El socialista Salvador Illa es el enemigo a batir en las elecciones catalanas del 12M según todas las encuestas. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dejado claro este lunes cual será el argumento de Esquerra para batirle: el déficit fiscal. Tras meses repitiendo desde la Generalitat y todos sus altavoces que Cataluña sufre un déficit fiscal de 22.000 millones de euros anuales, el Govern presentó apenas 24 horas después su propuesta de modelo financiación singular para Cataluña. Un modelo que este lunes ha defendido Aragonès en el Colegio de Economistas de Cataluña acusando a los socialistas de abogar por un "café aguado para todos" para "no molestar".

"No es el momento de pedazos o de discutir sobre lo que incomoda menos" advertía el president, consciente de que la mejora de la financiación autonómica es un argumento ganador ante las élites económicas catalanas. El mejor si quiere imponerse a Illa en este entorno, en el que la estabilidad que ofrece el socialista ha ganado enteros a lo largo de la última legislatura.

Aragonès ha defendido que reivindicar una mejor financiación para Cataluña debe formar parte de "la agenda compartida del conjunto de fuerzas políticas del país", y en este sentido ha emplazado al PSC a explicar su rechazo a que la Generalitat administre todos los impuestos.

Café aguado

Una idea que ha compartido el decano del Colegio de Economistas, Carles Puig de Travy, que se ha sumado a la denuncia de la "insuficiencia financiera crónica" que padece Cataluña y ha hecho un "llamamiento urgente" a que el Estado publique las balanzas fiscales.

"Algunos prefieren el café aguado y para todos para no molestar" al resto de autonomías o al Gobierno central, aunque aceptar "mejoras pequeñas es la mejor forma de que el país no avance". De hecho, la mejora de la financiación autonómica forma parte de los acuerdos tanto de ERC como de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Ambos partidos consignaron en sus acuerdos la negociación de una negociación bilateral en este terreno, extremo que niega ahora el Gobierno.

El ejecutivo catalán planteó la semana pasada un sistema de "financiación singular" para que Cataluña recaude y gestione la totalidad de los impuestos -en vez del actual 9%- para luego transferir una cantidad a negociar por los servicios que el Estado presta en la comunidad más otra para "contribuir a la equidad entre territorios".

Hacia el modelo vasco

Este lunes, Aragonès ha ido más allá, asumiendo lo que hasta ahora había negado la consejera de Economía, Natalia Mas: el objetivo de ERC no es otro que conseguir lo mismo que tienen el País Vasco y Navarra, "ni más ni menos": un modelo de financiación que debe nacer de "una relación bilateral" con el Estado.

Lo que el Govern plantea es "una soberanía fiscal plena" para Cataluña, es decir, "poder decidir sobre nuestros impuestos" y superar un modelo "injusto y arbitrario" que genera "una sensación de maltrato crónico" hacia las finanzas de la Generalitat, añadía el president.

Aragonès ha marcado distancias además con el fracaso de Artur Mas, que en 2012 se plantó en Madrid para exigir el concierto a un Gobierno de Mariano Rajoy entonces acuciado por la crisis financiera y la vigilancia de las autoridades europeas. Ahora, ha recordado Aragonès, el Gobierno central sí "está sentado en la mesa", dependiente de los 14 de votos de ERC y Junts. Entonces la mayoría absoluta permitió a Rajoy un no rotundo que, según el independentismo, fue el acelerante para el incendio del procés.

Fuerza negociadora

Esta vez Aragonès se ha mostrado convencido de la fuerza negociadora de los independentistas gracias a la configuración de fuerzas en el Congreso. Y ha ciado como ejemplos la quita parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el traspaso de Rodalies a la Generalitat o el traspaso de Ingreso Mínimo Vital a la administración catalana.

En este contexto, Aragonès ha rechazado la idea de que el procés haya sido una "década perdida" como argumentan todos los partidos no independentistas en Cataluña, con el PSC a la cabeza. Una idea, ha advertido, que no hace más que "alimentar el discurso de una supuesta decadencia" que interesa a territorios "competidores" de Cataluña y que supone "un mensaje de desconfianza que no se corresponde con la realidad y es un peaje añadido" para las empresas catalanas.