El Tribunal de Cuentas ha pedido este martes el embargo de la casa, Artur Mas -situada en la calle Tuset de Barcelona-, toda vez que no ha podido hacer frente a los 2,33 millones de euros que restaban por pagar de la fianza establecida por su responsabilidad en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, según adelanta El Mundo. La Asamblea Nacional Catalana pagó 2,9 millones de los 5,25 a los que ascendía el total de la cantidad económica.

Artur Mas se resigna así a que le embarguen su patrimonio ante la dificultad para terminar de reunir la fianza solidaria de 5,25 millones de euros que el Tribunal de Cuentas le impuso de forma preventiva mientras determina si incurrió en responsabilidad contable por disponer de fondos de la Generalitat para la consulta del 9-N (2014), suspendida por el Tribunal Constitucional. El ex president además inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a dos años en marzo de 2017 por la comisión de un delito de desobediencia.

El ex president catalán ha solicitado reiteradas amplaciones del plazo para evitar que el embargo de sus bienes, pero el Tribunal de Cuentas ya ha pedido el embargo de las propiedades tanto de Artur Mas como de los ex consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. Estos inmuebles servirían para “afianzar la cantidad que queda pendiente”, señalan fuentes de este órgano.

Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron inhabilitados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

Cuando depositó el dinero, la defensa del sucesor de Jordi Pujol insistieron en que el ingreso no tenía “carácter de reintegro”, sino “la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente” a la espera de que sea firme la sentencia por malversación de fondos públicos en la consulta.