El Ayuntamiento de Madrid ha precintado este jueves el Teatro Barceló tras levantarse las medidas cautelares y a petición expresa del juzgado que instruye el caso, después de que la Agencia de Actividades (ADA) emitiera una orden de cese y precinto durante un año por exceso de aforo.

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Funcionarios municipales, acompañados por agentes de la Policía Municipal, han acudido al local en torno a las 10 horas para ejecutar la resolución. A las puertas del emblemático espacio de ocio, una decena de trabajadores ha expresado su malestar por una decisión que deja en incertidumbre su situación laboral.

Fuentes del Consistorio han explicado a Europa Press que se ha ordenado cumplir un primer precinto de seis meses y, posteriormente, un segundo por una infracción adicional relacionada también con el aforo, hasta completar el año de clausura.

"Choque de trenes" con el sector

Al lugar se han desplazado también representantes de la Plataforma por el Ocio, que ha confirmado que recurrirá la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sus portavoces admiten que desconocen si el Teatro Barceló podrá reabrir para las fiestas navideñas. El precinto, fechado este 27 de noviembre, advierte de que su incumplimiento podría derivar en responsabilidades penales o administrativas conforme a la legislación vigente.

El portavoz de la plataforma, Jesús Martínez, ha denunciado que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha traspasado “todas las líneas rojas” y ha anunciado la ruptura de las negociaciones con el Ayuntamiento. A su juicio, la medida “ataca y cuestiona la integridad y la profesionalidad” de los locales de ocio de la ciudad.

En la lectura de un comunicado, Martínez ha descrito la situación como un “choque de trenes” entre las empresas del sector y el área de Urbanismo, en un momento que considera especialmente favorable para la gastronomía, la vida nocturna y los espectáculos en Madrid. Ha calificado el conflicto de “sin precedentes” y ha reclamado una reflexión al Consistorio por aplicar “con absoluta ligereza” el régimen sancionador, con cierres que “suponen la pena de muerte” para algunos negocios y que, según sostiene, incumplen compromisos adquiridos durante el proceso de negociación.

¿Afecta a la sala But?

El portavoz ha defendido al Teatro Barceló como una empresa con más de 45 años de actividad, vinculada en sus inicios a la marca Pachá, y ha asegurado que durante este tiempo ha funcionado “sin ningún tipo de incidencia en materia de seguridad”. También ha cuestionado el rigor del trabajo técnico de la Agencia de Actividades y ha insistido en la existencia de un problema generalizado con los criterios de cálculo de aforos en los locales nocturnos.

El cierre del Barceló se produce tras “dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido”, según explicó en su día el delegado Borja Carabante. Las asociaciones del sector llevan tiempo reclamando una actualización de la normativa que regula los aforos y una revisión de los criterios técnicos aplicados a los establecimientos. El cierre no afecta a la sala But, situada en el mismo edificio.

La antigua Pachá, parte del emporio de Pedro Trapote

La propiedad del edificio del Teatro Barceló cambió en 2022, cuando el empresario Pedro Trapote vendió el inmueble a la sociedad Azurea Inicial por 24 millones de euros. Pese a la operación, Trapote se reservó una opción de recompra y firmó un contrato de arrendamiento a largo plazo, de modo que la explotación del espacio como sala de ocio nocturno permaneció bajo su gestión. Trapote es uno de los empresarios más conocidos de la hostelería y el ocio madrileños, con locales como Joy Eslava o la chocolatería San Ginés.

Esa dualidad –propiedad en manos de Azurea Inicial y gestión operativa a cargo del grupo de Trapote– ha marcado la etapa más reciente del Barceló, cuyo funcionamiento cotidiano no se vio alterado por la transacción. El precinto ordenado ahora por el Ayuntamiento afecta directamente a la actividad de la sala y se suma al debate que el sector mantiene con la Administración sobre los aforos y el régimen sancionador aplicado a los locales nocturnos.

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