El Tribunal de Cuentas ha iniciado este viernes los trámites para proceder al embargo de las propiedades del ex president de la Generalitat Artur Mas, un día después de que no consiguiera reunir los 5,2 millones de fianza por gastar dinero público en la consulta independentista del 9N. Este mismo jueves Mas entregó 400.000 después de que a mediados del mes octubre aportara 2,2 millones y se le concediera una prórroga de quince días para que reuniera el resto.

El ex president catalán, tras depositar un total de 2,8 millones -algo más de la mitad de la fianza-, volvió este jueves a pedir una nueva ampliación del plazo para evitar que el embargo de sus bienes, pero el Tribunal de Cuentas ya ha recibido documentación relativa a las propiedades tanto de Artur Mas como de los ex consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. Estos inmuebles servirían para «afianzar la cantidad que queda pendiente», señalan fuentes de este órgano.

Los bienes embargados tendrán que sumar 2,4 millones, la cantidad de fianza no depositada

El Tribunal ya ha comenzado los trámites para comprobar la situación actual de estos bienes, y esta fase tardará aproximadamente una semana en resolverse, señalan estas mismas fuentes. Superada la comprobación, el Tribunal de Cuentas podría pasar a la ejecución de propiedades por el valor de 2,4 millones de euros, la cantidad de fianza que el dirigente catalán no ha conseguido reunir.

Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron inhabilitados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

Cuando depositó el dinero, la defensa del sucesor de Jordi Pujol insistieron en que el ingreso no tenía “carácter de reintegro”, sino “la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente” a la espera de que sea firme la sentencia por malversación de fondos públicos en la consulta.