó el pasado 23 de octubre. En su escrito, que ha podido ser consultado por este medio, el partido ha solicitado al juez expresamente que esa documentación no se pusiera a disposición del resto de partes personadas en la causa por encontrarse inmerso en un proceso electoral, "en el que la difusión fragmentada o descontextualizada" de esta información "puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara".
La formación también ha invocado el secreto profesional de los abogados para justificar que el contenido permanezca reservado. Y además, precisan que la relación aportada no incluye nuevos datos sobre los servicios de Ismael Oliver ni de Jacobo Teijelo porque ambos letrados ya aparecen en la documentación incorporada a las actuaciones.
El requerimiento del magistrado buscaba identificar los servicios jurídicos y de asesoría contratados, prestados y abonados por el PSOE entre 2021 y 2025, la etapa de actividad de las supuestas 'cloacas'. Para responder, el partido ha aportado un listado de los profesionales y despachos a los que recurrieron sus distintos órganos territoriales y federaciones, con indicación de las cuantías y una descripción genérica de los servicios. También ha incorporado las facturas de esos encargos, con sus importes, fechas, datos fiscales y conceptos.
El juez rechazó aplazar la entrega
La entrega se produce después de varios requerimientos de Pedraz. A principios de octubre, el instructor reclamó al PSOE una relación completa de los abogados, despachos y consultoras contratados durante los cinco años, tanto por sus órganos centrales como territoriales. También pidió los documentos que justificasen esos servicios y los expedientes internos tramitados para autorizarlos.
El partido no respondió inicialmente y, tras un nuevo requerimiento, alegó que necesitaba más tiempo para recopilar la información y que debía preservar el secreto profesional. También adujo que la campaña electoral estaba mermando su "capacidad de respuesta inmediata" y que esperaba un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía.
El 23 de octubre, Pedraz rechazó esas explicaciones y fijó un último plazo de 15 días, no prorrogable. El juez señaló que la consulta al Consejo no tenía efecto suspensivo sobre el requerimiento y reprochó al partido que no hubiera identificado los documentos concretos afectados por el secreto profesional. También descartó que la campaña justificase el retraso.
Los pagos a abogados de las 'cloacas'
La documentación reclamada por Pedraz se enmarca en la investigación sobre los pagos que el PSOE habría realizado con fondos del partido a dos abogados investigados en la causa: Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, e Ismael Oliver, que fue el primer letrado del exasesor ministerial Koldo García. Según la UCO, la exmilitante socialista Leire Díez habría promovido que la formación sufragara los honorarios de ambos. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también investigada, firmó sus contratos.
El partido contrató a Teijelo en noviembre de 2024 y le abonó al menos 125.000 euros por servicios de consultoría jurídica. La nota de encargo establecía unos honorarios de 250 euros por hora, con un mínimo mensual de 15.000 euros y un máximo de 25.000. En su declaración ante el juez, el abogado explicó que su trabajo consistía en realizar "interpretaciones prospectivas" sobre investigaciones judiciales.
En el caso de Oliver, el PSOE pagó 27.225 euros a su despacho a través de una nota de encargo firmada por Fuentes. Posteriormente, el letrado transfirió esa misma cantidad a Díez desde otra de sus sociedades, Oliver Gruppe SL, en una operación que, según la investigación, habría servido para "romper la trazabilidad" del dinero. En total, unos 54.450 euros. A esa cantidad se suman otros cuatro pagos de 4.000 euros que la exmilitante habría recibido a través de una empresa del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.
En su declaración, la gerente atribuyó a Santos Cerdán la responsabilidad de los encargos y facturas. la responsabilidad de los encargos y las facturas. Según su versión, el entonces secretario de Organización justificaba la contratación de abogados por el elevado volumen de litigios del partido y ella se limitaba a autorizar los gastos que superaban los 5.000 euros. El juez, sin embargo, le atribuye una "indiciaria responsabilidad" en la elaboración de las notas de encargo que sirvieron para justificar los pagos.
A finales de julio, Pedraz abrió una pieza separada para reconstruir el recorrido del dinero. Pidió los movimientos de unas 80 cuentas, entre ellas las del PSOE y las de varios investigados.
La posible imputación del PSOE
Todo ello se enmarca en el avance de la investigación del 'caso Leire' —o 'caso cloacas'—, en el que el PSOE se enfrenta a la posibilidad de terminar imputado como persona jurídica. A principios de octubre, el Partido Popular solicitó que se investigara formalmente a la formación, pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio Pedraz consideraron que todavía era prematuro dar ese paso.
Fuentes del Ministerio Público explicaron entonces a este periódico que apreciaban indicios de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque entendían que antes debían practicarse otras diligencias. Entre ellas figuraba la declaración de Santos Cerdán, investigado como supuesto cabecilla de una trama que habría tratado de torpedear las pesquisas judiciales que afectaban al entorno socialista.
Pedraz se alineó con Anticorrupción y decidió mantener en suspenso la imputación del PSOE. En su auto, al que tuvo acceso este periódico, el juez explicaba que con las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento no se acreditaba un "principio de prueba" que permitiese la imputación del partido, y aplazaba la decisión para cuando se hubiesen practicado esas diligencias pendientes.
La investigación continúa durante la campaña electoral del 29-N. La convocatoria de los comicios no paraliza las actuaciones judiciales, aunque fuentes jurídicas apuntaron a este periódico que determinadas diligencias no urgentes podrían aplazarse si tienen un impacto político especialmente directo.
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