La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2006 es la causante del conflicto catalán. Este es el argumento sobre el que se sustenta el dictamen de Sumar para defender la necesidad de una ley de amnistía que despenalice todos las actuaciones dirigidas a la celebración de la consulta del 9-N de 2014 y el referéndum del 1-O de 2017, así como las protestas posteriores.

Es decir, desde la celebración de la consulta del 9-N organizada por Artur Mas —con una causa abierta ante el Tribunal de Cuentas por ello— hasta las protestas posteriores a la publicación de la sentencia del procés, lideradas por Tsunami Democràtic y los CDR. También los policías encausados por su actuación en las protestas del 1-O, puesto que el dictamen advierte de que "la amnistía sería extensiva a todos los sujetos que los materializaron cualquiera que fuera la posición adoptada en el conflicto, al que se pretende poner punto final a través de una ley de amnistía".

"Entre el 1 enero de 2013 y el 17 agosto 2023 —cuando se inició la legislatura— hay un motivo legítimo" para amnistiar todos los hechos asociados al procés, aseguró Nicolás García Rivas, que ha liderado la propuesta de ley de amnistía de Sumar. Lo hizo en la presentación del dictamen de Sumar, este martes, en el Ateneu de Barcelona, en la que Jaume Asens acusó al Constitucional y al poder judicial de ser "el origen del problema".

El ex diputado de Podemos aseguró en la presentación del texto que él mismo trasladó la semana pasada a Carles Puigdemont que "fue el TC el que de forma unilateral rompió el pacto del 78, las reglas del juego" al validar parte del recurso planteado por el PP.

En este contexto, Asens argumentó que "la amnistía es la oportunidad para curar las heridas a un lado y otro", aunque dejó claro que se refería al "entendimiento entre las fuerzas catalanistas". Por contra, advirtió contra el riesgo de "menospreciar la amenaza que representa la carcundia de PP y Vox".

Constitucionalidad de la amnistía

En términos algo menos militantes, el jurista Nicolás García Rivas, que ha dirigido el grupo de expertos reunido por Sumar para elaborar este dictamen, defendió el encaje constitucional de una ley de amnistía y se sumó también a la tesis de que el "conflicto" emana de la "quiebra" provocada por la sentencia del Estatut.

García Rivas presentó la ley de amnistía como una "segunda fase de la vía despenalizadora" iniciada con los indultos y la derogación del delito de sedición, tras argumentar que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar la declaración de independencia, empezó "una deriva para muchos desproporcionada" cuando "las instituciones judiciales inician la causa penal" contra los líderes independentistas.

El jurista defendió "que toda esa incriminación que pesa sobre Cataluña desaparezca" apuntando que la amnistía debe incluir a "todos los que se manifestaron en 2017 y los años siguientes". Esa debe ser a su juicio la línea argumental para defender en el preámbulo de la ley de amnistía la necesidad que justifica esta medida de gracia.

Dictamen de los juristas de Sumar sobre una futura ley de amnistíaDescarga

La clave está en el preámbulo

"La cuestión no es el encaje constitucional, sino qué ley de amnistía, en eso se trabaja ahora", señaló por su parte la catedrática Mercedes García Arán, quien confirmó que "lo más importante es que ese preámbulo argumente la razonabilidad de la amnistía, por qué no es una arbitrariedad ni un ataque al principio de igualdad".

Por ello, advirtió que si se argumenta que la amnistía servirá para garantizar la convivencia "todos tenemos que pasar pagina". En este sentido, advirtió de que "los amnistiables no son las únicas victimas, los del otro lado pensamos que el procès ha provocado perjuicios" a Cataluña. Una tesis que también defendió la historiadora Rosa Lluch, quien reclamó el reconocimiento de que "el Parlament y la Generalitat como mínimo a algunos nos dejaron solos". También de que "se nos mintió y algunas mentiras fueron conscientes".

Lluch fue la encargada de cerrar el acto organizado por Sumar en el Ateneo de Barcelona, que contaba con el beneplácito de JxCat, pero no de ERC. Lo explicitó Toni Comín, exconsejero y mano derecha de Carles Puigdemont en Waterloo. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Comín ha asegurado que "Sumar abre un camino que después el PSOE, tarde o temprano, ha de acabar transitando. Que haya un partido de ámbito español que se avance en conceptos como la oficialidad de las lenguas en el Congreso o la amnistía es importante".

ERC cuestiona el debate abierto por Sumar

Por contra, desde Esquerra cuestionan el debate público abierto por el partido de Yolanda Díaz en plenas negociaciones para la investidura. "No nos parece que la mejor manera de contribuir a la negociación sea acto público para presentar una propuesta que es objeto de esa negociación", advertía este martes la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà.

De hecho, los republicanos no han tenido presencia en el acto del Ateneu que, eso sí, ha registrado un lleno absoluto. Tampoco los socialistas comparten esa propuesta de debate abierto planteada por Sumar. En este sentido, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se desvinculó de nuevo de la propuesta lanzada por Sumar: "Cuando alcancemos acuerdos, ahí sí, los explicaremos con toda transparencia".