Un agente de la Guardia Civil se enfrenta a una petición de siete años de cárcel por parte de la Fiscalía, que lo acusa de haber facilitado a su excuñado datos de tráfico reservados de varios vehículos a cambio de dinero. Según el Ministerio Público, su antiguo familiar, al que le unía una relación de amistad, trabajaba para una agencia de investigación y necesitaba acceder a datos como titulares, matrículas o ITV, por lo que recurrió al agente, que tenía acceso a bases policiales restringidas.

Así consta en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que se atribuye al guardia civil un delito de cohecho pasivo y otro de descubrimiento y revelación de secretos. El fiscal solicita para él cuatro años de prisión por el primero y tres por el segundo, además de una multa de 3.600 euros por cada delito y seis años de inhabilitación absoluta. Su excuñado se enfrenta a cuatro años por cohecho activo.

El Ministerio Público relata que ambos "mantienen una relación de amistad desde hace años" y que el segundo de los investigados estuvo casado con la hermana del agente hasta 2005. Esa relación hacía que supiera que el guardia civil, "por razón de su cargo de agente de la autoridad, tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico".

Se trata de sistemas a los que los agentes "sólo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Además, antes de utilizarlas los usuarios son advertidos de que "está accediendo a una aplicación informática que contiene bienes jurídicos protegidos por la normativa sobre protección de datos".

Según la Fiscalía, el guardia civil "siendo consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a facilitar la información". Para tratar de ocultar su actuación, en distintas ocasiones acudió a otros compañeros para que le proporcionaran los datos requeridos, sin que éstos conocieran "el fin último de los datos que le daban".

La Fiscalía enumera accesos y consultas realizados entre el 27 de junio y el 21 de septiembre de 2023, periodo en el que presuntamente se facilitaron matrículas y datos asociados a varios vehículos. El Ministerio Público precisa que "no consta cuánto dinero recibía por cada información que daba".

El juicio comenzará el próximo 20 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Sevilla con la constitución del jurado popular, órgano competente para enjuiciar los delitos de cohecho. Será el tribunal del jurado el que determine si el agente utilizó su acceso a bases policiales para obtener un beneficio económico a través de la cesión de información reservada.