El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intermedió ante Nicolás Maduro para facilitar que la empresa de los hermanos Escribano siguiera entregando a las Fuerzas Armadas de Venezuela el material de un contrato valorado en 2,8 millones de euros que habían firmado en 2016. Según el relato que fuentes conocedoras de las operaciones explican a El Independiente, el exdirigente socialista habría "allanado el camino" a los empresarios en Caracas y también habría realizado gestiones en España para que la operación saliera adelante. A cambio, la fuentes consultadas apuntan a que Zapatero se habría pactado una comisión de hasta el 10% sobre el importe del contrato, lo que supondría entre 280.000 y 300.000 euros.

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La operación se enmarca en la expansión internacional de Escribano Mechanical & Engineering, la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano, que en aquellos años buscaba abrirse camino en mercados exteriores y estrechar relaciones con distintos gobiernos. Para ello, los empresarios contaron con la ayuda de varias personas vinculadas al sector de la Defensa en España, que les facilitaron contactos y acceso a responsables políticos y militares de otros países, según precisan fuentes de la industria a este periódico.

Venezuela fue uno de esos mercados. A finales de 2016 los hermanos firmaron un contrato por 2,8 millones de euros para suministrar sistemas integrados de cámaras y sensores electroópticos destinados a la puntería y observación del armamento de vehículos blindados. Se trataba de tecnología para mejorar las capacidades de observación y adquisición de objetivos de estos sistemas militares.

El Gobierno confirma el contrato de 2,8 millones

Los datos oficiales —y públicos— del Ministerio de Economía confirman que en 2017 España autorizó exportaciones de material de defensa en calidad de 'Equipos de formación de imagen o de contramedida' a Venezuela por valor de 2.810.000 euros y, según ha podido saber este periódico, ese contrato se adjudicó a Escribano. La cifra representa la mayor parte de los 3.383.155 euros en ventas autorizadas a ese país durante aquel ejercicio. La categoría en la que se encuadra la operación incluye equipos de formación y procesamiento de imagen, cámaras, equipos fotográficos, dispositivos de intensificación de imágenes y sensores de imagen infrarroja, térmica o por radar.

El resto de las exportaciones españolas a Venezuela en ese periodo fueron repuestos y componentes para modernizar blindados de fabricación francesa, bloques para la construcción de un buque de vigilancia del litoral y piezas y herramientas para una avioneta. Todas estas operaciones figuraban entre las ventas autorizadas por el Gobierno español. Cabe destacar que este contrato adjudicado a la empresa de los hermanos Escribano fue el último de armamento antes de que entrase en vigor el embargo de la Unión Europea a Venezuela el 14 de noviembre de ese mismo año.

Los hermanos Escribano, Zapatero y Maduro

Los primeros problemas para sacar adelante el contrato comenzaron durante el primer semestre de 2017. Fue entonces cuando los empresarios recurrieron a Zapatero, ya que, según ha podido saber El Independiente, la relación entre el expresidente y los hermanos venía ya de tiempo atrás.

En concreto, pidieron su ayuda en dos frentes. El primero de ellos en Venezuela, donde las aduanas comenzaron a retener la mercancía y a poner problemas para que el material llegase en tiempo y forma. Las fuentes apuntan a que es en ese momento cuando Zapatero habría actuado como facilitador ante Maduro en favor de los intereses de los empresarios españoles. Los contactos entre los tres fueron recurrentes en esas fechas.

El segundo frente estaba en España. Ninguna empresa española en ese momento podía vender material militar en el extranjero sin el permiso del Gobierno, y cada operación debía pasar por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) para que concediese la correspondiente licencia de exportación. En ella se sientan representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda e Interior, y es la que da el visto bueno a dichas licencias. Su informe es vinculante, ya que si es negativo, la venta no puede hacerse. Si es favorable, la Secretaría de Estado de Comercio —entonces en el Ministerio de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy—, firma la autorización.

Para seguir enviando material, Escribano necesitaba que esas licencias se mantuvieran, en un momento en que Bruselas preparaba ya sanciones contra el régimen venezolano. Según las fuentes consultadas, los empresarios habrían recurrido a Zapatero para que esas licencias de exportación salieran adelante y se mantuvieran pese la evolución de las restricciones a la exportación de material militar podían comprometer el suministro.

Hasta un 10% en comisiones

Tras la ayuda ofrecida por el expresidente, las fuentes apuntan a que Zapatero habría recibido una comisión de hasta el 10% sobre el importe de la operación a cambio. Con un contrato de 2,81 millones de euros, esa cantidad se situaría en torno a los 281.000 euros. Según ha podido saber El Independiente, el expresidente pudo percibir cantidades derivadas de esa intermediación, aunque este extremo debe distinguirse del importe del contrato y de las exportaciones que sí aparecen reflejadas en la documentación oficial, ya que las restricciones europeas provocaron que no llegara a entregarse todo el material.

Pero para entender cómo pudo ayudar Zapatero, hay que destacar que en noviembre de 2017, la Unión Europea impuso un embargo de armas a Venezuela, prohibiendo exportar material militar o equipos susceptibles de usarse en la represión interna. Sin embargo, esta normativa europea incluyó una cláusula de salvaguardia que permitía ejecutar contratos firmados antes del 14 de septiembre de 2017. El contrato entre Escribano y Venezuela se firmó a finales de 2016.

A esa excepción legal fue a la que se acogió la empresa Escribano Mechanical & Engineering. Meses antes del veto comunitario, la compañía había cerrado el acuerdo millonario con la Armada venezolana para suministrar esos sistemas de dirección de tiro —cuyo elemento central son los sensores electro-ópticos— destinados a modernizar vehículos blindados anfibios EE-11 Urutú.

Sólo 4 licencias siguieron activas

La licencia de los Escribano se alargó hasta 2019. Por una parte, la propia salvaguardia del embargo protegía la seguridad jurídica de ese contrato previo. Por otro lado, las licencias individuales tenían un año de vigencia ordinaria, por lo que se pudo alargar hasta 2018. A esto se suma que la legislación española de comercio exterior establece que las licencias individuales tienen un año de vigencia ordinaria y permiten solicitar prórrogas mientras la operación siga pendiente de completarse.

El cierre definitivo llegó en el primer trimestre de 2019. Ante el agravamiento de la crisis política venezolana y la falta de reconocimiento institucional al Gobierno de Nicolás Maduro, la Junta Interministerial (JIMDDU) revisó las cuatro únicas licencias que seguían activas hacia el país. El 29 de marzo de 2019, el Ejecutivo español suspendió definitivamente los permisos vigentes —incluidos los de los sistemas electroópticos—, bloqueando la entrega de las unidades restantes.

Zapatero reconoció 48 viajes a Caracas

Durante esas fechas, Zapatero ejercía de mediador entre el Gobierno de Maduro y la oposición. Este extremo fue reconocido por él mismo durante su comparecencia ante el Senado del pasado 2 de marzo. Entonces, explicó que esa mediación "duró con intensidad del año 2016 al 2019" y que en ese tiempo hizo 58 viajes relacionados con el diálogo en Venezuela, 48 de ellos a Caracas y 14 a República Dominicana, donde se celebraron negociaciones "básicamente en el año 2017".

No es el único contacto conocido entre el expresidente y los Escribano. En mayo de 2025, como avanzó esta semana este periódico, Zapatero pidió a su secretaria concertar una reunión con Ángel Escribano, entonces presidente de Indra. Fue meses antes de que el Ministerio de Industria concediera a Indra y a sus uniones temporales con EM&E los préstamos para los programas militares a los que actualmente sigue la pista la Fiscalía Anticorrupción.

Anticorrupción investiga irregularidades

Tal y como desveló El Independiente, Anticorrupción investiga desde enero presuntas irregularidades en grandes programas militares de Defensa y en los préstamos públicos concedidos para financiarlos. Las diligencias se abrieron a raíz de la denuncia que presentó un particular en diciembre del año pasado por posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

El escrito describe un patrón continuado desde 2020 que habría favorecido a Escribano y a Indra en el reparto de contratos y fondos de Defensa. Según los cálculos del denunciante, más de 6.000 millones de euros en préstamos habrían ido a parar a Indra o a uniones temporales en las que participa junto a Escribano, en torno al 84% de los más de 7.200 millones vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de control del gasto dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado por la Fiscalía y al que tuvo acceso este periódico, concluye que Defensa tenía decidido a quién iba a adjudicar tres grandes contratos con Indra y Escribano antes de pedir las ofertas: el blindado 8x8, el lanzacohetes SILAM y los sistemas antidrones, que suman 2.349 millones de euros. Cabe destacar que la venta a Venezuela es anterior a este periodo y no forma parte de la investigación que sigue Anticorrupción.